El gasto militar total de Chile hasta 2011 era de alrededor del 3,5 % del PIB, uno de los más altos de Latinoamérica según el Stockholm International Peace Research International SIPRI, y que nos acercan a países militarizados como Colombia (3.8 %) y USA (4.0 %). Esto equivale a decir que nuestro gasto en Defensa era de alrededor de US$ 9.000 millones.
Aunque este dato incorporaría los gastos de previsión y remuneraciones de las FF.AA. y según el Ministerio de Defensa, también al presupuesto de Carabineros e Investigaciones, (en 2012 traspasados al Ministerio del Interior), el gasto en Defensa aún sigue siendo altísimo, toda vez que sigue su tendencia alcista dada la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa 2012 – 2024 (ENSYD), propuesta dejada por el Gobierno de Sebastián Piñera, y que esperamos que se revierta en el presente gobierno.
Llama la atención que nuestros vecinos como Argentina, gaste solamente 1% de su PIB en el sector militar, Bolivia el 2 % y Perú solamente el 1.4 % de su PIB.
En contraste, la OCDE informó el 2013 que el gasto público en educación por parte de Chile es de apenas un 57.9% promedio en los cuatro niveles de educación (pre-primaria, primaria, secundaria y superior), correspondiendo el resto a inversión privada. El nivel pre-primario concentra el 83 % del gasto público, siendo el nivel superior el más postergado con sólo un 22.1 % de gasto público. En el mismo sentido el Banco Mundial en su informe anual, revela que Chile gasta un 4 % de su PIB en educación, comparado con un 6.25 % de Argentina o un 6.89 % de Bolivia.
Actualmente se debate en el Congreso una reforma tributaria que pretende recaudar cerca de US$ 8.000 millones. Sin embargo, como humanistas y activistas antimilitaristas, queremos aportar al debate el necesario tema de una radical reducción del gasto militar actual, para reasignar esos recursos en derechos humanos esenciales de nuestro pueblo, como es una previsión digna y solidaria, una salud pública integral, y la ansiada educación gratuita universal y en todos los niveles. Ésa es la lucha que hay que dar: contra la injusticia de un sistema inhumano, mercantilista y armamentista.
Creemos que una redistribución del gasto público se hace en función de prioridades sociales, por lo que proponemos reducir en, al menos, un 0.5 % del PIB nuestro gasto militar, y así poder destinarlo al sector social. Esta reducción podría ser gradual, en un plazo de cinco años, con lo cual el gasto militar futuro quedaría en torno al 1.5 % del PIB, que sigue siendo más alto que el 1% recomendado por el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo PNUD.
Considerando el PIB nacional en alrededor de US$ 280 mil millones, esta reducción recaudaría alrededor de US$ 1.400 millones, que es alrededor del 20 % de los que se pretende recaudar con la reforma tributaria.
Como luchadores por la Paz, creemos en la cultura de la No violencia activa a nivel de gobiernos y de pueblos. Esto se debe ver traducido en el presupuesto nacional con mirada de integración latinoamericana y no de seudos nacionalismos armamentistas. La mejor inversión es la integración con nuestros vecinos latinoamericanos en pro del crecimiento y desarrollo comunes. De esa forma el gasto militar se puede reducir progresiva y proporcionalmente en toda la región posibilitando redistribución de los recursos con una mirada humanista y de justicia social.
