Por José Antonio Vera

Horrorizado por el vuelo rasante de helicópteros y el ruido de 30 patrulleras y maquinaria pesada, policías a caballo, cascos azules y fusileros, asaltadas las viviendas e insultados y humillados sus habitantes, amenazados por un enjambre de fusiles ametralladoras, despertó el martes 20 de mayo el pueblo «15 de junio», a siete kilómetros apenas de Guajaiví, en el convulsionado Departamento de San Pedro, noreste de Paraguay.

Las nuevas víctimas de la represión del Gobierno de Horacio Cartes, son unas 600 familias campesinas asentadas en una tierra fiscal de 1.600 hectáreas, parte de una enorme extensión ocupada ilegalmente hace medio siglo por un jerarca militar del primer anillo del General Alfredo Stroessner, cabeza de la tiranía desde 1954 a 1989.

La escuelita fue destruida, al igual que la pequeña iglesia y de las plantaciones no ha quedado nada, en un gigantesco operativo, que además de abusivo es desproporcionado, con lo cual el gobierno del Partido Colorado está repicando la política estronista de amedrentamiento de una población que ha vivido muchas décadas horrorizada por las torturas y crímenes, comentó el Senador Liberal Luis Wagner, expreso político.

El Departamento de San Pedro, cada día más ocupado por las corporaciones del agronegocio y la mafia traficante de mercaderías de todo tipo, es uno de los viejos escenarios de las luchas campesinas por la reforma agraria, en un país con el 85 por ciento de la mejor tierra en manos del tres por ciento de la población, buena parte extranjera.

Entre ellos destacan latifundistas brasileros, con agresivo despliegue en toda la fértil región del Alto Paraná, que ocupan con moderna infraestructura edilicia y productiva, y miles de familias menonitas, secta religiosa instalada desde 1927 en Paraguay, donde se ha convertido en un Estado dentro del Estado, con sus propias autoridades policiales y judiciales, resultado de la vinculación de algunos dirigentes con el tiránico régimen del General Alfredo Stroessner, abrazados en negociados y en el anticomunismo.

Arlan FickBremm, joven de 16 años, hijo de un productor menonita, quien está secuestrado desde hace mes y medio, presuntamente por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), protagoniza en las últimas semanas las primeras planas de toda la prensa comercial, en la que muy poco espacio ocupa los asesinatos de un segundo campesino en un mes y de un joven conductor de radio, que denunciaba el narcotráfico, el pasado fin domingo.

En silencio, en cambio, continúan los asaltos a comunidades indígenas y los reiterados desalojos de cientos de familias campesinas, víctimas de hordas policiales y militares, y de comandos mercenarios contratados por empresarios sojeros y ganaderos, que incendian humildes rancheríos y los pocos puentes de madera, robando todo lo poco de valor material que encuentran, para forzar el abandono de la tierra por sus ocupantes ancestrales y poder extender los sembradíos transgénicos y sus fumigaciones tóxicas.

El rapto de Arlan se produjo al inicio de abril en Paso Tuyá, Departamento de San Pedro, en un incidente armado del que sólo ha circulado la información del Ministerio del Interior, en el que cayó muerto Coco Bernal y otro supuesto guerrillero, quienes serían integrantes del EPP. También murió un policía y dos peones. Una inmediata versión oficial indicó que los guerrilleros llegaron a la casa del joven para apropiarse de víveres, «desesperados porque están aislados y sin recursos».

El intento habría sido repelido por las fuerzas conjuntas que operan desde hace cuatro meses en la zona, con asesoría de expertos norteamericanos, israelíes y colombianos, con la misión de aniquilar a lo que representaría esa sigla de tres letras y que toda la literatura estatal y de la prensa afín estampillan de guerrilla.

Otro mandato que recibieron los uniformados al lanzarse a los bosques, riesgo que aún se desconoce si corrieron, fue el de combatir al narcotráfico, tan activo en la zona. Al cabo de cuatro meses, ambas funciones resultan un evidente fracaso y ello no debe sorprender porque la asesoría extranjera proviene de tres países donde florecen el terrorismo y el narcotráfico, como ejercicio de Estado.

En el mes y medio transcurrido desde el secuestro, ninguna versión creíble ha circulado sobre la autoría del EPP. Por ahí anduvo una declaración de la presunta conducción del EPP, negando el hecho, pero sin ninguna trascendencia. Versiones de prensa señalan que la familia FickBremm habría recibido algunos mensajes de los captores, entre ellos uno ordenando que entregaran víveres por un monto de 50 mil dólares a las familias más pobres de la zona, cosa que se habría cumplido a cabalidad.

La novedad apareció cuando se produjo un curioso cruce de notas breves entre representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el preso Alcides Oviedo, supuesto líder del grupo llamado guerrillero, lo cual causó mucho efecto mediático, de las autoridades del gobierno y del padre de Arlan, furioso por la intromisión de esas personas que se han ofrecido para mediar, sin haber tenido la mínima delicadeza de consultarlo, en un gesto imprudente que, sin dudas, tiene mucho de oportunismo.

«Señores agentes provocadores de los colorados (Partido de Gobierno), defensores de latifundistas y matones de estancia: en lo que concierne a mí, no habrá ninguna orden de liberación si eso no implica como contrapartida una orden de liberación de todos los epepistas que sufren en las cárceles del gobierno. En eso está mi verdadero humanitarismo. Saludos revolucionarios», dice la respuesta de Oviedo, quien lleva 10 años en la cárcel, de una condena a 30, que ahora quiere aumentar el corporativismo agroganadero, vía fiscalía, que lo denuncian por incitar a la violencia armada.

Lo único claro del gran embrollo que es la caótica relación del Estado con el pueblo es que es imposible dar crédito a las declaraciones del Ministro del Interior, Francisco de Vargas o de su colega de Defensa Soto Estigarribia, enfurecidos ahora porque fueron sorprendidos por la visita a Oviedo y cuya derivación, según ellos, convierte un hecho a negociar en una operación bélica de rescate, que bien puede tener consecuencias dramáticas.

Otro elemento nuevo y que Vargas confiesa haber ignorado, es que el padre del joven rehén pagó 500 mil dólares a los raptores, tal lo que anunció ayer martes en rueda de prensa, declaración que alimenta diversas hipótesis, entre ellas que el secuestro podría ser obra de algún comando mercenario de los muchos que activan en Paraguay, a sueldo de sojeros, ganaderos y narcos, en plena batalla por ampliar sus territorios de operaciones que ya no les alcanza con la tierra robada a un millón de campesinos y pueblos originarios.

El maridaje de las corporaciones transnacionales sojeras con la oligarquía vacuna paraguaya permite, entre otras aberraciones, que la agroexportación esté exenta de pagar impuestos, y que comandos armados operen a su antojo por los campos, burlándose incluso de las resoluciones del Instituto Nacional de la Tierra (INDERT), en su intento por instalar asentamientos campesinos en tierras fiscales recuperadas de la ocupación ilegal que, desde hace décadas, existe en el país sobre unas ocho millones de hectáreas.

En los últimos días, esos intentos vienen siendo saboteados por mercenarios armados que destruyen las obras de infraestructura, tales la instalación de cañerías de agua y las letrinas construidas por los propios labriegos, incendian campos y las vías de acceso, como los puentes de madera que son cortados con motosierras, delitos cometidos a poca distancia de los cuarteles de las fuerzas conjuntas.