El Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano de Ecuador ha sido la cartera desde la cual se ha impulsado la trasformación del sistema educacional de este país, el que pasó desde un modelo de mercado a manos de operadores privados a un sistema público gestionado por el Estado. Un proceso iniciado hace poco más de seis años que en este momento ha comenzado a mostrar sus beneficios.
No sólo al haber logrado instalar un sistema educacional que responde a las necesidades económicas, sociales y culturales del país, sino un sistema inclusivo acorde con la democratización de la sociedad ecuatoriana.
Ecuador es en este momento la nación latinoamericana que destina más recursos a educación en relación a su producto, en tanto el presupuesto a esta actividad ha crecido más de cinco veces en siete años. Son cifras que expresan un proceso basado en el derecho a una educación de calidad. Hoy, más del 70 por ciento de la cobertura de la educación superior la entrega el sector público.
Durante esta semana altos representantes de este ministerio visitan Chile. A partir de hoy lo hace el ministro Guillaume Long, y desde el lunes está la viceministra María Belén Moncayo. Ambos mantendrán una apretada agenda que incluye desde el ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre a los diputados y diputadas que proceden de la dirigencia estudiantil. Las reuniones seguirán con académicos y con la actual mesa de la Confech.
El interés en conocer la experiencia ecuatoriana es enorme, ya que el cambio surge de un escenario similar al chileno marcado por los efectos de los ajustes estructurales de las décadas pasadas. Al respecto, la viceministra Moncayo nos entrega algunas pistas a seguir en un camino que es posible recorrer. Si lo pudo hacer Ecuador, por qué no Chile.
La propuesta constituyente en Ecuador, relata María Belén Moncayo, “se constituye como el punto de partida del proceso de la educación superior y de la revolución del conocimiento. La propuesta constituyente se concentra particularmente en regular el campo de la educación superior por parte del Estado, que en el modelo neoliberal estuvo siempre en manos del mercado. La regulación consiste particularmente en proponer en términos constitucionales la educación como un derecho y como un bien público. Un derecho que tiene que ser garantizado por el Estado”.
Agrega que “había que garantizar el derecho con una educación de calidad. Constitucionalmente se propuso un rediseño institucional que permitiera llevar adelante el proceso y financiarlo”. Como resultado, dice, “hemos incrementado de manera importante nuestras cifras de inversión; por ejemplo, invertimos en educación superior el 1,85 por ciento de nuestro PIB, que es la inversión más alta en toda América latina, cuyo promedio es 0,8 por ciento. El presupuesto se incrementó de 350 millones de dólares en el 2006 a 1,5 mil millones en el 2013, un crecimiento de unas cinco veces. Esa apuesta en educación pública permite colocar en otro nivel este discurso político, de que la educación es un bien público y un derecho. Lo garantizamos y lo hacemos efectivo”.
La educación gratuita se consagra en Ecuador hasta el tercer nivel, que es el universitario, en el cual alrededor del 70 por ciento es pública. Los ecuatorianos, señala Moncayo, “siempre le dimos importancia a la educación pública”, tanto así que al fortalecerla ha habido una migración de lo privado a lo público que está rebasando las expectativas, “que está obligando a que llevemos adelante un plan de inversión para poder generar mejores condiciones de aprendizaje, mejor infraestructura. Cada vez son más familias que prefieren lo público para sus hijos”.
El cambio, que ha tardado unos seis años, no ha estado libre de tensiones, pero éstas, dice, son necesarias porque permitieron develar las desigualdades en las relaciones de poder. “El espacio para remover esas tensiones fue nuestra Asamblea Nacional, el legislativo, al momento de la discusión de la ley de educación superior. Ahí se establecieron las mayores tensiones, pero se resolvieron de tal forma porque ese proceso de transformación de la educación superior tiene un nivel de legitimidad social muy alto. La sociedad ecuatoriana está convencida que el cambio es necesario y lo que yo veo es que en Chile tiene también ese mismo nivel de legitimidad”.
