Una investigación del Transnational Institute devela que en los primeros nueve meses de 2013, los 25 multimillonarios más ricos aumentaron su riqueza en 85 mil millones de dólares. La centralización de poder también creció: Una pesquisa sobre 43 mil transnacionales mostró que menos de 1%, principalmente bancos, controlan las acciones de 40% de los negocios globales. Bienvenidos a la captura de la democracia por las corporaciones, que disfrazan su avaricia con el libre mercado.
Las empresas transnacionales continúan beneficiándose extraordinariamente de la crisis económica y financiera, señala Brid Brennan, que presentó el informe Estado del poder 2014 del TNI en la conferencia de prensa del Public Eye Awards en Davos, Suiza.
El Informe Estado del poder 2014 de TNI revela que en el último año, las empresas transnacionales (ETNs), especialmente los bancos y la industria de gas natural y petróleo, continuaron beneficiándose extraordinariamente de la crisis económica y financiera mientras que los pueblos pagan el costo. A pesar de su responsabilidad por las crises financiera y ecológica, los paquetes de salvataje y de “austeridad” trabajan para beneficiar el 0,001% y restringir la renta y aumentar la presión sobre el 99%.
Nuestra investigación demostró que en los primeros nueve meses de 2013, los 25 multimillonarios más ricos aumentaron su riqueza en 85 mil millones de dólares, mientras que, en el sur global y en los EEUU y UE, más personas pierden su renta a través del desempleo o pérdida de subsistencia y soportan hambre y empobrecimiento. La centralización de poder también creció. Un estudio de 43 mil transnacionales mostró que menos de 1%, principalmente bancos, controlan las acciones de 40% de los negocios globales. Esto no es solamente injusto, pero también demuestra la vulnerabilidad extrema de nuestro sistema económico actual.
Las estadísticas muestran que nuestra inhabilidad de resolver la pobreza, la desigualdad, tener educación gratuita o investir en una transición verde no tiene su causa en la falta de dinero, pero en la cuestión de quien lo detiene. La riqueza actual de los 100 más ricos podría, por ejemplo, pagar por 1.111 años de los gastos públicos de Ruanda o 130 años de los costes de la adaptación al cambio climático.
El premio Nobel de economía Paul Krugman comentó que este “enfoque en la austeridad fue sobre usar la crisis, no resolverla. Todavía lo es”1. La tendencia actual de malversar masivamente los recursos de los bienes comunes, de ciudadanos y de sus instituciones públicas para el enriquecimiento de los que ya son ultra-ricos es integral para esta fase de restructuración del modelo neoliberal de la economía.
Sin embargo, esta no es solo la historia de individuos ultra-ricos, sacando su riqueza de las operaciones de empresas transnacionales de las que son dueños o que lideran como ejecutivos. Tampoco es sobre que transnacionales tienen mejor o peor comportamiento. La concentración de riqueza, poder y la resultante impunidad corporativa está construida en un sistema de privilegios extraordinarios y “super-derechos” de las empresas transnacionales establecidos por la captura corporativa de las funciones legislativas del gobierno y frecuentemente con la complicidad activa de muchos gobiernos. Según el Profesor Jeffrey Sachs, “(tenemos) una cultura de impunidad basada en la expectativa bien comprobada que los crímenes corporativos son rentables.” Esto permite a las transnacionales continuar actuando con impunidad al costo de violaciones diseminadas de derechos humanos y de los pueblos establecidos y de la destrucción sostenida del planeta.
Estas informaciones resultan de nuestro estudio de la mayores transnacionales del mundo. Casi todas en los últimos cinco años fueron acusadas o multadas por lavaje de dinero, fraude, soborno, espionaje corporativa. Esto no tiene que ver con ser buena o mala empresa: esto dice respecto a una estructura de poder y impunidad que significa que los lucros corporativos pueden ignorar, esconder o deliberadamente disimular cualquier coste social y ambiental de sus operaciones.
Una de las principales razones sistémicas para la impunidad corporativa generalizada es lo que los movimientos sociales conceptualizamos como la “arquitectura de la impunidad”: el marco normativo asimétrico que, por un lado, proporciona a las transnacionales “super derechos” a través de la Lex Mercatoria (el marco legal que protege los intereses de los inversionistas) tales como los Tratados de Libre Comercio, los Tratados Bilaterales y Plurilaterales de Inversiones, la mayoría de los cuales incluyen un mecanismos de resolución de controversias (que permiten a las empresas transnacionales procesaren a los gobiernos), mientras que, por otro lado, todas las normas jurídicas diseñadas para proteger los derechos humanos y padrones ambientales son minados. Las prescripciones de políticas de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, bien como la Organización Mundial del Comercio (OMC), también tienen su rol en esta arquitectura de la impunidad.
Estos instrumentos jurídicos de la Lex Mercatoria son vinculantes y tienen mecanismos de hacer cumplir – tales como el Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC (donde gobiernos pueden procesar uno al otro por no cumplimiento con el régimen de liberalización comercial establecido bajo presión corporativa) o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, donde empresas pueden procesar gobiernos y son frecuentemente premiadas con mega compensaciones. En el 2013, el CIADI multó al gobierno de Ecuador en 2,3 mil millones de dólares por finalizar el contracto con Occidental Petroleum Corporation (OPC), aunque haya sido la OPC quien primero había rompido el contracto con el gobierno de Ecuador. La suma demandada contra Ecuador representa el 59% del presupuesto del año de 2012 para educación y el 135% del presupuesto anual con salud en el país2.
