Una de las medidas de efecto del Gobierno de Morales fue el de empoderar a la mujer bajo el lineamiento de equidad, igualdad y autonomía de decisión. La evidencia se dio en diferentes espacios del manejo estatal: político, económico, social, cultural, donde la mujer empezó a cobrar representatividad y, posteriormente, determinación a favor de la sociedad boliviana.
Apertura en la tenencia de tierras
El 46 por ciento de las tierras saneadas en Bolivia están a nombre de mujeres, según el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juanito Tapia. La perspectiva ascendió del 9 a 46 por ciento en ocho años de gestión producto de las políticas de equidad e igualdad.
“Hasta el 2006 no se tomaba en cuenta la participación de la mujer en el acceso, regularización, derecho propietario y tenencia de la tierra”, sostuvo tras indicar que a abril de 2014 existen un total de 1.455.949 beneficiarios a nivel nacional, de esta cantidad, 663.788 son mujeres (46 por ciento), 774.050 son varones (53 por ciento) y 18.111 son personas jurídicas (1 por ciento).
La discriminación era muy marcada antes, ahora cambió, acotó. Estos logros son resultado del cumplimiento de la nueva Constitución Política del Estado y de la actual normativa agraria.
Avances en el ámbito educativo
Se ha alfabetizado 824.101 bolivianas y bolivianos, de los cuales 576.871 son mujeres y el Programa Nacional de Post Alfabetización “Yo sí puedo seguir”, beneficia a mujeres indígenas, trabajadoras asalariadas del hogar, amas de casa, y agricultoras convirtiéndose en medios para lograr la igualdad entre hombres y mujeres.
De acuerdo a las autoridades de Educación, Bolivia aún debe avanzar mucho en este aspecto pero los índices de inclusión son altamente positivos.
Avances en la lucha contra la violencia hacia las mujeres
De manera particular, la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en la familia y en la sociedad en sus artículos 8, 9, 14, 18, 22, 23, 35, 61, 62, 63, 66 y 79.
A esta norma se suma la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia que es una de las más avanzadas en América Latina. «Se ha tenido grandes logros porque a partir de esta norma se establece que es un problema de orden público y no solamente privado», citó en marzo del presente la ministra de Justicia, Elizabeth Gutiérrez.
Se empieza a cambiar la mentalidad colectiva y el camino es largo pues la violencia contra la mujer es una violencia estructural que responde al sistema patriarcal con el que históricamente está organizada nuestra sociedad, reflexionó en una entrevista que concedió a La Razón.
Avances en la lucha contra la trata y tráfico de mujeres
Constitución Política del Estado que en su Art. 15 parágrafo V señala: “ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas”, se ha promulgado la Ley Nº 263 de 13 de julio de 2012. Ley integral contra la trata y tráfico de personas, la que marca un hito importante para el tratamiento de este delito de lesa humanidad, en el que ´la violencia sexual comercial (conocida también como explotación sexual) constituye el 80 por ciento de sus fines, siendo el 75 por ciento de las víctimas niñas y adolescentes.
En el marco de la Ley se ha conformado el Consejo Plurinacional Contra la Trata y Tráfico de Personas que ha diseñado la Política Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de personas, misma que establece cinco lineamientos que debe contener la lucha contra estos ilícitos: en los ámbitos de protección, prevención, educación y comunicación; persecución y sanción penal; y la coordinación nacional e internacional.
Avances del Estado Plurinacional en materia de salud materna, sexual y reproductiva
El primer plan de apoyo surge con el Bono Juana Azurduy tiene cuyo fin es coadyuvar a reducir la mortalidad de la madre, la mortalidad infantil y la desnutrición crónica en los menores de dos años, este comenzó a implementarse a mediados de abril de 2009 y desde el inicio del programa hasta finales de la gestión 2012, se han realizado un total de 4.079.814 controles, de los cuales el 74,3 por ciento corresponde a controles integrales de niños y niñas menores de 2 años y el 25,7 por ciento corresponde a controles prenatales, atención de parto institucional y control postparto (Informe Ministerio de Salud año 2012).
Se agrega que la Tasa de fecundidad entre las adolescentes (por mil habitantes entre 15-19 años) se ha reducido solo en 4 puntos porcentuales: de 94,3 por ciento en 1989, a 88,8 por ciento el 2008.
Ministerio de Justicia tiene previsto la firma de convenios intersectoriales con los Ministerios de Educación y Salud, para elaborar un plan integral de prevención del embarazo adolescente con enfoque despatriarcalizador.
En cuanto a salud materna, se ha avanzado notablemente respecto a la atención del parto, según datos del Censo Nacional 2012 de Población y Vivienda, el 67,78 por ciento mujeres de 15 años y más acudieron a un establecimiento de salud para el parto; 28,24 por ciento en su domicilio y 2,21 por ciento en otro lugar.
Como respuesta a esta situación el Plan Nacional de Salud 2010–2020, tiene la finalidad de eliminar la exclusión social en salud e incluye el Plan Estratégico para mejorar la salud materna perinatal y neonatal en Bolivia 2009 – 2015, este Plan plantea cinco líneas estratégicas.
Fortalezas legislativas con enfoque de género
2010 se diseñan y promulgan cinco leyes fundamentales establecidas en la Constitución:
· Ley N° 18 del Órgano Electoral Plurinacional de16 de junio de 2010
· Ley N° 25 del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010
· Ley N° 26 del Régimen Electoral de 30 de junio de 2010
· Ley N° 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional de 6 de julio de 2010
· Ley N° 31 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” de 19 de Julio de 2010
Las cinco normas incorporan un enfoque de género, logrando así importantes avances respecto a la garantía de los derechos de las mujeres, especialmente en lo referido a:
i) Los principios de igualdad de género, paridad y alternancia en los procesos de presentación de candidaturas, preselección y elección de los órganos de poder;
ii) El reconocimiento del acoso político como delito electoral;
iii) La prohibición de la conciliación en casos de violencia y la creación de juzgados especiales de violencia intrafamiliar y pública;
iv) Reconocimiento de la importancia de asignar presupuestos públicos suficientes para la implementación de políticas para la equidad de género en las entidades territoriales autónomas, destinando como mínimo un 5 por ciento en todos los planes, programas y proyectos a nivel departamental y municipal.
En proceso de construcción, elaboración y promulgación junto a las organizaciones sociales de mujeres propuestas de Ley como: Código de Familias, Código Niña, Niño y Adolescentes, Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código Civil, Código del Trabajo, entre otras.
Las posibilidades de acceso al crédito de las mujeres
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) detalla que, en general el acceso de las mujeres al crédito productivo se ha incrementado considerablemente entre el 2011 y 2013.
Sin embargo, las brechas persisten, la mayor brecha de género está en el crédito empresarial, porque si bien se registra un crecimiento de 233 por ciento entre 2011 y 2013, del total de personas que acceden a este tipo de crédito, apenas el 2 por ciento son mujeres. En general las mujeres acceden en mayor porcentaje al microcrédito, y el crecimiento ha sido de 46 por ciento entre 2011 y 2013.
