Amy Goodman y Denis Moynihan

«Llegué al punto de estar parado frente a las vías del ferrocarril en el sur de Florida, esperando que pasara el tren para tirarme debajo de él y acabar con mi vida», me dijo Desmond Meade, al contarme cómo era su vida hace nueve años. No tenía donde vivir, estaba desempleado, recién salía de la cárcel y era adicto a las drogas y el alcohol. El tren nunca pasó. Cruzó las vías y se inscribió en un programa de rehabilitación para adictos. Más adelante fue a la Universidad y hoy le faltan apenas unos meses para recibirse de abogado.

Sin embargo, Meade no podrá ejercer el derecho en el estado de Florida. En ese estado, las personas que estuvieron en la cárcel no pueden ser miembros del Colegio de Abogados. Ese es solo uno de los derechos del que lo han privado en forma permanente las leyes draconianas de Florida. En una democracia, si deseamos modificar una ley, votamos a los legisladores para que representen nuestros intereses. Sin embargo, Meade, por ser un ex recluso de Florida, también perdió el derecho al voto por el resto de su vida.

La ley se denomina «privación del derecho de voto por haber cometido un delito» y tiene carácter permanente en once estados de Estados Unidos: Alabama, Arizona, Florida, Iowa, Kentucky, Mississippi, Nebraska, Nevada, Tennessee, Virginia y Wyoming. La restricción es aplicada en todo Estados Unidos en diferente medida y con diferentes características. En trece estados y en el Distrito de Columbia una persona que ha estado presa recupera sus derechos al ser liberada. En otros estados, es preciso haber cumplido libertad condicional o libertad bajo palabra. En Maine y Vermont, los presos conservan el derecho de voto, incluso durante su encarcelamiento.

El Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, habló sobre el tema esta semana en un simposio de derecho celebrado en la Universidad de Georgetown:

«En la actualidad, en todo el país, alrededor de 5,8 millones de estadounidenses, 5,8 millones de compatriotas, tienen prohibido votar debido a que han cumplido o están cumpliendo una condena. Esta cifra supera la población total de 31 estados de Estados Unidos». Esto significa que a alrededor de 6 millones de estadounidenses se les niega el derecho al voto. Debido a las desigualdades raciales de nuestro sistema penal, esta medida niega el derecho al voto a hombres afroestadounidenses y a los de origen latino en forma desproporcionada con respecto al resto de la población. Holder añadió: «El alcance actual de estas políticas no solo es demasiado grande como para no verlo, sino que además es demasiado injusto como para tolerarlo».

La conferencia de la Universidad de Georgetown fue co-patrocinada por The Leadership Conference, una coalición de grupos que defienden los derechos civiles y jurídicos y organizaciones de derechos humanos. En septiembre de 2013, el grupo publicó un informe titulado «Democracia Encarcelada». En el informe, el grupo escribe: «El índice de privación de derecho al voto en Florida es el más elevado y el más desigual de todo Estados Unidos desde el punto de vista racial». No es casualidad que en este estado, en el que la contienda electoral entre demócratas y republicanos suele ser muy reñida, vivan más de un millón de los 6 millones de personas que han perdido el derecho al voto en el país.

El ex gobernador de Florida Charlie Crist flexibilizó las leyes y solicitó el restablecimiento automático de todos los derechos. Sin embargo, en 2011, su sucesor, el gobernador republicano Rick Scott, impuso un período de espera de al menos cinco años para realizar una solicitud de restablecimiento de derechos ante el Consejo de Clemencia. Meade nos contó en el programa de noticias Democracy Now!: «Incluso después de haber presentado la solicitud el proceso lleva más de seis años. De modo que, en realidad, las personas deben esperar entre once y trece años tan solo para ver si tienen la posibilidad, la oportunidad, de que les devuelvan sus derechos». Crist se cambió de partido para candidatearse como gobernador por el Partido Demócrata, como rival de Scott.

La profesora de derecho Michelle Alexander inicia su revolucionario libro «The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness» (El encarcelamiento masivo en la era del daltonismo) con la historia de Jarvious Cotton. Alexander escribe: «El tatarabuelo de Cotton no podía votar porque era un esclavo. Su bisabuelo fue asesinado a golpes por el Ku Klux Klan por intentar votar. …Su padre no pudo votar por el impuesto al sufragio y la prueba de alfabetización. Hoy en día, Jarvious Cotton no puede votar porque, al igual que muchos hombres negros en Estados Unidos, ha sido estigmatizado como delincuente y está en libertad bajo palabra».

A nivel nacional, se están proponiendo proyectos de ley que garantizarían el derecho al voto a ex convictos, que cuentan con apoyo tanto de representantes demócratas como republicanos. El Senador republicano Rand Paul, de Kentucky, habló en la conferencia de la Universidad de Georgetown después de Holder. En su discurso defendió el pleno derecho al voto. Sin embargo, continúa siendo un asunto sobre el que los estados ejercen un fuerte control.

Desmond Meade decidió no quedarse de brazos cruzados, esperando que le devuelvan sus derechos. Se está organizando. Actualmente es presidente de la Coalición de Florida por el Restablecimiento de los Derechos, que abarca a alrededor de 70 grupos que presionan por una reforma de las leyes estatales de privación del derecho de voto:

«Se trata de una cuestión de humanidad. Es un asunto que concierne a todos los estadounidenses, independientemente de si son demócratas o republicanos. Se trata de la decencia de permitir a un individuo o de ayudar a un individuo a reinsertarse en la comunidad para que pueda convertirse en un ciudadano productivo y disfrutar la vida».

Deberíamos estar todos agradecidos de que, por cosas del destino, el tren que Desmond Meade estaba esperando aquel fatídico día nunca pasó.