Nosotros y nosotras, mujeres y hombres, representantes de 52 organizaciones de la agricultura campesina, familiar, indígena, de la pesca y la acuicultura artesanales, de pastoreo, de asalariados agrícolas y de la sociedad civil, de 19 países de todas las subregiones de nuestra América Latina y el Caribe, estuvimos reunidos en Santiago de Chile, los días 4 y 5 de mayo, en la Consulta de la Sociedad Civil para la 33 Conferencia Regional de FAO, organizada por la Alianza por la Soberanía de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe.

Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha por la Soberanía Alimentaria para continuar desarrollando la producción a pequeña escala de alimentos saludables y culturalmente apropiados, lo que es clave para erradicar el hambre y la pobreza.

Sabemos que el hambre y la pobreza son dos grandes dilemas que todavía debe resolver la humanidad y que está ampliamente demostrado que el modelo de producción y comercialización de alimentos en una agricultura de tipo industrial, de gran escala, basada en monocultivos de especies transgénicas y sustentada en la utilización de fertilizantes químicos y plaguicidas y dominado por las Empresas Transnacionales no solo no ha resuelto el hambre y la pobreza sino que ha profundizado estas problemáticas.

Creemos que ha llegado la hora de que los gobiernos y los organismos internacionales escuchen a las voces de los Pueblos. El hambre y la pobreza son consecuencias de la ausencia de soberanía alimentaria a la que están sometidas las poblaciones desde hace siglos.

Por eso para nosotros y nosotras, participantes de esta Consulta, la 33 Conferencia Regional de FAO debe marcar un cambio en el abordaje de la producción de alimentos saludables en América Latina y el Caribe, reafirmando que:

El alimento es un derecho básico e intrínseco de la humanidad y no una mercancía al servicio de la acumulación del capital. Los bienes comunes (océanos y aguas interiores, tierra, semillas y el resto de la biodiversidad para el sustento) deben ser considerados patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad.

El desarrollo de los países de América Latina y el Caribe no puede continuar basado en las grandes empresas de los agronegocios y del extractivismo industrial a gran escala, ni en los intereses de las grandes corporaciones de dichos sectores. Ese modelo expulsa a los pueblos de sus territorios, promueve conflictos que han provocado pérdidas de vidas; contamina y destruye el suelo, los mares y aguas interiores, el aire y es causa de altos índices de enfermedades en los los trabajadores del campo y de la ciudad.

La Agricultura Familiar Campesina, Indígena, y la pesca y la acuicultura artesanales han sido avasalladas por el modelo capitalista que apostó a destruir sus culturas para generar la dependencia de los pueblos, basándose en la competencia desleal, la especulación y el individualismo. Su capacidad de resistencia y resiliencia posibilitó y posibilita continuar generando alimentos sanos para los pueblos del mundo entero. Estos alimentos no llegan a todas y todos por la concentración del poder, de los medios de producción y la distribución en manos de grandes corporaciones agroquímicas y biotecnológicas como Monsanto, Bayer, Dow, Du Pont/ Pionner y Syngenta, que se apropian de la renta del trabajo de millones de trabajadoras y trabajadores e imposibilitan el acceso a los alimentos a millones de personas.

Estudios nuestros y oficiales, incluso de la FAO, comprueban que la producción de alimentos a pequeña escala ha demostrado ser más productiva y que alimenta al menos al 70% de la población mundial. Todo esto a pesar de las dificultades que enfrenta y al poco apoyo de los Estados. Además es la responsable de mantener la diversidad de culturas ancestrales y tradicionales, por la protección y conservación de los bienes naturales y la biodiversidad.

Los gobiernos y los organismos internacionales no deben permitir nunca más los ataques y la violación a los derechos humanos producidos por el agronegocio. En el campo existen altos índices de violencia hacia las mujeres, persecución y asesinato de campesinos y campesinas e indígenas y de trabajadores rurales sindicalizados.

Por eso proponemos que:

1- Estados y gobiernos reconozcan y demarquen los territorios indígenas, donde puedan ejercer la protección a los bienes naturales (bosques, agua, suelo, semilla, biodiversidad, espiritualidad) y desarrollar sus sistemas de vida.

2- Los Estados y gobiernos implementen una reforma agraria integral para el desarrollo territorial que evite el despoblamiento rural, con políticas públicas para el acceso a hombres y mujeres a la tierra, el agua potable y para riego, infraestructuras, educación para la vida en el campo, salud y comercialización. Es decir, que se promuevan políticas integrales que permitan que los pueblos del campo no tengan que emigrar para reproducir su vida.

3- Para el próximo periodo la FAO priorice la promoción e implementación de políticas públicas que fortalezcan la soberanía alimentaria de los pueblos como camino clave para erradicar el hambre;

4- Los Gobiernos renueven su compromiso de implementación de las Directrices del Derecho a la Alimentación a diez años de su aprobación.

