Así lo describió el investigador chileno Leonardo Cancino, en una entrevista realizada por correo electrónico por parte de la Agencia Paco Urondo, desde la cual la re-publicamos. El analista se extendió sobre las recientes medidas anunciadas por Bachelet, entre ellas, una reforma tributaria.

Por Enrique de la Calle

AGENCIA PACO URONDO: Bachelet presentó una serie de medidas importantes ni bien asumió la presidencia. ¿Podrías describir las principales?

Leonardo Cancino: Haces referencia a 50 compromisos adquiridos por la coalición gobernante en plena campaña presidencial para los primeros 100 días de mandato y dados a conocer a la opinión pública en octubre del año recién pasado, de estos compromisos, se han cumplido cuatro en la actualidad y corresponden a: el aporte familiar permanente en marzo, que instituye un bono de alrededor de 80 dólares para las familias de más bajos ingresos y que será transferido en marzo de cada año; la creación de un Consejo Nacional de la Infancia que servirá como ente coordinador de materias relativas a esta etapa del desarrollo; el envío al Congreso del proyecto que crea el Ministerio de la Mujer y que reemplaza al Servicio Nacional de la Mujer, aumentando su jerarquía y con ello sus competencias y por último, el proyecto de ley de Reforma Tributaria, que busca aumentar la recaudación fiscal en un 3% del PIB cuando entre a operar en régimen, lo que equivale aproximadamente a la suma de 8.200 millones de dólares, que tienen por objetivo financiar la Reforma Educacional y otras materias relacionadas con la protección social.

A lo anterior se deben agregar algunas otras cuestiones relevantes desde las expectativas que generan, tales como, la paralización de los proyectos de ley sobre educación e Isapres enviados al Congreso por el gobierno de Sebastián Piñera; la Suma Urgencia al proyecto de Acuerdo de Vida en Común que permitirá a las parejas de hecho, incluidas las de minorías sexuales, la adquisición de ciertos derechos patrimoniales; el anuncio de la no aplicación de la Ley Antiterrorista para casos relacionados con el conflicto chileno-mapuche; la solicitud de perdón al pueblo Mapuche por parte del Intendente Francisco Huenchumilla y la invalidación, por parte del comité de ministros, de los acuerdos vinculados al proyecto de Hidroaysén, que consiste en la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en la Patagonia además de las líneas de transmisión hacia la zona central del país.

De todo lo anterior, la medida más importante es la Reforma Tributaria, tanto por su impacto en la recaudación fiscal como por el grado de materialización alcanzado. Debe entenderse que con esto el campo de debate se amplía y en caso de generar los efectos esperados por el gobierno de Bachelet, se contaría con recursos permanentes para financiar alrededor del 50% de los costos relacionados con su programa.

APU: Con esas medidas, ¿Bachelet se hace cargo del alto nivel de movilización popular que caracterizó su elección?

LC: En términos estrictos, ninguna de las demandas enarboladas por los movimientos sociales ha sido satisfecha y difícilmente lo será en el futuro de mantenerse la actual correlación de fuerzas políticas. En términos relativos, tomando por referencia el grado de institucionalización legal, existe un escaso grado de avance.

Te lo planteo de otra forma, las principales movilizaciones que se produjeron entre los años 2011 y 2013, tenían que ver con educación pública gratuita y de calidad; el rechazo a una serie de proyectos de alto impacto medioambiental; la demanda de un nueva Constitución vía Asamblea Constituyente; y a una ampliación de derechos individuales, entre las que cabe mencionar la igualdad de derechos para las distintas orientaciones sexuales, la despenalización del aborto o la legalización de la marihuana.

Cada una de estas aspiraciones requiere para su materialización de una serie de etapas, y no me refiero sólo a lo legislativo, sino que también a fuerzas sociales y culturales que logren poner los temas en agenda mientras se va logrando su institucionalización formal.

APU: Una de las demandas de las movilizaciones populares tiene que ver con la educación gratuita.

