Por Miriam Gathigah
Daniel Njau, un pequeño agricultor del condado de Nyeri, en el centro de Kenia, está consternado ante la posibilidad de tener que sustituir su plantación de té por otros cultivos alimentarios más resistentes a las variaciones climáticas.
“El té es muy sensible a los cambios del clima. Cualquier variación drástica significa la perdición para el cultivo comercial. En los últimos años tuve más pérdidas que ganancias”, explicó el propietario de seis hectáreas a IPS.
Pero las estadísticas del Ministerio de Agricultura muestran que Njau es solo uno de los aproximadamente 500.000 pequeños productores de té cuyos medios de vida se enfrentan a la incertidumbre por el cambio de los patrones climáticos en este país de África oriental de 44 millones de habitantes.
La comunidad científica sostiene que el cambio climático que perjudica a la agricultura se debe al recalentamiento mundial, producido en gran parte por la emisión de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono.
Especialistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también advirtieron que, a medida que las zonas de plantación del maíz se vuelven más cálidas, la producción del cereal –el cultivo básico de Kenia- se reducirá 20 por ciento y el rendimiento de otros alimentos esenciales, como los frijoles, se desplomará un 68 por ciento.
Esta situación afecta al menos a 300.000 productores de maíz, según datos del Ministerio de Agricultura.
Los expertos culpan de la baja capacidad de adaptación a los vaivenes del clima a la ausencia de una política nacional y de una ley sobre el cambio climático en Kenia.
Con respecto a la política sobre el cambio climático, el marco jurídico de Kenia está fragmentado, ya que cada sector tiene su propia legislación. El entonces presidente Mwai Kibaki rechazó en 2013 un proyecto de ley marco, conocido como Autoridad de Cambio Climático, presentado en 2012.
Pero la vicepresidenta de la Asamblea Nacional legislativa, Joyce Laboso, declaró a IPS que si bien esa iniciativa fue rechazada por falta de participación pública en su discusión, “el nuevo proyecto de ley de Cambio Climático 2014 conquistó una significativa buena voluntad política”.
El proyecto de ley de 2014 proporcionará un marco jurídico e institucional para la mitigación del cambio climático y los esfuerzos de adaptación al mismo.
Una vez que se convierta en ley la norma también asesorará al gobierno nacional y a los condados acerca de los convenios regionales e internacionales sobre cambio climático que involucran a Kenia. Asimismo, facilitará la aplicación de estos instrumentos.
John Kioli, el redactor del malogrado proyecto de ley de 2012 y presidente del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático de Kenia, opinó que esa iniciativa legislativa “resucitó” en el nuevo proyecto de 2014.
Laboso explicó que el proyecto de ley de 2014 se presentó ante los legisladores en enero, “ya pasó por su primera lectura y ahora se encuentra en un comité a la espera de su segunda lectura”.
Kioli señaló que “la asignación de fondos para el cambio climático es un gran desafío”.
Explicó que de haberse aprobado el proyecto de ley de 2012 se habría instituido una autoridad del cambio climático independiente, con facultades legales de autorregulación, así como un fondo fiduciario que financiara los proyectos de adaptación.
La iniciativa legislativa de 2014 establecerá un fondo para el cambio climático que facilitará los esfuerzos de mitigación y adaptación al mismo.
El gobierno calcula que el quinquenal Plan de Acción Nacional para el Cambio Climático exigirá una inversión de unos 12.760 millones de dólares. Esto equivale al presupuesto fiscal correspondiente al año 2013-2014. El plan de acción es un modelo sobre cómo aplicar la Estrategia Nacional de Respuesta al Cambio Climático (NCCRS, por sus siglas en inglés).
Kioli aseguró que el país se dirige en el rumbo correcto en lo que concierne a la legislación. No obstante, abundan los problemas, sobre todo con respecto a “la falta de comprensión de la diferencia entre medio ambiente y cambio climático.”
El político señaló que esto quedó en evidencia cuando algunos sectores pidieron la modificación de la ley de Medio Ambiente, Gestión y Coordinación (1999) para que actuara como una solución al cambio climático.
“Realizamos investigaciones sobre los efectos del cambio climático en diversos sectores, como la agricultura, y la conclusión es existen lagunas legislativas importantes”, agregó.
Kioli afirmó que el primer compromiso tangible del país con el combate contra el cambio climático fue la promulgación en diciembre de 2009 de la NCCRS, lo que garantizará que se adopten medidas firmes en ese sentido.
Pero expertos advierten que la NCCRS, aunque importante, es solo un plan de acción y no una política nacional ni una ley.
Aunque una política de estado no es aprobada por la Asamblea Nacional y, por lo tanto, no es jurídicamente vinculante, es un marco importante implementado a través de una ley. Además, el Plan Nacional de Acción contra el Cambio Climático destacó la necesidad de contar con una política y una legislación específicas.
Entre tanto, Laboso informó que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Ambiente, Agua y Recursos Naturales mantuvieron reuniones con diversas partes interesadas, incluidos los senadores y legisladores de los condados, para allanar las cuestiones polémicas y realizar modificaciones pertinentes al proyecto de ley de cambio climático de 2014.
“Las modificaciones se presentarán en el parlamento en un informe, junto con el proyecto de ley para su debate una vez que la legislatura retome sus funciones tras el asueto” de junio, explicó. “El ritmo de trabajo es bueno ya que tanto la política nacional en materia de cambio climático y el proyecto de ley de 2014 se desarrollan a la par”, indicó Laboso.