El sistema internacional de Derechos Humanos por otro lado no tiene un Tratado vinculante sobre las operaciones de las transnacionales y todavía menos un mecanismo de hacer cumplir para solucionar los crímenes corporativos o ofrecer remediación y justicia a las comunidades afectadas. Por el contrario, la Unidad de Empresas y Derechos Humanos de la ONU, conjuntamente con gobiernos cómplices promueven directrices voluntarias débiles a través del marco de Responsabilidad Social Corporativa como falsa respuesta a las violaciones de derechos humanos y crímenes corporativos.
El historial de esta impunidad corporativa ha sido trazado en casos bien documentados de violaciones de derechos humanos y de padrones ambientales por transnacionales, como en el informe Impunidad SA. Esta impunidad sistemática también está bien documentada en las múltiples campañas lanzadas a partir de las comunidades que tienen sus bosques devastados, sus ríos contaminados, sus tierras envenenadas con tóxicos o las comunidades destruidas por la extracción de los recursos naturales y desalojos, como los que vemos en los casos seleccionados para el Public Eye Awards 2014.
Lo peor es que hay intentos de profundizar la captura corporativa en el funcionamiento de nuestro sistema democrático. Esto está elaborado en la Global Redesign Initiative (GRI) – el informe del Foro Económico Mundial publicado en 2010 – Everybody’s Business: Strengthening International Cooperation in a more Interdependent World. La GRI está determinada a atacar la democracia representativa como conocemos. En la GRI, el Foro Económico Mundial y la Clase de Davos no dejan dudas que ellos creen saber mejor como gobernar la economía global y nuestras vidas cotidianas: “gobernar hoy no es más una cuestión de gobierno solamente… las ‘funciones públicas’ básicas de los gobiernos fueron redefinidas… por lo tanto el desafío es como reinventar el gobierno como una herramienta para la creación conjunta de valor público.” El Foro Económico Mundial ve esta solución en una forma de gobernanza con “múltiples partes interesadas” que consiste en empresas transnacionales, gobiernos y una selección de entre la sociedad civil, pero especialmente empresas.
Este abordaje de gobierno de “múltiples partes interesadas” está ya operacional en instituciones tales como European Roundtable of Industrialists (ERT), el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (World Business Council for Sustainable Development – WBCSD) y el Diálogo Empresarial Transatlántico (Trans-Atlantic Business Dialogue – TABD). El TABD se considera una institución política teniendo un rol oficial en determinar las prioridades de las políticas públicas de UE y EEUU y cuyo mayor éxito ha sido la preparación secreta del Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión – el Tratado de Libre Comercio propuesto entre EEUU y UE.
Esta amenaza radical a la democracia también es subrayada por Susan George en su artículo Estado de las Corporaciones: “No es solo su tamaño, su enorme riqueza y activos que hacen de las transnacionales un peligro para la democracia. Es también su concentración, su capacidad de influenciar, y frecuentemente infiltrar gobiernos y su habilidad de actuar como una clase social internacional genuina para defender sus intereses comerciales contra el bien común.” Es este tipo de poder de tomada de decisión, bien como el poder de imponer la desregulación en los últimos 30 años, resultando en cambios en las constituciones nacionales, y en la legislación nacional e internacional que creó el ambiente para los crímenes corporativos y la impunidad.
Históricamente hubo distintos intentos de oponer y reverter este dominio de y para las transnacionales, y estos intentos continúan en muchas campañas globales contra la liberalización del comercio y de las inversiones, bien como las campañas para establecer un régimen de responsabilización para las transnacionales. Entre las más recientes, hay la iniciativa por Obligaciones Extraterritoriales (ETOs) y el lanzamiento de la Campaña Global Desmantelemos el Poder Corporativo y Pongamos Fin a la Impunidad. Esta campaña, liderada por más de 150 movimientos, redes de la sociedad civil y de derechos humanos prevé el desarrollo del Tratado de los Pueblos por obligaciones vinculantes a las transnacionales. Algunas de sus principales demandas han sido reflejadas en una petición oficial hecha por 85 gobiernos, liderada por Ecuador, ante al Consejo de Derechos Humanos en el mes de Septiembre de 2013.
Ante a crímenes como Rana Plaza en Bangladesh, el masacre de los mineros de platino en Marikana, Sudáfrica, el derrame de petróleo en el Golfo de México por British Petroleum, y la corrida global por fracturación hidráulica y acaparamiento de tierras, una resistencia global está emergiendo en el nivel local con las luchas de resistencia de las comunidades al extractivismo y a las prácticas laborales y operaciones de las transnacionales. Es la resistencia construida sobre lo que Naomi Klein llama “la emergencia de la reconstrucción de los pueblos”3. Es la resistencia que va más allá de la crítica para lo que Hilary Wainwright ve como la construcción y incrustación de luchas y oportunidades de poder transformativo en el cambio institucional. Este poder transformativo emergente también está tomando el desafío de parar y desmantelar el poder y la impunidad corporativas.
Davos es una ocasión importante para destacar esto y ponerlo en el centro de la opinión pública y en una agenda política transformadora.
Brid Brennan*
* Coordinadora del programa Regionalismos Alternativos del TNI
REFERENCIAS:
1. Paul Krugman, The Austerity Agenda New York Times, 31 May 2012
2. Decision on the Stay of Enforcement of the Award, Occidental Petroleum Corporation vs The Republic of Ecuador ICSID Case o. ARB-06-11
3. Naomi Klein: The Shock Doctrine.
