El Código Financiero que se debate en la Asamblea Nacional del Ecuador evitará que se repita una crisis económica y financiera como la de 1999, cuando el gobierno de Jamil Mahuad congeló las cuentas de ahorros de millones de ciudadanos, lo que derivó en la migración masiva de ecuatorianos a Europa y Estados Unidos.

Los 516 artículos que constan en el nuevo código prohíben expresamente la libre regulación de los mercados financieros, lo que históricamente ha provocado las peores crisis económicas en Ecuador y otros países de la región.

Por ejemplo, a finales de los siglos XIX e inicios del XX, la banca privada en Ecuador dominaba la economía gracias a la Ley de Monedas (1898) y la Ley de Bancos (1899). Las entidades financieras tenían capacidad para poner moneda en circulación y asumieron gran parte del rol del Estado en la economía como ofertantes de créditos para toda actividad productiva considerada como significativa. Entonces, los bancos imprimían papel moneda sin tener respaldo en oro, lo que fue determinante para que estallara la crisis del cacao.

El nuevo reglamento prohíbe a las entidades del sistema financiero nacional congelar o retener arbitrariamente fondos o depósitos, efectuar operaciones activas y contingentes con personas vinculadas o por sobre los cupos permitidos en este código.

El nuevo proyecto de Ley está centrado en dos líneas primordiales: seguridad financiera para los depositantes e incentivos para incrementar los créditos destinados al desarrollo.

Rivera, ministro Coordinador de la Política Económica, explicó que el sistema financiero tiene el 70% de sus créditos a corto plazo, lo que imposibilita el fomento de la producción. El código establece incentivos para direccionar los créditos a favor del aparato productivo y desincentivos para disminuir los créditos destinados a la importación de artículos de lujo, ejemplificó el principal de esta cartera de Estado.

“El Estado no pretende manejar la banca privada ni determinará a quien presta dinero. El Estado generará normativa para recuperar la soberanía monetaria haciendo política pública”, señaló.

La crisis de 1990 en la región

La crisis económica y financiera de 1990 significó la adopción de una serie de medidas que favorecían a los banqueros no solo en Ecuador sino en varios países de la región.

La crisis financiera en el país andino se fue gestando desde 1981 cuando el Estado implementó un programa de intercambio interno de la deuda externa para rescatar al sistema bancario. En 1994, el Banco de los Andes, con una cuota de mercado del 6% de los depósitos, fue intervenido y absorbido por otro banco privado.

Entre 1995 y 1997 las autoridades intervinieron varias instituciones financieras pequeñas, además 30 sociedades financieras y siete bancos recibieron apoyo de liquidez. A principios de 1996, el quinto mayor banco comercial fue intervenido.

En 1998 y 1999, 60% del sistema bancario fue arbitrado y siete instituciones financieras, que representan alrededor del 30% de los activos de la banca comercial se cerraron. Para marzo de 1999, los depósitos bancarios fueron congelados, y en enero de 2000, 16 instituciones financieras, que representan el 65% de los activos se cerraron o pasaron a manos del Estado.

En Argentina el declive bancario de 2001 impuso a los ciudadanos la crisis económica ocasionada por el cierre de los bancos después de que en 1996 once bancos colapsaran o fueran suspendidos. El gobierno de esa entonces liderado por Carlos Menem impuso restricciones a los ciudadanos para salvar a la banca.

En Uruguay y Venezuela los gobiernos asumieron la recapitalización de los bancos y evitaron así que la crisis financiera recayera en los ciudadanos. En Uruguay se cerraron 4 bancos en tanto que en Venezuela las autoridades intervinieron 47 bancos.

La crisis financiera en Brasil obligó al gobierno a convertir los depósitos de los ciudadanos en bonos. Hacia 1994, 17 bancos pequeños fueron liquidados, tres bancos privados intervenidos y 43 instituciones financieras pasaron a la vigilancia del Banco Central de Brasil.

En octubre de 1987 el Banco Central de Bolivia liquidó dos bancos privados y siete más reportaron grandes pérdidas.