Por Amy Goodman y Denis Moynihan
“Mi administración se compromete a crear un nivel de transparencia del Gobierno sin precedentes”, escribió el Presidente Barack Obama el 29 de enero de 2009, apenas días después de haber asumido la presidencia. Y agregó: “La transparencia fortalecerá nuestra democracia y promoverá la eficiencia y la eficacia del Gobierno”. Hoy, tras seis años de mandato, la “nueva era de transparencia del Gobierno” parece otra gran promesa cínicamente incumplida.
Durante el “Sunshine Week”, el evento que la industria de los medios de comunicación celebra cada año para educar a la población sobre la importancia de la transparencia del Gobierno, Associated Press informó que “el año pasado, más que nunca antes en la historia, el Gobierno censuró partes de expedientes gubernamentales o directamente denegó el acceso a ellos al público en virtud de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA, por sus siglas en inglés)”. El informe de AP agrega: “El año pasado fue el peor desde que Barack Obama asumió la presidencia en lo que respecta a los esfuerzos del Gobierno de ser más transparente con respecto a sus actividades”.
La noticia no tomó por sorpresa a Ryan Shapiro, un estudiante de posgrado del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) que acaba de entablar una demanda a nivel federal contra el FBI, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) para intentar obtener registros públicos sobre el papel desempeñado por Estados Unidos en el arresto de Nelson Mandela en 1962, que lo harían pasar los siguientes 27 años en prisión. Cuando sus solicitudes de información sobre Mandela, en virtud de la Ley de Libertad de Información, fueron denegadas, Ryan Shapiro decidió entablar una demanda. “Quiero encontrar estos expedientes, en primer lugar, porque me interesa saber por qué la comunidad de inteligencia de Estados Unidos consideraba a Mandela una amenaza a la seguridad estadounidense y qué papel desempeñó la comunidad de inteligencia de Estados Unidos en el boicot a la lucha de Mandela por la justicia racial y la democracia en Sudáfrica”.
Cuando Shapiro presentó su pedido de información a la NSA para obtener detalles del arresto de Mandela hace más de 50 años, la agencia le respondió: “Con respecto a su solicitud de información de inteligencia sobre Nelson Mandela, hemos determinado que la existencia o inexistencia de los materiales que solicita es actualmente un asunto clasificado”. ¿Medio siglo más tarde?
Shapiro también quiere obtener información sobre la inclusión de Mandela en la lista de sospechosos de terrorismo de Estados Unidos hasta 2008, muchos años después de que fuera el primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente y varios años después de haber obtenido no solamente el Premio Nobel de la Paz, sino también la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos y la Medalla Presidencial de la Libertad, condecoración otorgada por el presidente de Estados Unidos.
Le pregunté a Shapiro por qué quería obtener los documentos. “La respuesta está relacionada con una concepción muy estrecha de la seguridad nacional, esta concepción miope que antepone las alianzas militares y el lucro empresarial a los derechos humanos y las libertades civiles”.
Por su trayectoria, Shapiro tiene un interés personal en el hecho de que el Gobierno califique a los activistas de “terroristas”. En 2002, participó en un acto de desobediencia civil cuando se infiltró en una granja donde se crían patos para la producción de foie gras: “Los animales están encerrados en jaulas tan pequeñas que no pueden estar de pie, ni moverse ni extender las alas, estas condiciones horrorosas son la regla general en los criaderos industriales. Rescaté o robé abiertamente a los animales de la granja industrial y realicé un documental al respecto. Lo hice como un acto de desobediencia civil, pero es un delito, por el que tuve que cumplir 40 horas de servicio comunitario”. Desde entonces, buena parte de los estados del país han ido aprobando las denominadas leyes ‘Ag-Gag’ que equiparan este tipo de activismo por los derechos de los animales con actos de terrorismo y pueden implicar penas de prisión severas.
Shapiro afirma que la tesis en la que está trabajando, titulada: “Cuerpos en Guerra: animales, la libertad científica y la seguridad nacional en Estados Unidos”, investiga “el uso de la retórica y el aparato de seguridad nacional para marginar a los activistas que protegen los derechos de los animales, desde el siglo XIX hasta la actualidad ”. Para encontrar la respuesta a su investigación, Shapiro necesita acceder a una gran cantidad de documentos públicos. Ha presentado 700 solicitudes ante el FBI, en virtud de la Ley de Libertad de Información, y está en busca de 350.000 documentos clasificados, lo que le ha ganado el mote del solicitante “más prolífico” del Departamento de Justicia. Por su parte, El FBI calificó parte de su tesis como una amenaza a la seguridad nacional.
En 2008, cuando Barack Obama estaba en plena campaña electoral, era a menudo presentado como catedrático de derecho constitucional. Como tal, suponemos que estudió las obras de uno de los autores de la Constitución, James Madison, el cuarto Presidente de Estados Unidos, considerado el “Padre de la Declaración de Derechos”. Madison escribió en 1822: “Un gobierno popular, sin información popular ni los medios para obtenerla, no es sino el prólogo de una farsa o una tragedia, o quizá de ambas”. Tras las revelaciones de Edward Snowden acerca del amplio espionaje y vigilancia de la NSA y los pésimos antecedentes de falta de transparencia del Gobierno, el Presidente Obama ya ha sobrepasado trágicamente la farsa.
