La defensa jurídica de los comuneros ecuatorianos afectados por la contaminación ambiental, dejada por la petrolera estadounidense Chevron-Texaco en la Amazonía prepara la apelación contra el fallo del juez Lewis Kaplan, que señaló a los demandantes como una organización conformada para extorsionar a la transnacional norteamericana, manifestó este miércoles el abogado Steven Dozinger.

Según el fallo del magistrado estadounidense, amparado en la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) que es utilizada para casos de crimen organizado, la sentencia del pago de 9.500 millones de dólares por remediación ambiental emitida en Ecuador, fue fraudulenta y por ello impide al abogado Steven Donziger y a las comunidades hacer cumplir la sentencia en Estados Unidos (EE.UU.), además de congelar los procedimientos para el cobro.

Tras conocer este martes la decisión del juez Kaplan, el abogado Dozinger señaló que el magistrado está parcializado y que al momento preparan la apelación de la decisión judicial que será entregada en la corte de apelaciones de EE.UU., posiblemente la próxima semana.

“Rechazo todo lo que dijo el juez (Kaplan). No me permitió montar mi defensa. Hizo prohibición de presentar pruebas de la contaminación de Chevron en Ecuador. Fue un juicio más de teatro pero no va a tener el menor impacto porque en los otros países ni en Estados Unidos van a hacer aceptar la decisión de Kaplan” señaló el jurista, quien minimizó el efecto del fallo judicial.

Aseguró que esta sentencia no frena los procesos de cobro instaurados en países donde Chevron-Texaco tiene activos fijos como Argentina, Brasil, Canadá, donde los afectados amazónicos cuentan con el apoyo de cuerpos de abogados.

La Corte Provincial de Sucumbíos emitió la primera sentencia en contra de Chevron–Texaco en febrero de 2011. El magistrado Nicolás Zambrano decidió que la petrolera debe pagar 9.500 millones de dólares para ser empleados en la reparación del daño ambiental, que incluye limpieza de los suelos, instalación de sistemas de agua e implementación de sistemas de salud para la zona. Adicionalmente sentenció las disculpas públicas por parte de la transnacional petrolera y en caso de no cumplir, el monto de la sanción se duplicaría, como efectivamente ocurrió y la penalidad subió a 18 millones.

Este fallo fue apelado y el caso pasó a la fase de revisión de la sentencia (casación) en la Corte Nacional de Justicia en noviembre del año pasado, instancia jurídica que redujo la penal a la sanción inicial, es decir al pago de 9.500 millones de dólares. Con este proceso, Chevron-Texaco agotó todos los recursos jurídicos en el país suramericano que entró desde 2011 en un profundo proceso de transformación de sus sistema judicial, el cual fue aprobado por referéndum popular.

La compañía Texaco, adquirida posteriormente por Chevron, sentenciada en Ecuador por las afectaciones ambientales a la Amazonía, debido a sus operaciones extractivas registradas entre 1964 y 1990, inicio hace poco una campaña de desprestigio del Ecuador, según considera el gobierno de eses país, el cual emprendió por su parte la campaña “La mano sucia de Chevron” para denunciar al mundo los efectos dejados tras el paso de la transnacional en la selva ecuatoriana, una de las más megadiversas del mundo.

Fuente: Andes