Morir por ser mujer

Por Rebeca Mateos Herraiz para Periodismo Humano

En 1996 Marcela Lagarde, antropóloga feminista Mexicana, señala que los crímenes contra mujeres que se estaban produciendo en Ciudad Juárez (México) eran feminicidios. Fue la primera vez que se utilizó este término en América Latina y sentaría un precedente para el resto de países de la región.

No es hasta 1993 cuando en Ciudad Juárez la sociedad civil comienza a contabilizar y denunciar que hay un gran número de mujeres y niñas desaparecidas, muchas de las cuales se hallarán muertas, violadas y/o mutiladas, sin que el Estado hiciera nada para investigar y castigar estos delitos.

A partir de entonces, las madres de las víctimas se empiezan a organizar para exigir justicia, y ante la negativa de ser escuchadas por la autoridad en México, alzaron la voz a nivel internacional. Eso hizo posible que los ojos del mundo se fijasen en Ciudad Juárez. A partir de esta experiencia en otras partes del mundo, sobre todo en América Latina, se empezarán a registrar los feminicidios, concepto que designa un homicidio violento de una mujer, por el simple hecho de ser mujer.

En noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos imparte la primera y única sentencia emitida por este Tribunal sobre feminicidio. Sentó un precedente en términos jurídicos, porque señala la implicación que tienen que tener los Estados a la hora de la prevención, la investigación y la sanción de la violencia contra las mujeres. “No existe una convención internacional que establezca cuáles son las obligaciones de los Estados para la prevención y la sanción de la violencia contra las mujeres, por lo que esta sentencia refleja este consenso, al menos discursivo, de que la violencia tiene que ser condenada”, argumenta la mexicana Karla Michel Salas, presidenta de la Asociación de Abogados Democráticos, experta en litigio estratégico y abogada del caso conocido como ‘Campo Algodonero’.

El Parlamento Europeo en el año 2010 emitió una resolución donde reconoce la sentencia de la Corte Interamericana e invita a los países de América Latina, e incluso europeos, a que utilicen esta resolución como una guía de buenas prácticas para la erradicación de la violencia contra las mujeres.

“La sentencia en sí misa representa un logro histórico: sentar al Estado mexicano en el banquillo de los acusados y decirle tú eres culpable por la muerte de estas mujeres. Pudiste haberlo evitado porque tú debiste haberlo prevenido, investigado y sancionado, es un avance y una satisfacción para las familias de las víctimas” (…) “A partir de esta sentencia en México logramos tipificar el feminicidio. México es un Estado Federal, somos 32 entidades federativas, eso significa que cada entidad tiene su propio Código Penal. Desde la sentencia hasta la fecha, hay 30 entidades federativas que han reconocido en su propio Código Penal el feminicidio. Además se han elaborado varios protocolos para investigar este delito; hemos insistido en la elaboración de políticas públicas y que se destinen recursos para atender las causas estructurales que originan este tipo de crímenes. En eso hemos avanzado, aunque evidentemente no vamos a terminar hasta que ninguna mujer muera. Eso es lo que buscamos”, asegura Karla Michel Salas.

Este logro se debe al trabajo de asociaciones civiles como ‘Nuestras Hijas de Regreso a Casa’ formada en el año 2001 y presidida por Norma Esther Andrade cuya hija fue secuestrada, torturada y asesinada. A esta asociación se fueron sumando otras madres que como ella habían perdido a sus hijas de forma terrible y exigían justicia.

‘Nuestras Hijas de Regreso a Casa’ se ha diluido de Ciudad Juárez en la actualidad, no por cumplir el objetivo marcado como asociación, sino porque hay un número elevado de amenazas sobre sus integrantes. En el 2011 Norma Andrade recibió 5 disparos a las afueras de su casa, a los que milagrosamente sobrevivió. Se trasladó a Distrito Federal (México) donde sufrió otro atentado, lo que la llevó a mantenerse en paradero desconocido. En el caso de Marisela Ortíz, cofundadora de la organización, se encuentra tramitando su asilo político a EEUU por las amenazas y hostigamientos que viene sufriendo. Desde 2008 los integrantes de la asociación tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Trabajar en la defensa de los derechos humanos en México no ha sido fácil, aunque en Ciudad Juárez se ha complicado aún más”, comenta Karla Michel Salas al respecto.

Desde 1985 al año 2010 (en 25 años) se han asesinado en México 36 mil 600 mujeres. Solo en Ciudad Juárez (una localidad) fueron asesinadas en ese mismo período 1.488 mujeres y niñas.

