EL ESTADO ARGENTINO MÁS CERCA DE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA DEL CONFLICTO DE TIERRAS DE SALTA

El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, destacó los avances en la solución del reclamo de comunidades originarias de la provincia de Salta por la propiedad de la tierra. “Argentina está muy cerca de lograr una solución amistosa a través de un acuerdo de cumplimiento y recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso llamado Lhaka Honhat, un conflicto por 643 mil hectáreas que tiene ya casi de 30 años”, resaltó.

En ese sentido, Fresneda celebró la firma del Decreto N°1498, que avanza en la regularización dominial de 643 mil hectáreas -400 mil para pueblos originarios y 243 mil para pobladores criollos- comprendidas en los lotes 55 y 14 del departamento salteño de Rivadavia, redactado en el marco de la mesa de trabajo coordinada por la Secretaría de Derechos Humanos e integrada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el gobierno de la provincia de Salta y representantes de las comunidades Wichí, Toba, Tapieta, Chorote y Chulupi, y de las familias criollas.

El Secretario informó que los pasos a seguir para la solución definitiva del conflicto consisten en la delimitación consensuada de las 400 mil hectáreas; una reparación para las comunidades originarias; la relocalización de las 382 familias criollas asentadas en tierras reclamadas por los pueblos indígenas, y la conclusión de la construcción de viviendas, pozos de agua y redes de energía eléctrica para las dos partes en conflicto.

“Se trata de un conflicto muy complejo porque significa desandar el camino de despojo de los pueblos originarios, devolverles el derecho a su tierra”, explicó Fresneda. “Cuando asumí como Secretario de Derechos Humanos, uno de los principales conflictos que se me presentan era este caso, Lhaka Honhat, básicamente porque estamos hablando de muchas comunidades, cerca de 12 mil miembros de comunidades originarias que habitan en el lugar, y cerca de 5 mil miembros de familias criollas campesinas que están adentro de las tierras de los pueblos originarios, con un nivel importante de conflictividad entre ellos, y no hay en Argentina un reclamo por tantas tierras, por la dimensión”, reconoció el funcionario. “Hoy, a dos años de intenso trabajo en conjunto entre el gobierno nacional, el provincial y las comunidades en conflicto, podemos decir que Argentina está muy cerca de lograr una solución amistosa a través de un acuerdo de cumplimiento y recomendaciones del caso realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, celebró.

En tanto, Fresneda recordó que el secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, junto a la mesa de trabajo interministerial y de la provincia, visitó en mayo pasado los terrenos 55 y 14 del Departamento de Rivadavia para verificar los avances en la solución del conflicto.

“Nosotros le hemos pedido a la CIDH que viaje al lugar, para que puedan observar la complejidad que tiene este conflicto, y que pueda verificar cuáles son los avances que ha tenido la Argentina en materia de reconocimiento de derechos a los pueblos originarios, básicamente en lo que es la aplicación de la ley 26.160, por la cual la Argentina va reconociendo más de 5 millones de hectáreas para pueblos originarios, según cifras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”, indicó.

En tanto, el Secretario manifestó que “el gobierno nacional está colaborando, llevando a cabo acciones conjuntas con la provincia, y se van a realizar las inversiones necesarias para que no sólo se resuelva el reclamo ante la CIDH, sino que se resuelva el conflicto que tienen esas comunidades en sus condiciones de vida”, explicó.

En ese sentido, detalló que “el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación está construyendo viviendas con el programa Argentina Trabaja, con todas las consultas previas y autorizaciones por parte de las comunidades originarias, diseñadas por ellos mismos, por cooperativas formadas por pueblos originarios en los parajes Pozo el Toro y Pozo La China, y todos ellos son registrados en un registro nacional de pequeños y medianos productores, para ser incluidos dentro de las políticas nacionales de fomento y ayuda a los pequeños y medianos productores, a través de la Subsecretaría de Agricultura Familiar”.

“La Secretaría de Ambiente de la Nación está trabajando  mucho en lo que hace al control de bosques de la zona, que también es parte del reclamo indígena, la tala indiscriminada de los bosques, y forma parte de las recomendaciones de la CIDH, y el gobierno de la provincia puso en funcionamiento patrullajes y puestos de seguridad para controlar los bosques”, prosiguió Fresneda. “Y finalmente, uno de los puntos más complejos que hemos resuelto es el tema de la titulación de la tierra. El gobierno de la provincia había emitido hace tiempo un decreto para que se le dé el derecho sobre 400 mil hectáreas a esas comunidades originarias, pero no estaban delimitadas, no estaban georeferenciadas esas 400 mil hectáreas. Entonces, parte del reclamo seguía siendo que se otorgara el título de las mismas”, manifestó. Y continuó: “Entonces, en el marco de una reunión, desde esta Secretaría propusimos a la provincia que emita un nuevo decreto, consensuado con los peticionarios, a instancias de la CIDH, en el cual se otorga el título único de esas 400 mil hectáreas a nombre de todas las comunidades registradas de la zona por los institutos de Asuntos Indígenas nacional y provincial. O sea que no sólo esos pueblos originarios tienen un instrumento jurídico, un decreto, que dice que son propietarios, sino que tienen el título de propiedad comunitaria a nombre de todos ellos. Esto quiere decir que de ahora en adelante es indiscutible que esas 400 mil hectáreas forman parte de todas estas comunidades originarias de la zona”.

Finalmente, el Secretario de Derechos Humanos sostuvo que “este hecho político se enmarca en las políticas de inclusión del gobierno nacional”. “Estas políticas vienen a reparar, devolviendo las tierras, como corresponde. Con un componente: no se entregaron las tierras como titulares de una propiedad privada. Son titulares de una propiedad comunitaria. La Argentina está innovando en el mundo con respecto  a esta naturaleza jurídica, porque estamos hablando de que la propiedad no es de un individuo que pertenece a un pueblo originario, sino que es de una comunidad, lo que significa que Argentina está respetando los estándares de forma de vida, de la cultura, de las tradiciones de vida en comunidad de los pueblos originarios en Argentina”.

“Hace cerca de 100 años, el Estado había mandado a colonizar las tierras de los pueblos originarios. Hoy tenemos que desandar ese camino. Hoy estamos en tiempos en los cuales, como Néstor Kirchner hizo con las víctimas del terrorismo de Estado, que les pidió perdón en nombre del Estado argentino y las reparó, la Presidenta también está reparando y está incluyendo a todos, con estas acciones, gestiones concretas que tienen ese espíritu de justicia social”, finalizó.