Entre 150.000 y 250.000 personas han sido desalojadas de sus viviendas por motivos directamente relacionados con el Mundial de fútbol.

Los Comités Populares da Copa luchan por los derechos humanos de los periferias y de los más desfavorecidos en las doce ciudades que albergan el Mundial.

El lavado de cara de los barrios también está afectando a la clase media y a los centros urbanos.

Por Bernardo Gutiérrez @bernardosampa para Desalambre

Cuando el Ayuntamiento de Río de Janeiro llegó para demoler la casa de Elisângela en el morro (favela) de Pavão-Pavãozinho ella no estaba allí. Su hija de 17 años abrió la puerta y escuchó que el inmueble sería derrumbado en aquel momento. En pánico, la chica avisó a su madre por teléfono: “Hay varios hombres del Ayuntamiento en la puerta diciendo que van a derrumbar nuestra casa».

El inicio del reportaje sobre la historia de Elisângela, publicado por la agencia brasileña independiente Pública, pasó casi desapercibido cuando fue publicado, a mediados de 2012. Sin embargo, su contenido era absolutamente de lo que iría a ocurrir con miles de familias brasileñas durante los próximos años. Elisângela, continúa el reportaje, «corrió, intentó dialogar, pedir tiempo para entontrar otra casa pero fue inútil. En pocas horas sólo quedaban escombros». Elisângela, hasta el día de hoy, no fue idemnizada ni realojada. Su hija tuvo que irse a vivir con su abuela.

El desahucio exprés de Elisângela ocurrió a principios de 2011. En la época, ni los grandes medios brasileños ni los corresponsales prestaban atención a los desalojos. Apenas tenían ojos para el Mundial de fútbol y para las supuestas inversiones extranjeras en las ciudades sede del Mundial. Unos meses antes de la tragedia de Elisângela, el teleférico que unía la favela de Pavão-Pavãozinho y el elitista barrio de Ipanema fue inaugurado con bombo y platillo. Mientras tanto, las historias como las de Elisângela se multiplicaban, ignoradas por los medios. Por eso, la organización Witness y el Comité Popular Río Copa e Olimpiadas prepararon el minidocumental O Legado Somos Nós: A História de Elisângela. La agencia Pública continuó publicando en su especial multimedia historias similares, decenas de ellas. Apenas en Pavão-Pavaozinho, 300 familias fueron desalojadas por el Ayuntamiento, según el dossier del Comité de la Copa de Río de Janeiro titulado Megaeventos y violacines de derechos humanos en Río de Janeiro.

¿Cuántas personas han sido desalojadas debido a las operaciones urbanísticas relacionadas con los megaeventos de Brasil? No existen cifras oficiales. Los Gobiernos municipales, regionales o el Federal (central) no facilitan datos. Sin embargo, los Comités Populares da Copa, que desde el año 2008 luchan para denunciar violaciones de derechos humanos, tienen una afinada estimativa: entre 150.000 y 170.000 personas han sido ya desalojadas de sus viviendas, en la mayoría de los casos de forma ilegal.

Algunas fuentes, como el Comité Popular da Copa del Distrito Federal hablan de 250.000 afectados por los desalojos. «Las acciones gubernamentales –aseguran las mismas fuentes en una nota oficial– «en su mayoría dirigidas por el poder público municipal con el apoyo de las instancias estatales y en algunos casos federales (Gobierno central), tienen como objetivo general limpiar el terreno para grandes projectos inmobiliarios con fines comerciales».

Hamilton Leão, del Comité, del Fórum Popular de la COPA201 de Manaus, lanza durísimas críticas al Gobierno brasileño y la FIFA: «La sumisión fue aceptada, a pesar de las protestas. Porque tanto para el Gobierno como para la FIFA, los derechos humanos y el ordenamiento urbano no hacían parte de su lista, pues lo que más les interesa es el lucro».

El rodillo inmobiliario está siendo especialmente duro en las periferias y las favelas de Brasil. Las secuencias de desalojos exprés con violencia y de presiones policiales mercantiles se repiten a lo largo del territorio brasileño. «El modelo de la Copa sirve para aumentar el lucro de las grandes empresas a partir de exención de impuestos y de nuevas formas de sacar más y más beneficios. Los empresarios hacen más rápido lo que ya hacían para avanzar con el proyecto de ciudad excluyente», asegura Chico Carneiro, del Comitê Popular del Distrito Federal .

Las violaciones de derechos humanos se está cebando especialmente con la población afro-descendiente. «L as intervenciones urbanas -según los periodistas Juninho y Maykon Santos, militantes del Círculo Palmarin- «golpean brutalmente los territorios negros urbanos, sea con desalojos y especulación inmobiliaria que arroja a los trabajadores hacia regiones más alejadas y con menor infraestrutura o por las políticas de militarización de esos territorios».

