Por Jorge Arrate *

El 6 de mayo pasado la Comisión de Evaluación Ambiental de la Araucanía aprobó por seis votos contra cinco el proyecto hidroeléctrico Tacura, planeado en la zona de Melipeuco, Chile. Entre los cinco votos de minoría estuvo el del Intendente de la Región, Francisco Huenchumilla, quien estimó necesaria para resolver el tema la realización
del proceso de consulta a las comunidades mapuche establecido en el Convenio 169 de la OIT. Los seis votos aprobatorios fueron Seremis integrantes del gabinete regional, es decir altos funcionarios públicos de la exclusiva confianza de la Presidenta Bachelet.

Este episodio es una metáfora de la difusa postura del gobierno en relación con la situación mapuche.

La acción de Huenchumilla, desde su asunción, ha estado orientada a explorar caminos para superar la grave situación de injusticia, discriminación y acoso que vive el pueblo mapuche. Sin embargo, es evidente que se trata, hasta ahora, de una posición puramente personal que convive al interior del gobierno con posturas contrarias al radical cambio de perspectiva que se requiere para dar inicio a una nueva etapa en la relación del Estado con la etnia mapuche.

El Ministro Peñailillo y el subsecretario Aleuy han formulado declaraciones bien orientadas al señalar que la ley antiterrorista (LAT) no será aplicada a las acciones de reivindicación social y política de las comunidades mapuche. La propia Presidenta lo dijo durante su campaña: la aplicación de esa ley a dirigentes mapuches, en su
anterior gobierno, constituyó un error.

La prensa ha informado de nuevos planes para establecer un sistema carcelario especial para los presos mapuche, que esté en concordancia con el Convenio 169 de la OIT suscrito por Chile. Es una iniciativa que parece positiva, pero siempre que se enmarque en un horizonte global de reparación y reconocimiento amplio de derechos. Si no, querría decir, simplemente, que se prevé una población penal creciente, que sería un signo de continuidad o incremento del estado de dominación y represión en que se encuentra el pueblo mapuche.

El gobierno ha cumplido dos meses en funciones y su activismo ha sido interesante. Maneja la agenda pública y ha emprendido tareas significativas en materia tributaria y educacional que, aunque puedan no ser enteramente satisfactorias, constituyen aproximaciones valorables. En el cuadro de la situación mapuche, desafortunadamente, no ha mostrado la prontitud que se requiere, posiblemente por una pugna interna que deriva de indefiniciones programáticas y de debates que los aliados de la Nueva Mayoría escamotearon.

Las tareas de hoy son claras.

Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo continúan presos en la cárcel de Concepción, cumpliendo penas que les fueron asignadas por delitos que la justicia militar estimó no probados y que, sin embargo, la justicia civil consideró acreditados. Ambos fueron encausados y procesados por conductas terroristas, cargo que, al finalizar el juicio oral, la propia Fiscalía descartó. La sentencia liberó a los inculpados de las acusaciones de terrorismo. A pesar de lo anterior el proceso, sustentado en las normas procesales de la LAT, fue inexplicablemente validado. Recientemente los tribunales han descontado a las penas de Llaitul y Llanquileo los períodos de encarcelamiento
que padecieron en otros procesos, una decisión legal justificada. Pero sigue en pie la aberración de su condena. ¿Si fue un error la aplicación de la LAT por qué no se intenta corregirlo mediante alguna fórmula que permita la inmediata libertad de ambos?

Emilio Berkhoff está preso en la cárcel de Lebu y en su caso los fiscales han actuado con saña, endosándole responsabilidades que no tiene. Aparentemente existe una decisión de usar su caso como escarmiento para aquellos no indígenas que actúan a favor de la causa mapuche. El estatuto de Berkhoff es el de un preso común y no se le aplican las disposiciones del Convenio 169 que protegen a los reos de la etnia mapuche. Es preciso, urgentemente, poner término a la persecución contra Berkhoff.

Un grupo de comuneros mapuche recluidos en la cárcel de Angol se encuentran en huelga de hambre solicitando se revisen sus procesos, se modifiquen sus condiciones carcelarias y se indulte a uno de los presos cuyo estado de salud es grave. La huelga de hambre se aproxima ya al mes de duración y nuevos condenados se han sumado a esta acción de protesta. La reacción gubernativa ha sido insensible, burocrática, lenta y de efectos nulos.

Si el gobierno quiere verdaderamente iniciar una etapa distinta en el tratamiento de las reivindicaciones mapuche es preciso que dé prioridad y aborde de inmediato las tareas de hoy, las tareas urgentes. La primera de ellas es resolver las diversas situaciones de evidente injusticia que afectan a los presos políticos mapuche.

Santiago, 12 de mayo de 2014.

* Jorge Arrate, fue candidato presidencial del Juntos Podemos y el Frente Amplio en 2009, es firmante de los DOCE PUNTOS.