Delegaciones de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y del Gobierno de ese país continúan hoy sus conversaciones en esta capital, en busca de un arreglo a más de 60 años de conflicto. Ambos equipos iniciaron el jueves último el vigésimo cuarto ciclo de esas pláticas, las cuales sostienen desde la instalación de la mesa de conversaciones en noviembre de 2012 en el Palacio de Convenciones de esta capital.
Ese día, Iván Márquez, jefe de la delegación guerrillera, denunció que el Departamento de Estado ofrece millonarias recompensas por información que permita la captura del líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, y otros dirigentes guerrilleros.
La amenaza incluye también a los plenipotenciarios de paz de las FARC-EP, a quienes persiguen bajo falsas acusaciones de narcotráfico, acotó.
Denunció, asimismo, que la Agencia Central de Inteligencia maneja el negocio del narcotráfico mundial, y cuestionó la autoridad moral del gobierno estadounidense que -dijo- se hace el de la vista gorda ante ese notorio hecho.
Márquez insistió en la necesidad de conformar una Asamblea Nacional Constituyente que garantice el ejercicio pleno de la democrácia, y elimine la “tiranía del Procurador” puesta de manifiesto recientemente con el intento de inhabilitación del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Petro fue restituido el miércoles último en su cargo por el presidente Juan Manuel Santos, luego de un complejo proceso jurídico que revocó la decisión de la Procaduría (Ministerio Público) de destituir e inhabilitar por 15 años al burgomaestre bogotano por supuesta mala gestión.
El vocero guerrillero reiteró la urgencia de conformar una comisión para el esclarecimiento de la verdad de la historia del conflicto, que contribuya al debate del quinto punto de la agenda en discusión, referido al tema de las víctimas de la confrontación armada.
Las delegaciones de paz centran el debate actualmente en el problema de las drogas ilícitas, luego de alcanzar consensos parciales en los del desarrollo agrario integral y la participación política, en mayo y noviembre de 2013, respectivamente.
Ambos equipos deberán acordar compromisos también sobre el fin de la confrontación armada y los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de un eventual Acuerdo que ponga fin al conflicto social y armado que sufre Colombia hace más de 60 años.
