Después de 18 años, las esterilizaciones forzadas de mujeres peruanas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), continúan sin justicia ni reparación. Ante esta situación, la Misión de Observación del Parlamento Andino se moviliza otra vez para hacer presión sobre el Estado peruano y exigir seriedad y efectividad en las investigaciones de ese delito. En breve, la Misión presentará un informe con recomendaciones a los gobiernos de la Comunidad Andina y a instancias regionales e internacionales.

Las esterilizaciones de mujeres pobres fue parte de una macabra política de natalidad implantada por Fujimori. Cerca de 2 mil peruanas fueron operadas forzosamente después de haber sido engañadas con el pretexto de que se les realizarían exámenes; las principales víctimas fueron campesinas e indígenas. Muchas fueron amenazadas con multas, cárcel y el fin del apoyo alimentario del Estado en caso que no adhiriesen al programa. Otras fueron completamente engañadas y como no sabían lo que había pasado no implementaron los cuidados necesarios de un post operatorio y perdieron la vida.

«Constatamos en todos los testimonios recibidos que las esterilizaciones forzadas que ocurrieron en Perú fueron parte de una política fuera de la ley y constatamos, por las denuncias y testimonios, que son hechos que vulneran profundamente la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres hasta el día de hoy, porque no fueron reparadas ni atendidas de ninguna forma por el Estado peruano”, denuncia Gloria Flórez, parlamentaria andina de Colombia.

Las investigaciones sobre el caso estaban siendo investigadas por Carmen Ibáñez, promotora superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional, sin embargo, en resolución emitida el 23 de abril de este año, el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, determinó que el caso pasase a las manos de Luis Antonio Landa, fiscal superior de la Tercera Fiscalía Superior Nacional.

«Estamos alarmados y preocupados con el intento que hubo de cerrar el caso, que es gravísimo y violatorio de los derechos humanos, catalogado claramente por el derecho internacional como delito de lesa humanidad, pero también por el cambio de fiscal. Consideramos que la promotora Ibáñez –y esa es una solicitud que vamos a hacer con mucha fuerza al fiscal de la nación– debe volver a tener jurisdicción en el caso, pues no es una promotora provisoria y puede garantizar una conclusión exitosa y con toda la contundencia que el caso merece”, asegura Gloria.

De acuerdo con la organización Demus, existen claros indicios de irregularidades en las resoluciones emitidas por el Fiscal de la Nación José Antonio Peláez, pues no hay motivaciones que justifiquen el retiro de la competencia de la Promotora Ibáñez.

El proceso de revisión de las 2 mil esterilizaciones forzadas y de las 18 muertes no tienen plazo para ser juzgadas, por eso, como forma de hacer presión, la Misión de Observación del Parlamento Andino presentará un informe con recomendaciones a los gobiernos de la Comunidad Andina y las instancias regionales e internacionales.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com