El actual alcalde de Río, el conservador Eduador Paes (aliado de la presidenta Dilma Rousseff), ya es el político que más personas ha desalojado en la historia de la ciudad: 65.000 personas desde el año 2009. Catorce favelas han desaparecido incluso del mapa. 60.000 personas más se verán obligadas a dejar sus casas antes de 2016, según el reciente dossier de derechos humanos del Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro.

El desalojo de la favela Telerj, que ocurrió en el pasado mes de abril, es un ejemploe del proceso de especulación inmobiliaria y la alianza de intereses políticos y financieros. El 11 de abril, más de cien familias fueron brutalmente expulsadas, de un terreno sin uso social que pertenecía a la teleoperadora OI. Los habitantes, a los que no se dio  oportunidad de negociar ni otras alternativas de vivienda, comenzaron su particular odisea de pergrinaje por las calles de Río de Janeiro.

Primero acamparon a las puertas de la Câmara Municipal de Río (el pleno). Después, frente a la catedral de la urbe. Finalmente, fueron transferidos a una precaria parroquia de la Isla del Gobernador.  Fernando Soares, activista de la organización Laboratório de Direitos Humanos de Manguinhos, en declaraciones al diario O Dia, criticó duramente el desalojo de la favela TELERJ de Río de Janeiro: “Criminalizaron a la población que vivía allá, como si fuesen vagabundos, para justificar ese desalojo violento. Allí vivían niños, ancianos, mujeres embarazadas».

La ciudad espectáculo que llega de la mano del Mundial de fútbol y las Olimpiadas intenta mostrar su lado más brillante: 39 Unidades de Pacificación (UPP) en favelas (operación vendida como éxito del Estado frente a los traficantes), teleféricos para turistas en el otrora olvidado Complexo do Alemão, el proyecto urbanístico-comercial Porto Maravilha.

La respuesta social estalló. Especialmente desde las revueltas de junio de 2013, la resistencia es generalizada en toda la urbe. En la favela Rocinha -una de las mayores del mundo- se ha activado el movimiento O Telefante, contra el plan del Ayuntamiento de instalar un teleférico en la comunidad. El movimiento Ocupa Alemão (del Complexo Alemão) incentivan eventos como Copa Pra Alemão Ver, que ironiza con el refrán «para gringo ver» (hacer algocon el objetivo de que lo vean los extranjeros, por pura apariencia).

Los desalojos, lejos de ser un fenómeno exclusivo de Río de Janeiro, ocurre en todas las ciudades que albergan el Mundial de fútbol. En São Paulo, la situación alrededor del estadio Itaquerão, es bastante crítica. Los precios de inmuebles y alquileres alrededor del estadio han subido cerca de un 200% entre 2008 y 2014, según un estudio de la prestigiosa Raquel Ronilk. No por casualidad, el Movimiento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) articuló una ocupación gigantesca a escasos metros del estadio, la Copa do Povo. Lanzaron un duro manifiesto: «A menos de tres kilómetros del palco de abertura, miles de familias luchan debajo de la lona por el derecho básico a una vivienda digna. La Ocupación Copa do Povo desconcha esta contradicción».

La situación es muy similar en las 12 ciudades sede del Mundial. El documental Os estrangeiros da Vila Tronco, relata el drama de más de 1.500 familias desalojadas en Porto Alegre. En Curitiba, la Vila Nova Costeira está amenazada por la construcción de tres nuevas pistas del aeropuerto. Además, el centro urbano está sufriendo «procesos de higienización». «Se están llevando a las personas sin hogar a albergues de la periferia, muchas veces a la fuerza. Las prostitutas tienen prohibido trabajar en su lugar habitual, cerca del estadio», afirma la activista Marina Rivas (pseudónimo). En Recife, el colectivo Direitos Urbanos y Mídia Capoeira luchan de frente contra una larga lista de abusos y especulaciones urbanísticas.

Y ahí está una de las claves: la especulación inmobiliaria no la padece sólo la periferia. La gentrificación está arrollando en la mayoría de urbes brasileñas. La clase media está también sufriendo en sus carnes la especulación made in FIFA. «La construcción Mundial de fútbol no sólo ocasionó desalojos para la construcción del estadio (en referencia al Itaquarão de São Paulo), si no que proporcionó el aumento de los lucros de las empresas de ingeniería», dice Bruno Maschio, estudiante de ciencias sociales de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo y participante en proyectos alrededor de los comunes urbanos que centra su discurso contra la especulación urbana.

La tan criticada Copa y su oleada de violaciones de derechos humanos está provocando una alianza inédita de ciudadanos de todas las clases sociales, de todas las razas. «La mezcla política entre blancos y negros, ricos y pobres, en luchas que contemplen tambiém a la favela (por ejemplo, con la campaña “Cadê o Amarildo”), tienen un potencial subversivo muy grande en térmos de exponer la violencia policial y lanzar campañas», sentencia el filósofo y activista Bruno Cava.