“Del 30% de los feminicidios que se comenten en México, el Estado tiene identificados a los responsables. La impunidad entonces tendría que ser del 70%. Sin embargo, el nivel de impunidad en los feminicidios de acuerdo a las investigaciones realizadas es del 99%. Es decir, las autoridades, aún sabiendo quién fue el responsable, ni así investigan. Por tanto estamos hablando de una situación estructural de violencia y de impunidad muy grave”, apunta Karla Michel Salas.

Desde el año 2007 al 2008 se inicia en Ciudad Juárez una guerra que enfrenta al cártel de Sinaloa (hasta hace poco liderado por el Chapo Guzman) contra el cártel de Juárez. “El Estado Mexicano decidió implementar como estrategia de seguridad mayor intervención policial y mandar más armas a una ciudad que prácticamente vivía armada. Como resultado se dieron más de 1.000 mujeres asesinadas en los últimos 6 años”. Para Salas, no es el narcotráfico el origen de los feminicidios, ya que estos crímenes están motivados por la desigualdad y por una abuso de poder que históricamente han ejercido los hombres contra las mujeres, pero el crimen organizado es un elemento que ha generado el incremento de los mismos. “De los 1.488 feminicidios en Ciudad de Juárez cometidos en los últimos 25 años, el 60% se han cometido del año 2008 hasta la fecha”.

Ciudad Juárez fue la ventana al feminicidio para América Latina, sin embargo, los datos que arroja El Salvador son muchísimo más elevados: en un país cuya población es alrededor de 6 millones de personas, han sido asesinadas 5.015 mujeres en 15 años.

“En toda la región latinoamericana hay un problema subyacente: economías que han empobrecido a nuestra ciudadanía; economías que son ciegas e invisibles a las necesidades de las mujeres y de las juventudes. Se suelen hacer análisis simplistas que concluyen que como América Latina es pobre, es por eso por lo que pasan estas cosas. Eso no es cierto. América Latina en las dos últimas décadas logró aumentar indicadores importantes de desarrollo como el acceso a la educación, a la salud y la reducción de la pobreza extrema. Pero no es un tema solo de pobreza, es un tema de igualdad, de sociedades equitativas. La región más desigualitaria en el planeta es América Latina y eso tiene que ver con un impacto de hegemonías que ven a América Latina como el patio trasero de los desechos”, quien lo cuenta es Silvia Juárez, directora del programa Hacia una vida libre de violencia para las mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas (ORMUSA) 

En El Salvador desde 1999, año en el que se empiezan a contabilizar los feminicidios, hasta 2009 la tasa creció un 194%. Menos del 1% de los casos de violencia feminicida contra las mujeres tienen condena.

Si los cárteles en México ha profundizado la problemática, en El Salvador lo ha hecho las pandillas y maras. Según Juárez, las mujeres son asesinadas como parte de un ritual de iniciación de los pandilleros y forman parte de estas estructuras de forma obligada.

El tema de las armas ilegales que circulan por el país, es otro de los factores que han favorecido el incremento de los  feminicidios. En El Salvador hay al menos 2.2 millones de armas circulando de forma ilegal. “Hay causa directa entre sociedades armadas y la pérdida de la vida de las mujeres. Hay un 272% de posibilidades de que una mujer pierda la vida cuando hay un arma en casa”.

La seguridad privada es un negocio en este país centroamericano, tal y como cuenta Juárez: “Al menos existen 300 empresas de seguridad en El Salvador que llegan a ocupar hasta 18 mil efectivos civiles armados, libres de entrenamiento y sin controles estatales frente al uso de armas, controladas en su mayoría por militares retirados tras el conflicto armado y que ejercen una violencia directa contra las mujeres. Empresas privadas dedicadas al cuidado del patrimonio, protectoras de personalidades importantes, narcotraficantes… “. Según Juárez, el Estado tiene desarrollado una unidad presupuestaria a partir de los bienes que cuida: hurto y robo de vehículos, lavado de dinero, secuestros, etc. “Las unidades que cuidan del patrimonio cuentan hasta con el 60% de los recursos, pero apenas se destina un 12% del presupuesto estatal contra la violencia hacia las mujeres. Es una manera que tiene el Estado de decir: mis intereses están aquí, lo demás no me importa”.