5- Se adopten medidas conducentes a difundir los beneficios nutricionales y promover el consumo de productos provenientes de la pesca y la acuicultura artesanales y de las productoras y los productores agrícola-ganaderos de pequeña escala a nivel nacional, sostenible y sustentable. En especial se recomienda su inclusión en los programas de educación y alimentación escolar.

6- Los Gobiernos implementen políticas y programas que apoyen el desarrollo del procesamiento de alimentos a pequeña escala, así como la comercialización de los alimentos de manera directa entre productor y consumidor, en el marco de la agroecología y la Economia Social Solidaria. Para ello, se requerirá de programas estatales de subsidios y de compras públicas adecuados a los diversos sectores y enfocados en las necesidades tanto de estos productores como de los consumidores.

7- Se prioricen acciones y formulación de políticas públicas para el desarrollo sostenible de la pesca artesanal marina, continental y la acuicultura de pequeña escala enmarcadas en las necesidades específicas de cada país, dada su gran importancia para mejorar los niveles de seguridad alimentaria y nutricional. Además deben contribuir a la evaluación de las pesquerías marinas y continentales que son compartidas en cuencas hidrográficas transfronterizas, en particular el estado de los recursos pesqueros con la participación de las comunidades pesqueras.

8- Los Gobiernos aprueben las Directrices internacionales para la gobernanza de la pesca artesanal, en la próxima sesión del Comité de Pesca de la FAO (COFI).

9– Se fomenten políticas para las mujeres que fortalezcan su capacidad de producción, comercialización y sus saberes en la promoción de la soberanía alimentaria. Para ello es necesaria la creación de un programa regional que promueva la igualdad entre hombres y mujeres; garantizando la participación de ellas en la agricultura y la pesca, de acuerdo a la CEDAW, ratificada por los gobiernos.

10– Se formulen y apliquen políticas públicas en favor de los jóvenes que les garanticen el derecho a desarrollar su vida en su propio territorio.

11– La elaboración de los marcos legales y las políticas públicas se realicen con la participación efectiva de la Sociedad civil, tanto en su discusión, diseño, implementación y monitoreo, reflejando la diversidad de la agricultura familiar, campesina, indígena, no patriarcal y la pesca y acuiculturas artesanales.

12- Se garantice el respeto de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de las productoras y los productores de alimentos a pequeña escala y los trabajadores de la alimentación, implementando políticas en acuerdo con las indicaciones de la OIT sobre Trabajo Decente, erradicando la tercerización y los contratos precarios de los trabajadores temporeros o zafrales y la criminalización de su sindicalización. Los Estados deben cumplir y hacer cumplir las leyes y compromisos internacionales asumidos, e implementar campañas contra el trabajo esclavo y las violencias en el campo.

13- Se promueva y apoye mediante políticas específicas la producción de base agroecológica, especialmente en la etapa de transición, reconociendo a su vez la posibilidad de la agroecología de mitigar y adaptarse críticamente al cambio climático.

14- Se valoricen los modos de construcción del conocimiento a nivel de las comunidades, conocimiento que se ha establecido y se valida a partir de la mutua relación en y con la naturaleza de la cual formamos parte.

15- Se reconozca que las causas del cambio climático se deben a la profundización de un modelo que incluye la producción agroindustrial, ganadera y acuícola basada en monocultivos, el alto uso de agrotóxicos, las semillas transgénicas o híbridas, prácticas forestales intensivas que desplazan a las comunidades, y destruyen culturas y ecosistemas y su biodiversidad, las actividades extractivas a gran escala como la minería y las grandes obras de infraestructura como es la construcción de mega represas hidroeléctricas.

16- El abordaje de la Crisis Climática abandone el enfoque sectorial/industrial y pase a un enfoque territorial/social desarrollando políticas de recuperación de ecosistemas degradados, de recuperación de semillas nativas en beneficio de los campesinos, pastores y pescadores artesanales con base agroecológica. Se debe terminar con la lógica del mercado como mecanismo para enfrentar el cambio climático ya qué no hay nada más resiliente que una comunidad soberana.

Por lo antes expuesto, creemos que el AIAF debe ser el comienzo de un proceso más largo que permita alcanzar lo arriba planteado, fortaleciendo la Agricultura Familiar, campesina indígena, no patriarcal que desde una perspectiva agroecológica construya la Soberanía Alimentaria de los Pueblos.

Somos parte de la solución. Nuestro compromiso es contribuir a erradicar el hambre y la pobreza, construyendo la soberanía alimentaria de los pueblos.

 

Fuente: CLOC-Vía Campesina

Santiago de Chile, 6 de mayo de 2014