El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que la legislación española en materia hipotecaria atenta contra los derechos fundamentales. En estos momentos en el Estado español, un propietario de una vivienda hipotecada, no tiene derecho a recurrir en segunda instancia a suspender una ejecución hipotecaria, ni un desahucio, sin embargo, el tribunal europeo, opina que este procedimiento contradice una directiva europea que obliga a los gobiernos a velar contra el uso de las cláusulas abusivas de las hipotecas.
En marzo de 2011, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), junto a otras entidades sociales y organizaciones sindicales, entraron a trámite en el Congreso de los Diputados el texto una la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), apoyada por 1.500.000 firmas de ciudadanos. Esta ILP proponia regular la dación de la vivienda en pago por la deuda de la hipoteca, con efectos retroactivos, la moratoria inmediata de los desahucios y la reconversión de las viviendas con hipotecas con deudas en alquiler social para las familias propietarias que asi lo deseasen. Estas medidas estaban destinadas a garantizar el derecho a la vivienda de las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias. Como respuesta a la ILP, en enero del 2013, el gobierno del Partido Popular aprobó en solitario una ley antidesahucios; la ley 1/2013, en teoría, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Las entidades que impulsaron la ILP estuvieron en desacuerdo con la ley del gobierno y recurrieron esta ley al tribunal de Luxemburgo, que ahora dictamina que dicha ley atenta a los derechos fundamentales según el derecho comunitario. Como se trata de un texto que modifica una ley procedimental, la de enjuiciamiento civil, ha de ser esta última la que el legislador modifique.
La PAH opina que esta sentencia obliga a la paralización de todos los desahucidos producidos por impago de la hipoteca y proponen que los jueces inicien los trámites para compensar a las personas que ya han sido desahuciadas incumpliendo la directiva europea. Según Rafa Mayoral, uno de los abogados de la plataforma, «La sentencia plantea que la ley española ha violado sistemáticamente los derechos humanos y deja en evidencia que el gobierno español ha legislado según el dictado de los bancos, pasando por encima de los ciudadanos y poniendo en peligro a las instituciones del país.”
Los bancos, conscientes de la posibilidad de que los ciudadanos desahuciados puedan recuperar su vivienda de manera retroactiva, están vendiendo sus parques de viviendas a fondos buitres internacionales a gran velocidad y con enormes descuentos.
Todos los partidos con representación en la Eurocámara (excepto el Partido Popular y Unión y Progreso democrático), convocados por Podemos, han firmado una carta dirigida al presidente del gobierno español en la cual le exigen que modifique inmediatamente la legislación.
