Los partidarios del modelo vigente han logrado frenar la ofensiva de los que quieren cambiarlo. Éstos mantienen la iniciativa y han venido desplegado una ofensiva bastante amplia y profunda, pero ésta ha sufrido un traspié importante, en el frente principal. Ese parece ser el significado político del «acuerdo histórico» que el Ministerio de Hacienda ha concedido en la comisión respectiva del Senado. Parece oportuno detenerse un momento a evaluar las causas de lo ocurrido y efectuar las correcciones necesarias, para conducir a buen puerto la ineludible continuación de la ofensiva por las reformas que el país requiere y demanda.

En primer lugar hay que constatar que la batalla por la reforma tributaria no ha terminado. El «acuerdo histórico» del Senado es pésimo y debería ser rechazado por la Cámara de Diputados.
Deja en pie la esencia del FUT, al mantener casi dos tercios de las utilidades en el esquema de «tributación integrada», bajo el cual los impuestos de primera categoría que pagan las empresas sólo son anticipos de lo que deberían pagar sus dueños, que nunca lo hacen porque estas utilidades no las retirarán jamás.
El tercio restante de las utilidades que quedarían como tributación a firme de las empresas mismas, equivale a una tasa corporativa de apenas 9 por ciento (un tercio del 27 por ciento que se acordó para el impuesto de primera categoría), una de las más bajas del mundo.
Adicionalmente, el «acuerdo histórico» redujo la tasa máxima que pagan las personas a 35 por ciento, desde 40 por ciento en la actualidad; en los años 1990 dicha tasa máxima era de 50 por ciento, como en la mayoría de los países desarrollados.
Como si lo anterior fuera poco, el «acuerdo histórico» amplió aún más los boquetes tributarios a través de los cuales las personas de altos ingresos han venido haciendo malabares que terminan en enormes devoluciones de los impuestos anticipados por sus empresas. Destacados economistas como Andrea Repetto y Eduardo Engel, entre muchos otros, han advertido que a consecuencia de esto, la elusión se va a incrementar todavía más.
Como resultado, la tasa efectiva que terminan pagando hoy las personas de altos ingresos no anda ni cerca del 20 por ciento que anticipan sus empresas y para que decir del 40 por ciento que les correspondería según la legislación actual. Según los cálculos del diario El Mercurio, la tasa efectiva que pagan hoy las personas que ganan entre seis y doce millones de pesos mensuales es cero coma siete por ciento, y los que ganan más de 12 millones terminan pagando nueve coma dos por ciento, al utilizar todos estos boquetes de elusión.
Todo eso queda «igual que ahora» como cándidamente ha declarado uno de los principales gestores del «acuerdo», el tributarista Bernardo Fontaine.
Este «acuerdo histórico» puede y debe ser rechazado en el siguiente trámite parlamentario, para que sea luego mejorado en Comisión Mixta de ambas cámaras. Los diputados parecen en disposición a hacerlo, dada la inconfortable posición en que los ha colocado el Gobierno, que no acogió ninguna modificación al proyecto en el primer trámite legislativo, para luego conceder todo en el Senado. Si los diputados se ponen firmes y la Nueva Mayoría hace valer allí su peso, el resultado final de esta batalla puede no ser tan malo. Ojalá que lo hagan.
Por otro lado, hay que conceder en beneficio de los que negociaron el «acuerdo», que la resistencia desplegada por la derecha en contra de la reforma fue feroz. Concentraron todos sus fuegos,  que no son pocos, para frenarla en el Senado, sabedores que la Nueva Mayoría presenta allí su flanco más débil.
Sin embargo, la verdad es que la derecha y el empresariado no cuentan hoy con la fuerza política suficiente para frenar las reformas indispensables. Se equivocan medio a medio los que sacan cuentas alegres tras el parelé que lograron propinar en el Senado a la reforma tributaria.
Por estridentes que sean sus pataletas en los medios y perseverantes sus lobbystas y grupos de presión, los que llegan a todos lados, sólo pueden oponerse a las reformas, sin tener otra alternativa que dejar las cosas como están.
No tienen solución para los agobiantes problemas de que hoy afectan a la sociedad y la economía, los que son el resultado directo de la crisis del modelo extremista que pretendieron imponer a la fuerza en todos los ámbitos. Esa es su principal debilidad.
La correlación general de fuerzas no sólo es favorable a las reformas y lo sigue siendo aún después del «acuerdo histórico», sino que se hará todavía más favorable, a medida que el gran ciclo de participación política de la ciudadanía que viene cursando desde hace algunos años, continúe necesariamente su curso ascendente. En los hechos, la movilización ciudadana seguirá creciendo –a enviones sucesivos, como siempre ocurre–, hasta que logre sus objetivos principales, de lo cual estamos muy lejos todavía y peor aún después de lo ocurrido.
Por esta razón, hay que evaluar críticamente la conducción de la ofensiva gubernamental que se ha frenado en el Senado. El proyecto de reforma tributaria presentaba debilidades evidentes, por la negativa del Ministerio de Hacienda de enfrentar el verdadero corazón de la elusión, que no es otro que el esquema de tributación «integrado». Éste significa que las empresas en Chile no tributan, sólo anticipan impuestos de sus dueños. El FUT, o como se llame el registro de utilidades que no han tributado, es una consecuencia necesaria del esquema integrado. La pretensión de obligar a tributar de inmediato por la totalidad de utilidades devengadas generó un esquema que presentaba evidentes problemas por varios flancos.
En los hechos, el «acuerdo histórico» reconoce esta debilidad y abre tímidamente la puerta para terminar con el sistema «integrado». El principal problema que tiene el «acuerdo» es que mantiene dos tercios de las utilidades bajo dicho esquema, que continuará siendo la fuente principal de elusión por mucho que se esfuercen en tapar boquetes, lo que también hay que hacer.
Esta debilidad, que es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Hacienda, ayudó a descarrilar la reforma cuando enfrentó artillería pesada en el desfiladero más desguarnecido para la Nueva Mayoría. Sin embargo, la responsabilidad de los senadores que propiciaron el «acuerdo» fue asimismo decisiva. Eran ellos y no los tecnócratas de Hacienda, los que deberían haber advertido las consecuencias más generales que tiene el haber cedido al «parelé» de la Derecha.
Así lo entendieron en cambio los diputados, que estaban tan conscientes como los senadores de las debilidades del proyecto, pero lo aprobaron igual, sabedores de las consecuencias políticas de no haberlo hecho.
Ciertamente, los asuntos técnicos son siempre secundarios y se podrían haber corregido en la implementación de la ley y sus reglamentos. La amenaza de inconstitucionalidad era en buena medida un bluf, puesto que hubiese conducido al país directamente a la discusión constitucional, cuestión que la Derecha habría ponderado cuidadosamente antes de lanzarse por ese derrotero.
En conclusión de todo lo anterior, lo primero que parecería bueno considerar por parte de la Nueva Mayoría es rechazar el «acuerdo histórico» en la Cámara de Diputados y mejorarlo en Comisión Mixta. En segundo lugar, apenas pase este mal rato, no parece una mala idea que se considere reemplazar a los principales responsables de este papelón, que son el Ministro y Subsecretario de Hacienda. Es lo que usualmente se hace con los generales cuyos errores empantanan una ofensiva.
Lo más importante de todo, sin embargo, es medir fuerzas con la cabeza fría y no aflojar en la conducción de las reformas que el país necesita y la ciudadanía demanda y seguirá exigiendo con fuerza creciente.
Hay que recordar que el gobierno será sobrepasado si no conduce este proceso y ese es el peor escenario de todos, para todos.