Para ampliar las perspectivas en torno al paquete de enmiendas presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional y en este momento en manos de la Corte Constitucional, Pressenza entrevistó a Rosana Alvarado, Asambleísta de Alianza País, el partido de gobierno.Rosana es asambleísta electa por la Provincia del Azuay, fue también Asambleísta Constituyente. Fue parte de la Comisión de Biodiversidad y la Comisión de Justicia. Actualmente es vocal de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional y Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional.
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Pressenza (P): Un punto que aparece en el escenario de este debate, en primera instancia, es si todo lo que se está proponiendo son enmiendas o si hay más que enmiendas a la Constitución ¿Cuál es la perspectiva de Alianza País?
Rosana Alvarado (RA): Desde la perspectiva de Alianza País hemos planteado un bloque de enmiendas. Pero más allá de cuál sea el razonamiento de nosotros, como movimiento político que promueve estos cambios, está la Corte Constitucional como la única encargada de definir de qué estamos hablando, de acuerdo al procedimiento, establecido por la propia Constitución.
Se nos ha reclama que nosotros dijimos que la Constitución duraría 300 años y que ya la queremos cambiar. La duración de la Constitución no la hace ni buena ni mala. Con ese tipo de argumentos tendríamos que quedarnos con la Constitución del 45, que era buena para la época pero probablemente caduca para este momento.
La Constitución tiene que ajustarse. Cuando estuvimos bajo el espíritu de la Asamblea Constituyente, cargado de emoción, de recuperación del país, representándonos no a nosotros mismos, ni a la Provincia, sino representando décadas de lucha, estuvieron presentes todas las luchas, las de los obreros, los campesinos, los indígenas, los estudiantes, las mujeres. Escribimos esa Constitución cargada de todos los sueños y anhelos de todos los sectores del país, matizados con lo real, claro está.
Recuerdo bien la discusión sobre la reelección. Cuando estábamos por aprobar la Constitución teníamos que revisar todos los temas que habíamos dejado para reconsiderar antes de la votación final.
Allí, asesores jurídico expertos nos plantearon lo siguiente: si alguien inicia su carrera política a los 20 años y va por una reelección, a los 28 años queda “jubilado”. Nos preguntaron si estábamos seguros de querer eso. A pesar de la fuerza del argumento, dijimos que sí, porque se había discutido largamente en la mesa y porque para nosotros era evidente en aquel momento la necesidad de nuevos líderes. Tal vez hubo mucha ilusión en ello y resulta que ahora, en este momento, muchas autoridades reelectas, están “jubiladas”, por decirlo gráficamente. En este momento no pueden ya postularse muchísimos concejales, asambleístas, etc. que, aunque tengan respaldo, están ya en su segundo período.
La Corte definirá si estos cambios se pueden hacer a través de enmiendas. La Constitución establece que esto lo discute y lo decide en la Corte Constitucional. Nosotros elaboramos este listado de enmiendas porque creemos que la Constitución tiene que sintonizarse con las necesidades políticas de los pueblos porque la Constitución es un instrumento político y no es neutro, está cargado de ideología.
Si tu me dices que esto es para continuar te digo sí, es porque queremos que continúe este proceso. Queremos presentarnos y a ver si la gente dice sí, o dice no, porque tal vez nos diga no. Pero para cualquiera de las dos posibilidades necesitamos una resolución de la Corte Constitucional. Si la Corte lo califica como enmienda, la Asamblea Nacional lo tiene que debatir, con un año y un mes entre el primero y el segundo debate.
Y también la Corte y solamente la Corte, no la prensa, ni los expresidentes, ni nadie más, dirá si se trata de una reforma. En ese caso, solo podría hacerse a través de un referéndum. Esperaremos ese dictamen y veremos cuál será entonces el procedimiento a seguir.
P: El debate sobre reelección no está centrado en las autoridades en general sino en la figura del Presidente Correa ¿por qué?
RA: Porque tenemos diferentes varas para medirnos. Hay poca franqueza en los líderes políticos. ¿Por qué no hablamos de Jaime Nebot?. Con este cambio el principal beneficiario vuelve a ser Nebot.
La diferencia, si se da el cambio, es que entonces todos podremos ser reelectos. Para que Correa sea candidato necesitamos una enmienda, pero para que Correa sea presidente, necesitamos miles y miles de votos. Allí hay un argumento muy fuerte frente a aquellos que afirman que estamos anulando la democracia, regalando de manera vitalicia el poder.
Se ha levantado una confusa discusión. Podría aparecer que estamos anulando hasta las elecciones y no es así. Te puedes presentar y someterte a la voluntad del pueblo. Y este pueblo ecuatoriano es levantisco, rebelde, reacciona, no se deja y comprende políticamente cada momento. Tenemos en Alianza País muchos líderes comprometidos, en vínculo con la gente pero, a estas características tienes que agregarle algo fundamental: que tengan la posibilidad de ganar.
