Por Marcela Belchior.-
Representantes de movimientos sociales y de otros sectores de la sociedad civil exigen una mayor participación en los ámbitos de decisión de la actividad minera en Chile. Para ello, requieren más protección del medio ambiente y un nuevo tratamiento tributario para la actividad minera e inclusive un nuevo acuerdo de propiedad que permita una mayor recaudación tributaria.
En un documento titulado «Chile, ¿un país minero? Tres prioridades para la transformación”, firmado por los grupos Chile Sustentable, Observatorio Ciudadano y Consejo de Pueblos Atacameños, las organizaciones señalan que el país vive hoy una crisis en el sector, producto de una intrínseca insustentabilidad del modelo extractivista minero. Las causas, según ellos, radican en factores naturales, ambientales, sociales y políticos.
«Uno de los aspectos más críticos del modelo de desarrollo minero vigente es el deterioro ambiental, que trae consigo, con la consiguiente disminución de la calidad de vida de las comunidades locales, la monopolización de la vocación productiva de los territorios y la violación de derechos de los pueblos indígenas de preservar la integridad ambiental de sus territorios y sistemas de vida”, se destaca en el documento, pidiendo medidas inmediatas para contener esos efectos.
Para superar este momento, los movimientos sugieren un nuevo modelo para la actividad minera, que debe fundarse en el trípode inteligencia/dinámica, sustentabilidad, solidaridad. «Desnaturalizar este modelo extractivista y abrirlo al debate público. Hasta ahora, la idea de Chile como ‘país minero’, reforzada por el entusiasmo asociado al boom de precios, ha contribuido a presentar este modelo de desarrollo como el único y necesario camino de Chile para el desarrollo”, se afirma.
Sobre la política de minería chilena, las organizaciones reconocen que el actual modelo ha sido el pilar de un impresionante aumento del Producto Interno Bruto (PIB) del país en los últimos años, pero evalúan que esto no es capaz de sustentar el desarrollo del país en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de la población.
«Insistir en su aplicación constituye una irresponsabilidad, pues niega el acceso de las futuras generaciones a una vida digna y las condena al subdesarrollo, degrada progresivamente el medio ambiente, afectando especialmente a las comunidades locales e indígenas, que además se ven marginadas de la bonanza actual”, se señala en el documento.
Para que esta transición se haga efectiva, las organizaciones defienden un nuevo marco regulatorio que facilite la contención de los efectos socioambientales destructivos, la generación de bienestar y capital de reposición en las regiones de donde se extraen recursos minerales, además de otorgar legitimidad democrática al nuevo modelo.
«Para esto, es necesario adoptar una serie de medidas que van desde el modo en que opera el sistema tributario hasta los derechos políticos de los pueblos indígenas, que caracterizamos como un modelo de desarrollo minero inteligente, dinámico, sustentable y solidario”, se agrega. La nueva dinámica tendría como objetivos principales fortalecer una industria minera capaz de competir en el mercado global y regional de proveedores tecnológicos y generar un modelo de colaboración entre los actores del sector.
