Por Natasha Pitts
Casi 21 millones de personas enfrentan aún hoy una situación de trabajo forzado en todo el mundo. Son niños obligados a pedir dinero, trabajadores extranjeros engañados y empleadas domésticas que trabajan siete días por semana por una remuneración miserable. Ante este tipo de esclavitud moderna la organización Human Rights Watch, en el marco del mes en que se celebra el Día Internacional del Trabajador, pide a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la adopción de normas jurídicamente vinculantes para prevenir el trabajo forzado.
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Desde 1930 está en vigencia el Convenio 29 de la OIT sobre trabajo forzado, tratado considerado uno de los más importantes en materia de derecho laboral internacional. Sin embargo, está anticuado en varios puntos. Por ejemplo, la mayoría de las disposiciones trata sobre el trabajo forzado en colonias extranjeras, lo que hoy ocurre poco o nunca. Las características cambiaron. De acuerdo con la OIT, el 90% de las personas explotadas están en la economía privada, en hogares, empresas locales, crimen organizado y en cadenas de multinacionales.
Durante la reunión, que ocurrirá en Ginebra, Suiza, los miembros de la OIT van a votar para definir si las normas complementarias deben originar un protocolo vinculante que los países puedan ratificar o sólo ser una recomendación. Los países están divididos.
«Formular un compromiso sobre medidas básicas de prevención y protección destinadas a eliminar el trabajo forzado no debería ser optativo. Es alarmante que, a pesar del compromiso público expresado por numerosos gobiernos de combatir el trabajo forzado, se muestren reacios para asegurar garantías rigurosas que puedan detener estos gravísimos abusos”, manifestó Nisha Varia, investigadora senior de la división de derechos de la mujer de Human Rights Watch.
La organización publicó en los últimos años casi 50 informes sobre trabajo forzado y destaca que la esclavitud moderna es vista hoy en casos de niños obligados a mendigar; trabajadores/as explotados/as en casas, en la agricultura, en la construcción, en minería, en prisiones; y en el trabajo militar por tiempo indeterminado. Algunas víctimas enfrentan jornadas extenuantes sin recibir nada, otras reciben muy poco, y algunas inclusive sufren violencia física o sexual, además de no tener libertad para transitar, pues se convierten en prisioneros/as en virtud de deudas.
Además del alto costo social está también el costo económico para las víctimas. La Organización Internacional del Trabajo estima que las personas en situación de trabajos forzados dejan de recibir más de US$ 21 mil millones cada año, mientras que los que se benefician con este delito acumulan ilegalmente US$ 44 mil millones.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
