Por Julio Godoy

Seis años después del inicio de la crisis financiera global, los países de la Unión Europea (UE) siguen protegiendo a sus bancos y sus fondos de inversión, pese a la abundante cantidad de pruebas de que incurrieron en actividades ilícitas o directamente delictivas, y a la nueva acumulación de enormes riesgos financieros.

El último de los escándalos protagonizados por el sector bancario fue en mayo, cuando se anunció que por lo menos siete bancos, o sucursales con sede en Europa, se complotaron en un cartel para fijar de forma artificial la tasa euríbor (acrónimo inglés de European Interbank Offered Rate), tasa europea de oferta interbancaria, que rige millones de hipotecas y productos financieros.

El euríbor es un índice de referencia diario que desde 1999 publica la Federación Bancaria Europea y que marca el tipo de interés promedio al que las entidades financieras se prestan dinero en el mercado interbancario del euro a diferentes plazos, desde un día a un año.

“A la Comisión Europea le preocupa que tres bancos puedan haber participado en un esquema conspirativo con el fin de distorsionar el curso natural de la cotización de los productos derivados del euríbor”, asegura un comunicado del 22 de mayo divulgado por ese órgano ejecutivo de la Unión Europea.

Los tres bancos involucrados son JPMorgan Chase, HSBC y Crédit Agricole. Otros cuatro (Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland y Société Générale), también acusados de falta grave en relación al euríbor, llegaron a un acuerdo con los organismos reguladores.

Debido a este tipo de prácticas, los gerentes bancarios se ganaron desde 2009 el apodo de “banksters”, un juego de palabras entre banker (banquero, en inglés) y gánster, acuñado en 1937, durante el peor momento de la crisis económica.

La lista de medidas adoptadas por los gobiernos del bloque para evitar imponer nuevas reglas al sector es larga. El año pasado, París logró que los bancos franceses pagaran al fondo de garantía de depósitos, creado por la UE, una contribución menor al promedio regional.

“Para ello, Francia contó con el apoyo del francés Michel Barnier, comisario europeo de servicios y mercados internos”, explicó Burkhard Balz, europarlamentario alemán que pertenece a la conservadora Unión Demócrata Cristiana.

“Desde hace seis años vemos el mismo tipo de comportamiento cuando se trata de regular el sector financiero”, precisó Udo Bullmann, europarlamentario del Partido Socialdemócrata de Alemania.

Funciona así: “Primero, la Comisión Europea presenta una tímida propuesta de regulación. El Parlamento Europeo la toma y endurece su contenido. Luego intervienen los gobiernos y la diluyen suavizando aun más el proyecto inicial”, detalló.

“La UE es, sí, una comunidad de estados, pero en definitiva los países miembros compiten entre sí en vez de cooperar para promover la regulación del mercado financiero”, indicó Joost Mulder, de la organización Finance Watch, creada en 2011 para hacer contrapeso al poderoso lobby financiero.

“Cada país quiere proteger sus bancos y sus fondos de inversión”, subrayó Mulder.

En septiembre del año pasado, Finance Watch publicó un informe sobre la proyectada unión bancaria y la reforma del sector en la UE y concluyó que: “pese a sus intenciones, no logrará que los ciudadanos europeos carguen con el peso de la quiebra de los bancos en caso de una crisis sistémica a menos que hayan reformas estructurales significativas de los grandes bancos europeos”.

La unión bancaria, que debería comenzar a funcionar en noviembre, se propone crear una red de seguridad para minimizar el riesgo de que los contribuyentes sigan asumiendo el costo de más rescates bancarios.

Se crearía una nueva autoridad europea, el llamado Mecanismo de Resolución Única (MRU), con el poder de disolver o reestructurar los bancos quebrados.

Según Finance Watch, “el MRU tiene buenos objetivos, a saber, permitir la ordenada reestructuración de los bancos en los países miembro participantes y debilitar las interdependencias entre instituciones financieras y sus soberanos”.

Pero la organización no ve “cómo se podrán cumplir esos objetivos sin reducir los incentivos de regulación que favorecen a la deuda soberana y sin una reforma estructural de las actividades bancarias para que sea creíble la reestructura bancaria”.

Según el Fondo Monetario Internacional, tras la crisis financiera de 2008, los países industrializados destinaron 1,75 billones de dólares para salvar a los bancos en crisis. Esta suma equivale a un año de salario de más de 42 millones de personas que ganan el sueldo neto promedio alemán de unos 33.840 dólares al año.

El rescate debilitó a muchos países europeos, en particular Grecia, España, Irlanda y Portugal, y disparó, entre otros problemas, la actual crisis de deuda soberana con su costo social y humano.

Otro ejemplo típico de la falta de voluntad de los gobiernos europeos para regular el sector es el infructuoso debate sobre gravar las transacciones financieras, una iniciativa que se conoce como tasa Tobin, que lleva el nombre de su impulsor, el premio Nobel de economía en 1972, James Tobin.

En septiembre de 2011, la Comisión Europea propuso implementar el impuesto en los 27 estados miembro de la UE para 2014. La propuesta era aplicar el gravamen a las transacciones financieras entre instituciones cobrando 0,1 por ciento contra el canje de acciones y bonos y 0,01 por ciento a los contratos derivados.

Según estimaciones iniciales de la Comisión, la tasa permitiría recaudar unos 57.000 millones de euros al año. Pero este mes, es decir casi tres años después de ser propuesta, solo 11 países de la UE estaban listos para aplicarla. Además, hay grandes desacuerdos entre ellos sobre qué transacciones gravar y qué porcentaje aplicar.

El europarlamentario Sven Giegold, del Partido Verde alemán y especialista en finanzas internacionales, incluso llegó a decir: “Francia, supuestamente un gran partidario de la tasa Tobin, en realidad la mató”.

En mayo, durante las negociaciones en el Consejo Europeo, el gobierno francés se opuso a aumentar la tasa Tobin a la mayoría de los derivados financieros y a los bonos estatales. Según Giegold, “Francia, obviamente, teme que si se gravan, los bancos ya no querrán comprar bonos”.

Ante tales objeciones, Giegold se quejó, “la tasa original a las transacciones financieras se devaluó hasta dejarla en un impuesto inútil que solo pagarán unos pequeños ahorradores”.

Una nueva forma de evitar la regulación de los mercados financieros en Europa es integrarlos a proyectos vinculantes regionales como la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI), que actualmente negocia la UE con el gobierno de Estados Unidos.

Pero Finance Watch sostiene que “no hay pruebas de que vayan a incluirse servicios financieros en la ATCI”.

“Nos preocupa que el enfoque de la UE respecto de la cooperación en materia de regulación (dentro de las negociaciones de la ATCI vinculadas a los mercados financieros) aliente la convergencia hacia estándares comunes bajos, en vez de altos”, observó Thierry Philipponnant, secretario de Finance Watch, en una audiencia del Parlamento Europeo.

Según él, “es difícil ver cómo la inclusión de los servicios financieros en las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la UE y Estados Unidos, y en especial las partes sobre la cooperación para la reglamentación, no lleve a otra cosa que no sea una carrera descendente en materia de regulación de servicios financieros”.