En un contexto internacional adverso y dejándonos de ingenuidades, es claro que hay una campaña internacional contra algunos gobiernos, adentro y afuera. Esas circunstancias ya no dependen de nosotros, son condiciones adversas. En esas circunstancias nuestra papeleta debe tener la figura de un ganador o una ganadora y si esa figura es la de Rafael Correa, vamos a apostar por ella.
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P: Hay otros dos temas o tres temas que llaman la atención y también están en el debate. Uno de ellos es el rol del ejército. ¿Cuál es la explicación? ¿No es riesgoso?
RA: Hay antecedentes que deben recordarse y tomarse en cuenta. Un ejército está asociado a dictadura, atrocidades, prepotencia, abusos, humillaciones. En nuestra Sudamérica además con desaparecidos, muerte, violaciones. Pero el caso ecuatoriano no puede ser comparado con lo que vivió Argentina, Uruguay o Chile. Claro que hay que tomar previsiones.
Por otra parte, es necesario hacer un debate más actual. Primero, con qué están compitiendo los Estados en temas de seguridad. Ya no es una delincuencia común, es organizada, con financiamiento, con apoyo internacional porque trabajan en red. En ese contexto es necesario analizar hasta dónde está llegando la policía, cuál es su alcance y entonces identificar de qué manera el ejército puede complementar. Además, hay procedimientos y medidas previas: en qué condiciones y para qué puede actuar el ejército. Esto ya está de hecho en una ley y está vigente.
Segundo, contamos con un Estado que le ha dado recursos a la Defensoría del Pueblo, que creó el Ministerio de Justicia, que invierte en la capacitación permanente de la policía, dotación, recursos, tienes entonces otras condiciones con las que puedes contrarrestar lo que pueda suceder.
Todas las decisiones, resoluciones, determinaciones traen consigo riesgos, son los riesgos propios de la democracia. Solo una dictadura no los tiene, porque tira al blanco. Una democracia siempre los tiene, pero una democracia se transforma, responde, resuelve, se equivoca también. Yo considero que dadas las condiciones y recursos del Estado ecuatoriano y también el contexto que estamos viviendo y la situación en otros países, el tema de la acción de los militares no puede estar circunscrito a las zonas de frontera. Hay situaciones que requieren la acción del ejército fuera de la zona de frontera.
Es necesario reflexionar. No es sencillo, no es automático, pero dadas las circunstancias externas e internas, tanto en el país como en las Fuerzas Armadas, sí estamos en condiciones de pedir que ellos colaboren de manera complementaria. Hay antecedentes en otros países, hay riesgos es cierto y no los estamos evadiendo. Es una apuesta pero consideramos que es necesario.
P: Vamos a la segunda preocupación: el cambio de figura de los trabajadores del sector público a servidores públicos
RA: Este cambio es para los que se incorporarán al servicio público. No puede ir en contra de lo que son ya derechos ganados de los trabajadores. En este momento, si entras al servicio público, te rige la Ley Orgánica de Servicio Público; si eres trabajador, te mantienes en el servicio público pero bajo el Código del Trabajo. En el segundo caso, más garantías, derechos protegidos de manera diferente.
Si la Corte Constitucional, que es la institución de la democracia, la que fija los límites, indica que allí hay algo que pueda significar de lejos menoscabo de derechos, ya no podría ser una enmienda.
Ahora bien, esta doble forma de proteger los derechos de los trabajadores del servicio público, podría ser discriminatoria. La Ley Orgánica del Servicio Público sí ha ordenado al país y al servicio público del país, porque los abusos también han provenido de quienes marcharon y lucharon por todo el país, pero también por sus propios intereses, también lograron su “pontificado”. Yo comprendo la necesidad de la enmienda, pero la Corte ponderará de qué estamos hablando y establecerá los límites. Acataremos lo que diga la Corte.
P: ¿Esta misma reflexión podría ser útil para explicar la cuestión de las garantías, las acciones de protección?
RA: Si. Cuando en la Asamblea Constituyente peleamos por la incorporación de los mecanismos y acciones de protección, también estábamos advertidos de la exigencia que esto iba a significar para el Estado. Necesitábamos una justicia independiente de los partidos políticos y también de los poderes fácticos. Ni la justicia ni nosotros, los legisladores, podemos ser representantes de poderes fácticos. Yo he utilizado la acción extraordinaria de protección para defendernos como Estado de unas demandas millonarias a favor de grandes empresas, con gran poder económico, que las utilizaron presionando a los jueces de pequeños cantones. Es necesario establecer algunos requisitos para que las acciones de protección jueguen.
P: ¿En cuánto tiempo se espera la sentencia de la Corte Constitucional?
RA: Seguramente en agosto tendremos ya la resolución. Allí tendremos que planificar lo que sigue y qué corresponde debatir en la Asamblea. Recordemos que entre el primer debate y el segundo hay un poco más de un año y esto es importante porque es un tiempo para reflexionar, para ponderar, debatir dentro de la Asamblea y con la ciudadanía; tiempo para contrastar y ponderar las consecuencias más a largo plazo.
