Los jueces de la Corte Constitucional escucharon este martes los argumentos presentados en la audiencia para tratar las demandas de constitucionalidad de la Ley de Comunicación y se pronunciarán en los próximos días.

Paralelamente, en las calles adyacentes a la Corte, ciudadanos expresaron en carteles su apoyo a la vigencia de la normativa que, entre otras cosas, garantiza un acceso igualitario a las frecuencias de los medios privados, públicos y comunitarios, así como establece criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores.

En la diligencia, el procurador jurídico de la presidencia, Alexis Mera, defendió la legalidad de la ley de comunicación, aprobada en junio de 2013 tras casi cuatro años de bloqueos por parte de la oposición, ONG, ciertos gremios de prensa y los propietarios de los medios privados dominantes en el mercado.

El jurista manifestó que la comunicación es un servicio público y por tanto debe ser regulado. Además, negó que esta esté en poder del Ejecutivo.

Por parte de la Procuraduría del Estado, Jeymi Carvajal aseveró que la ley siguió legalmente todos los caminos establecidos para su aprobación y destacó que las tres demandas instauradas en contra de la normativa no cumplen con los requisitos legales.

El político de oposición Luis Fernando Torres señaló que la aprobación de la Ley en la Asamblea Nacional careció de legalidad porque se introdujeron artículos sin haber sido aprobados en debate.

La diligencia tuvo un leve cruce de palabras entre el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, y varios de los presentes en la sala que presentaron la demanda contra la Ley como Torres, el político, también de oposición, Henrique Herrería, el director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), Diego Cornejo, entre otros.

El superintendente subrayó que la Ley de Comunicación fue aprobada por referéndum popular y cuestionó el accionar de los demandantes.

“Dónde estaba Diego Cornejo cuando el director de diario Hoy (Enrique Mantilla) atropelló a una niña y la dejó abandonada en la calle. Esa información fue invisibilizada por los medios de comunicación y ahora vienen a hablar de libertad de expresión”, criticó el funcionario.

Grupos sociales también tuvieron espacio en la audiencia. El colectivo Con mi propia voz hizo un pronunciamiento a través de Marcía Guzmán, en el que aseguran q “la Ley de Comunicación favorece a los ciudadanos y abre el camino a la recuperación del poder de expresarnos y ser miembros activos en el proceso comunicativo”.

La Ley de Comunicación recibió tres demandas de inconstitucionalidad. Varios artículos fueron impugnados por supuestamente violarían la Constitución ecuatoriana.

Alex Campaña, ciudadano afectado por la desinformación de la prensa privada, presentó ante la sala un video que recogió las diferentes notas periodísticas que lo vincularon con el asesinato de sus dos hijos, sin una investigación adecuada.

“Manipularon la información, empañaron mi nombre y no he recibido ni una disculpa por parte de los medios”, dijo Campaña.

La Ley de Comunicación de Ecuador garantiza la repartición equitativa de las frecuencias: 33% para los medios privados, 33% para los públicos y 34 para los comunitarios, establece criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores y fomenta la producción nacional.