Para Juárez las mujeres mueren de otras maneras, no necesariamente violentas, cuyas causas pertenecen a lo que se entiende como violencia feminicida.”En El Salvador está prohibida la educación sexual integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Cuando esto sucede las mujeres tienen un sin fin de riesgos para perder la vida o llevar una vida con muchas limitaciones. Una mujer que no puede acceder a una salud reproductiva y que es forzada a tener embarazos, seguramente no va a tener su propio proyecto de vida. El Estado quiere que las mujeres, como madres, asuman una agenda del cuidado sobre sus hombros, sin que él asuma ninguna responsabilidad. Eso es violencia feminicida” (…) “Cuando se reduce o se tienen nulos presupuestos para la prevención y la atención de las enfermedades que son causas directas de muerte en mujeres como el cáncer uterino y de mama, porque la Iglesia y los Estados fundamentalistas lo impiden, eso es violencia feminicida”.

Tanto Silvia Juárez como Karla Michel Salas consideran que si bien es cierto que hay un agresor directo que priva de la vida a las mujeres, también hay un agresor estructural que nunca asume la responsabilidad y al que pocos señalan como culpable de esas muertes: el Estado. Y consideran que el nexo común más destacado que une los feminicidios cometidos en México y El Salvador es la impunidad.También lo cree así Mercedes Hernández, presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG) e investigadora de feminicidios y violencia sexual en conflictos armados.

En Guatemala, la tendencia de los feminicidios en los últimos 15 años es al alza, aunque se mantiene una constante de aproximadamente 700 casos registrados en los últimos 6 años. Hernández considera que no existe una razón única para esta escalada de feminicidios. “Aunque las diferentes manifestaciones de la violencia feminicida tienen como denominador común la desigualdad estructural de poder entre hombres y mujeres, el resultado final es la convergencia de múltiples factores que apuntan al incumplimiento del Estado como garante de la protección de sus habitantes. En la debilidad crónica de los Estados del triángulo norte de Centroamérica se refleja su incapacidad para detener y contener la violencia legítima, permitiendo y tolerando así que las mujeres permanezcan en el fuego cruzado de los diferentes grupos armados que se disputan actualmente el territorio y la soberanía de nuestro país. Los cuerpos de las mujeres se convierten en el campo de batalla de las nuevas modalidades de conflicto armado, de la misma forma en que lo fueron durante el conflicto armado que duró casi 40 años en Guatemala y en el cual más de 100 mil mujeres fueron víctimas de violencia sexual”.

Hernández considera que el crimen organizado es una de las señas de identidad de los Estados debilitados que permiten y fomentan las altas tasas de feminicidio. Sin embargo, la relación entre ambas realidades sociales es uno de los capítulos menos explorados y teorizados a pesar de constituirse como una de las mayores preocupaciones de la población latinoamericana. “La posición geoestratégica de Guatemala, por donde transita el 80% de la droga de producción andina rumbo a EEUU, favorece el crecimiento de la economía criminal producida por las mafias que convierten a miles de mujeres y de niñas en la mercancía de las redes de trata, en cobradoras de los impuestos de guerra, en transportistas de droga, de armas y de dinero lavado, así como en propiedad sexual de los diferentes grupos armados y en niñas soldado generalmente destinadas a la extorsión y al sicariato”.

“Guatemala se enfrenta a un feminicidio de Estado”, así de categórica se muestra Mercedes Hernández, para quien solo con la connivencia y la complicidad del Estado se puede alcanzar una tasa de feminicidios como la que existe en este país centroamericano. Otra razón destacada por Hernández es el olvido de la comunidad internacional. Por ello, considera necesario que determinado tipo de feminicidios se conviertan en crímenes de Derecho Internacional. “En esta tipología el bien jurídico protegido no es la vida en lo individual, sino la humanidad en su conjunto”, afirma.

Tanto en Guatemala como en otros países de Latinaomérica ha sido esencial la visibilización de la problemática. Para ello, según Hernández, la marcada presencia social de las mujeres organizadas y del movimiento feminista ha sido el elemento clave. “Ni un sólo avance ha sido una concesión. Cada paso hacia adelante ha sido antecedido de duras batallas, materiales y simbólicas, contra un orden social que se niega a cuestionar los privilegios masculinos que sustentan el orden de desigualdad imperante”.

66.000 mujeres y niñas son asesinadas cada año en el mundo, según el informe ‘Femenicide: A global problem’, publicado en 2012. De los 12 países con la tasa más alta de feminicidios, 5 son de América Latina (El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia y Bolivia), que superan los 6 asesinatos de mujeres por cada 100 mil habitantes de sexo femenino.