LC: En el caso de la educación, existe el compromiso por parte del gobierno de instituir la educación pública gratuita en un plazo de 6 años, compromiso que contrasta con la regulación (y mantención) del mercado de la educación. Entre ambas cuestiones existen tensiones que llegan a momentos de incompatibilidad y que se debaten entre asignar a la educación un sentido de derecho social o de bien de mercado ¿de qué manera se logra superar está aparente paradoja? La respuesta del gobierno ha sido mantener el subsidio a la demanda, es decir, los consumidores de bienes educativos podrán acceder a un mercado competitivo financiados por el Estado, como sostiene Alberto Mayol, negocio redondo para los privados. Como puede apreciar cualquier observador, aun se está muy lejos de lograr incluso mínimamente, lo demandado por los movimientos sociales en este ámbito, el peligro estriba en lograr una victoria pírrica, educación gratuita a cualquier costo, esto es, manteniendo incólume el mercado educacional.

APU: ¿Cuál es la posición de los sectores de la derecha ante el contexto de movilización y de cambios progresivos?

LC: Las élites económicas se encuentran divididas, existen fuertes diferencias al interior de las asociaciones empresariales de Isapres, AFPs y SOFOFA sobre cómo enfrentar esta etapa política; la derecha chilena se encuentra fragmentada y con escaso poder de veto parlamentario; las demandas de los movimientos sociales han permeado la agenda gubernamental y el gobierno cuenta con una mayoría relativamente cómoda en el Congreso para aprobar las reformas más urgentes, con excepción de las que tienen un contenido directamente político, como son las referidas al sistema electoral o la nueva constitución.

Esto ha ocasionado que el debate central se traslade al interior de la propia coalición gobernante entre sus sectores más conservadores y los más progresistas, cuestión no muy distinta a lo sucedido durante los 20 años previos de administración concertacionista, salvo por la incorporación del Partido Comunista al gobierno; por tanto es esperable que las tensiones se resuelvan con una mantención del modelo y con políticas de bonos, dependiendo del caso, flexibles y permanentes, en que el Estado se hace cargo de parte del costo de las inequidades ocasionadas por el modelo.

APU: Uno de los temas propuestos tiene que ver con una reforma tributaria. ¿En qué consiste?

LC: La Reforma Tributaria es probablemente la reforma más importante en esta materia desde el fin de la dictadura militar, pretende aumentar la recaudación fiscal en un 3% del PIB lo que equivale aproximadamente a 8.200 millones de dólares y pretende operar en régimen al cabo de 4 años. Las principales medidas que contempla corresponden a aumentar gradualmente la tasa del impuesto a las empresas desde el 20% actual al 25%; una disminución del impuesto a las personas, para el tramo de más altos ingresos, de un 40% al 35%, cuestión que difícilmente va a resultar avalada por el Congreso; y la medida que ha generado mayor debate es la referida al término del FUT, Fondo de Utilidades Tributables, que consiste en un mecanismo que permite a los dueños de las empresas acumular grandes sumas de dinero sin tributar por ellas, este fondo, según el cálculo de los economistas de la Fundación Sol, ha acumulado $270 mil millones de dólares.

Los efectos de estas medidas aun se están discutiendo y analizando, por lo que podrían sufrir severas modificaciones en el camino hacia su puesta en práctica.

APU: ¿Cómo está Chile en términos de distribución de la riqueza?

LC: Te lo planteo en datos y ejemplos. Según la medición del 2011 que expresa una leve mejora respecto de la medición anterior, Chile posee un Coeficiente de Gini de 0,503 (recordemos que 1 representa desigualdad absoluta y 0 igualdad absoluta); dentro de los países de la OCDE, Chile es el país con peor distribución del ingreso. A nivel mundial entre 160 países, Chile ocupa el lugar 132.

Esto se traduce en que el 1% de la población obtiene el 31% de los ingresos totales, mientras que el 40% lo hace sobre el 12% de los ingresos totales; o que la brecha de ingresos autónomos entre el 5% más rico y más pobre es de 257 veces, o en palabras de Andrés Zahler, que el 10% más rico vive con ingresos promedio que supera a los de Noruega, mientras que el 10% más pobre con ingresos similares a Costa de Marfil. Todo lo anterior en un contexto en que el país ronda un PIB per cápita de 22.000 dólares corregido por paridad del poder de compra. Por tanto si se me permite un adjetivo, la distribución de ingreso en Chile es dramática.