Mientras se inauguraba el martes 22 una conferencia internacional para la reforma de Internet en la sureña ciudad de São Paulo, el Senado de Brasil aprobó un marco civil para el funcionamiento de la red de redes en este país, sancionado al día siguiente por la presidenta Dilma Rousseff.
El tema del primer panel del encuentro NETMundial fue precisamente “Marco Civil de Internet y movilización”, y los ponentes y el público interrumpieron sus debates para aplaudir la decisión brasileña, inédita y con potencial de convertirse en paradigma global.
Según el ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, la elaboración de este marco innovó “no solo en su contenido, sino en su método”, pues contó con la activa participación de la sociedad y de los activistas digitales. “Hubo más de 2.000 contribuciones, y una buena parte de ellas fueron aceptadas”, dijo el funcionario.
En su opinión, se trata de “una carta de derechos y un nuevo conjunto de relaciones que desbarata varios preconceptos”.
El primero se refiere a la cuestión de si se necesita o no regular Internet. Quienes antes dudaban, se convencieron de la urgencia de hacerlo en un mundo cada vez más determinado por las relaciones digitales, según el ministro.
Para Ronaldo Lemos, director del sistema de licenciamiento abierto Creative Commons en Brasil y profesor de la Facultad de Derecho de la Fundación Getulio Vargas, este país “está asumiendo el liderazgo de una discusión compleja”.
El Marco Civil es vanguardista pues contempla la neutralidad, la multisectorialidad y la libertad de Internet, estimó. La red “no será regulada por el gobierno, sino por todos los sectores de la sociedad”, dijo en la conferencia.
En su opinión, Estados Unidos perdió terreno en este proceso debido al espionaje global montado por su Agencia Nacional de Seguridad, que denunció a mediados de 2013 el exagente de inteligencia Edward Snowden.
“La responsabilidad de los avances recayó en Brasil”, dijo Lemos.
La motivación para realizar la conferencia de tres días que concluyó este jueves 24, “apareció justamente luego de las denuncias de Snowden”, dijo a la prensa Virgílio Almeida, uno de los coordinadores NETMundial y secretario de Política de Informática del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
En septiembre del año pasado, la presidenta Rousseff protestó contra el espionaje, que afectó intereses estratégicos de Brasil, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y pidió que se adoptara un mecanismo para la gobernanza de Internet con principios globales.
NETMundial, que recibió 188 aportes de 46 países, tiene dos objetivos: discutir la gobernanza de Internet y pensar las modificaciones al ecosistema del sector. Estos dos puntos contemplan la privacidad, la inviolabilidad, el derecho de discusión y el de asociación.
El secretario ejecutivo del Servicio Federal de Procesamiento de Datos, Diogo de Sant’Ana, recordó a IPS que en un país donde 100 millones de personas –la mitad de la población—están conectados a Internet, hay avances importantes.
Nada menos que 85 por ciento de las compras del sector público se realizan por Internet y los 27 millones de personas que pagan el impuesto a la renta realizan sus declaraciones fiscales por la web, lo que es inédito en el mundo, según Sant’Ana.
La Beá Tibiriçá, directora del Coletivo Digital, aprovechó para enviar un mensaje al prefecto (alcalde) de São Paulo, Fernando Haddad, presente en la conferencia.
“São Paulo siempre fue vanguardia, prefecto. Es hora de reabrir todos los telecentros de la ciudad”, dijo Tibiriçá en declaraciones a IPS. Desde comienzos de este año, las autoridades municipales cerraron 46 de estos centros públicos de acceso a Internet por distintas irregularidades.
Las conquistas de la sociedad plasmadas en el Marco Civil no extinguen sin embargo la lucha por la seguridad y la transparencia, afirmó Daniela Silva, una de las articuladoras de Transparência Hacker, comunidad que combate la opacidad y promueve la participación política.
Silva añadió que en la conferencia le tocó hacer el papel de aguafiestas y “bajar el volumen de la música en lo mejor del festejo”, pues sostuvo que en el Poder Legislativo hay un inmenso “agujero negro” que hace muy difícil conocer y seguir cada enmienda que presentan los legisladores.
Además, la meta ahora es intentar derogar el artículo 15 del Marco Civil, que abre brechas para violar la privacidad, dijeron Silva y otros participantes.
El artículo 15, estiman los críticos, viola la privacidad de los usuarios pues establece que los proveedores de aplicaciones de Internet deberán guardar los registros de accesos durante un plazo de seis meses.
El profesor de la española Universidad Abierta de Cataluña, Manuel Castells, apuntó por su parte que, como las instituciones formales no son capaces de atender las nuevas demandas, deseos y sueños de la población, existe una tendencia natural a iniciar manifestaciones en la red, como ocurrió el año pasado en Brasil y en Turquía.
Pero el activismo no se extingue en Internet, observó Castells. Al contrario. Hay una maduración de las demandas en la web, que se van ampliando exponencialmente y resultan, para estupor de muchos, en miles de personas protestando en las calles.
“La clase política no puede distanciarse de la sociedad. No se trata de tomar el poder, sino de disolver el poder”, alertó.
Javier Toret, uno de los articuladores del movimiento cívico español 15M, sostuvo que la potencia de las redes sociales forzó incluso a los medios de comunicación tradicionales, como los grandes diarios y televisoras, a informar sobre las protestas que al principio eran ignoradas.
Según un estudio de este movimiento, los llamados a través de Internet movilizaron a 40 por ciento de los manifestantes de Brasil, a 29 por ciento de los de España, a 25 por ciento de los turcos y a 39 por ciento de los egipcios, lo que no resulta nada despreciable.
La mexicana Laura Murillo, representante del movimiento estudiantil Yo Soy 132, aseguró que en su país se está tramitando una ley regresiva para regular Internet.
El proyecto permite el bloqueo, sin orden judicial, de contenidos de la red, no garantiza la privacidad del usuario y obliga a las empresas a almacenar los datos de los internautas por dos años, a los cuales puede acceder el gobierno en cualquier momento, dijo Murillo.
Lo más grave, añadió, es que las autoridades podrían bloquear el acceso a Internet en ciertas regiones y por tiempo indeterminado.
Marcia Pinheiro es periodista de Envolverde.
