El Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño, inauguró hoy en Quito la Reunión Técnica Preparatoria para la Segunda Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos Afectados por Intereses Transnacionales, en la que se abordará, principalmente, la propuesta de creación de un Observatorio del Sur para la asistencia en materia de inversiones y soporte a los Estados frente a litigios que libran con las transnacionales.
Según explicó el Canciller Ricardo Patiño, en esta reunión se analizará la propuesta elaborada por Ecuador, República Dominicana y Venezuela para la conformación de este organismo, que tendrá como característica principal el financiamiento proveniente de los estados parte y no de países externos que no son parte del acuerdo, como ocurre con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Posteriormente, el documento propuesto será debatido en la II Conferencia de Estados Latinoamericanos y Caribeños Afectados por Intereses Transnacionales, que se desarrollará en un mes en Caracas.
Además, de acuerdo a lo señalado por el Canciller, otras de las particularidades del Observatorio son: dar cuenta periódicamente del estado de los litigios internacionales en materia de inversiones, en instancias regionales y globales; identificar procedimientos para monitorear la acción de los tribunales internacionales de arbitraje en materia de inversiones; estudiar, analizar y proponer mecanismos para la reforma de dichas instancias arbitrales; estudiar y apoyar la creación de mecanismos alternativos de intermediación para la resolución justa, razonable y definitiva de las diferencias entre estados y transnacionales; construir un foro de encuentro entre los expertos en litigios internacionales en materia de inversiones que trabajan junto a los países del Sur; promover la creación de mecanismos de coordinación y consulta mutua entre los sistemas judiciales de los estados latinoamericanos, para asegurar la vigencia de las decisiones nacionales relativas a disputas entre estados y empresas transnacionales.
También el organismo deberá elaborar un compendio de legislación, políticas y acuerdos comerciales y de inversión, relativo a los procesos de negociación entre estados y transnacionales, para facilitar la adopción de estrategias conjuntas como parte de los estados; estudiar y proporcionar a los estados elementos técnicos, jurídicos y políticos para asegurar que sus intereses queden plasmados de manera efectiva en los contratos comerciales y de inversiones con las empresas transnacionales; y establecer mecanismos de interlocución con movimientos sociales.
“Debemos lograr un equilibrio necesario entre las garantías razonables, debidas a todo inversor que apuesta honestamente por un proyecto empresarial en el extranjero, por un lado, y la legítima coherencia de los marcos jurídicos nacionales por el otro. Debemos trabajar por la construcción y el intercambio de información, por la ruptura de ese monopolio perverso, que ha tenido un costo directamente cuantificable para nuestros países”, afirmó el Canciller Patiño.
Precisamente al referirse a las afectaciones de la aplicación de los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI), creados en la década de los noventa, y de la creación de los Centros de Arbitraje, conformados para deliberar los conflictos entre las empresas y los estados, el Ministro Ricardo Patiño reseñó que todavía no se ha podido comprobar los beneficios exactos de la firma de este tipo de documentos. Sin embargo, sí existen pruebas de los reclamos que han podido hacer las transnacionales en contra de los países gracias a estos acuerdos, que les han permitido pedir millones de dólares adicionales a los montos que ya obtienen por su inversión.
El Canciller se basó en el artículo de Cecilia Olivet y Pía Eberhardt, titulado “Cómo las firmas de abogados, árbitros y financiadores alimentan el auge del arbitraje de inversiones”, para afirmar que existe toda una industria del arbitraje, dominada por un reducido grupo de firmas de abogados y árbitros especializados, casi todos procedentes de Europa, Estados Unidos o Canadá, que han resuelto el 55% de todas las disputas conocidas, se encuentran regularmente en los mismos paneles arbitrales, ejercen como árbitros y como representantes de las partes e incluso se citan entre sí para actuar como testigos en los casos.
“América Latina ha sido una de las regiones más golpeadas por estos procesos. Según datos publicados en el 2013 por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, el CIADI registraba 439 casos de conflictos entre empresas privadas y Estados. De ellos, 159 son controversias que involucran a países latinoamericanos (36%), 99 en África (23%), 84 en Europa del Este (19%) y 71 en Asia (16%). Europa Occidental y Norteamérica acumulaban apenas 26 casos (6%)”, concluyó el Canciller.
Al evento asisten los representantes diplomáticos de El Salvador, Honduras, Argentina, México, Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Venezuela y Ecuador.
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
