Este jueves 17 de julio, a las 13 horas, ha tenido lugar frente la Ministerio de Justicia en Madrid una concentración de abogados y diversos colectivos en defensa del turno de oficio (asistencia jurídica gratuita que garantiza la misma para todo ciudadano). El ministro Gallardón está tratando de aprobar un proyecto de Ley que pone en tela de juicio este derecho que hasta el momento ha tenido cualquier persona que no contara con medios económicos suficientes.

En dicha concentración, se ha leído el siguiente Manifiesto:

Con motivo de la aprobación del  proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, las Asociaciones de Letrados que suscriben, queremos comunicar a la opinión pública la defensa del Turno de Oficio, servicio público prestado por 42.500 abogados los 365 días del año las 24 horas del día, nuestra expresa oposición a la totalidad del Proyecto de reforma del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Con el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita se ha perdido la oportunidad de modernizar y mejorar este servicio y de resolver los problemas de la actual regulación.

El proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita PERJUDICA AL CIUDADANO, al reducir el umbral económico de acceso a la justicia gratuita para las personas no integradas en una unidad familiar, al valorar la situación económica y patrimonial no sólo del interesado sino también de los integrantes de su unidad familiar, al establecer una presunción de abuso por parte de los que soliciten tres veces al año este derecho y al suprimir la obligación de residencia o establecimiento del abogado del turno de oficio en el lugar de asistencia al beneficiario del servicio, impidiendo una atención inmediata y cercana a éste.

El proyecto CREA DESIGUALDADES, al reconocer la justicia gratuita a algunos ciudadanos, colectivos y personas jurídicas, aunque cuenten con recursos suficientes para litigar, en contra del criterio general de capacidad económica del solicitante de este servicio, resultando discriminatorio y contrario a la propia esencia del art. 119 CE.

En contraposición con la extensión del beneficio a determinados colectivos a pesar de que pueden disponer de recursos suficientes para litigar, el proyecto NO INCLUYE LA GRATUIDAD DE DIVERSAS PRESTACIONES, como la asistencia letrada previa a proceso judicial en todo caso, la asistencia a los presos condenados, la designación de profesionales para la acusación particular, la exención de cauciones, depósitos y consignaciones ni la intervención de mediador, contador partidor, administrador judicial o concursal, intérprete o traductor, a pesar de que la intervención de dichos profesionales puede ser precisa durante la tramitación del proceso y sus costes muy probablemente tampoco podrá asumir el beneficiario de justicia gratuita.

Se observa que NO SE GARANTIZA LA FINANCIACIÓN PÚBLICA SUFICIENTE PARA MANTENER EL SISTEMA DE JUSTICIA GRATUITA. El proyecto de ley sigue vinculando las tasas judiciales a la justicia gratuita, a pesar de ser un hecho público y notorio la falta de destino de lo ya recaudado por éstas.

El proyecto NO RESPETA NI DIGNIFICA LA LABOR DE LOS ABOGADOS DE OFICIO, al no actualizar los baremos de retribución del servicio, acordes con el servicio público que garantiza el derecho de defensa de los ciudadanos. Niega el cobro de todas las actuaciones que lleve a cabo el letrado del Turno de Oficio, no garantiza que el  pago por la Administración sea puntual, y expresa un discurso vejatorio hacia el letrado del Turno de Oficio al que exige un control opuesto a su independencia como jurista.

Rechazamos el proyecto que BUROCRATIZA EN EXCESO EL SERVICIO GENERANDO COSTES INNECESARIOS, al mantener la duplicidad en la tramitación de los expedientes, dilatando el reconocimiento a la justicia gratuita; al requerir la ratificación del beneficiario y justificación del mantenimiento del derecho para recurrir; al prever la revisión periódica de la concesión del beneficio como mínimo cada cuatro años; al imponer a los Colegios funciones de archivo y custodia y, a los abogados, obligaciones informativas y de traslado de resoluciones, cuyo incumplimiento conlleva la imposición de sanciones desproporcionadas.

Las negociaciones existentes entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española para la reforma del proyecto deberían haber comenzado con la retirada del mismo, a fin de que ambas partes estuvieran en condiciones de igualdad y que dicha negociación pudiera llevar a un real consenso en su redacción y no a una mera cesión por nuestra parte. Asimismo, resulta exigible una mayor información y transparencia en dichas negociaciones, que consideramos no deberían alargarse sine die.

Por todo ello, en defensa de un TURNO DE OFICIO DIGNO, ACCESIBLE, CERCANO Y SIN RECORTES, mediante el presente acto queremos dejar constancia de nuestra rotunda oposición a dicho proyecto de ley y nuestra absoluta disconformidad con cualquier intento de recorte y de privatización en materia de justicia gratuita que garantiza un derecho fundamental establecido en la Constitución, como es el derecho de defensa y el acceso a la jurisdicción de todos los ciudadanos, contraviniéndose las previsiones de los artículos 14, 24.1 y 119 de la Constitución.

Y pedimos a la opinión pública que participe en los distintos actos e iniciativas que se van a programar y desarrollar por nuestros colectivos, como muestra de rechazo al mismo, esperando la máxima colaboración de todos, ciudadanos y profesionales, pues sólo entre todos podemos defender el acceso a la Justicia para todos.