Para Isadora Riquelme, de 14 años, y otros miles de adolescentes de Chile, la posibilidad de tener la educación universitaria que desean se juega en la reforma que ha prometido acometer Michelle Bachelet cuando retorne a la Presidencia en marzo.
Ese tema medirá, además, la relación de Bachelet con la base social del país, para lo que no es suficiente, advierten expertos y sectores involucrados, establecer la demandada gratuidad universal de la educación superior, sino responder al gran desafío de poner fin a la profunda segregación que existe en el sistema, desde el preescolar.
De hecho, para el 22 de marzo, 11 días después que inicie su segundo cuatrienio, los estudiantes ya convocaron una marcha en demanda de la reforma, lo que indica la presión que pondrán desde el comienzo sobre la próxima mandataria socialista.
Riquelme, que comienza sus estudios secundarios en el curso que se abre desde fines de febrero, quisiera estudiar idiomas o música en la universidad, y cree que la educación debería ser gratuita para todos, pero es bastante escéptica que se logre y que los beneficios lleguen hasta ella.
“Creo que (las autoridades) no lo van a poder lograr”, dijo a IPS.
“Lo ideal es que la universidad fuera toda gratuita porque tendríamos más fácil acceso a estudiar. Ahora hay muchos cabros (muchachos) que no estudian porque no hay plata”, afirmó. Su aspiración, dijo, es “lograr una beca”.
De hecho, si el sistema se mantiene como está hoy, sus padres –ambos profesionales pero con trabajo inestable-, deberán desembolsar unos 1.200 dólares mensuales, como mínimo, para que su hija estudie en la universidad.
Las protestas contra la educación chilena comenzaron en 2006, cuando Bachelet comenzaba su primer mandato (2006-2010) y debió enfrentar la “revolución de los pingüinos”, un movimiento de estudiantes secundarios que exigía el mejoramiento de la educación primaria y media y la recentralización de la enseñanza pública.
Cinco años después, los estudiantes universitarios pidieron educación superior pública, gratuita y de calidad, con un movimiento transversal que llegó a convocar a casi un millón de personas a protestar en las calles.
La protesta desveló la verdadera cara de este país de 17 millones de habitantes, cuya economía crece en los últimos años a un ritmo anual de seis por ciento, pero que a la vez es uno de los países más desiguales del mundo.
Cerca de tres millones de chilenos sobreviven con menos de dos dólares al día, y otro millón lo hace con menos de un dólar diario. Mientras, el uno por ciento más rico acumula cerca del 30,5 por ciento del total de los ingresos del país, según cifras de la Fundación Sol.
En 1981, la dictadura militar del extinto Augusto Pinonhet (1973-1990) cercenó la educación estatal y la traspasó a los municipios. Ese año, 78 por ciento de la matrícula se concentraba en escuelas públicas y el resto en las privadas.
En 1990, al retornar la democracia, la matrícula municipal descendió a 57,8 por ciento y en 2012 a 38 por ciento. La razón fue el rápido descenso en la calidad de la enseñanza pública, lo que llevó a establecer un sistema mixto, con aportes municipales y de los padres, la llamada educación privada subvencionada.
Por la urgencia de cortar la enorme desigualdad propiciada por el sistema de la dictadura, y por las presiones del mundo estudiantil, Bachelet estableció como eje central de su programa de gobierno la reforma educacional, para poner fin al lucro, mejorar la calidad, terminar con la segregación y lograr avances sustantivos hacia la gratuidad universal.
Se calcula que la reforma costaría entre 3.900 y 5.200 millones de dólares, de 1,5 a dos puntos del producto interno bruto (PIB), y pretende avanzar gradualmente en la gratuidad universal y efectiva de la educación superior, en un proceso paulatino de seis años.
En su cuatrienio, Bachelet promete gratuidad al estudiantado perteneciente a 70 por ciento más vulnerable de la población.
Eduardo García Huidrobro , quien presidió el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, que concluyó con un informe en 2006, explicó a IPS que el nuevo gobierno tendrá “dos tipos de urgencias”.
“Están las ‘políticas-políticas’, y el campo educacional se puede tornar ingobernable si eso no se resuelve rápido, y las ‘político-técnicas’, que pueden ser menos mediáticas, pero son sustantivamente importantes”, dijo.
Para el académico de la Universidad Alberto Hurtado, entre las primeras está el tema de la gratuidad de la educación superior, “que es importante por su efecto democratizador, pero también es una llave de credibilidad del nuevo gobierno frente a los movimientos sociales”.
Entre las segundas, “la más importante es la carrera docente, porque no es creíble un discurso de mejoramiento de la calidad de la educación, sin un mejoramiento sustancial de las remuneraciones y las condiciones de trabajo de los profesores y profesoras”.
Según García Huidobro, detrás se ubican la “desmunicipalización” y regulación de la educación privada subvencionada, para que el alumnado tenga las mismas oportunidades, viva en un municipio o barrio pobre, o en otro de altos ingresos.
En Chile existen 25 universidades tradicionales, públicas y privadas, que integran el Consejo de Rectores (Cruch), además de otros 31 centros superiores privados.
Para acceder a las universidades del Cruch, los estudiantes deben pasar una Prueba de Selección Universitaria (PSU), cuyo rendimiento depende de los conocimientos adquiridos hasta entonces.
“Ahí aparece la esencia de la segregación en Chile, ¿de qué sirve que la universidad sea gratuita si no puedo acceder a ella?”, cuestionó el periodista Mauricio Weibel, experto en Educación.
A juicio de Weibel, director de la Escuela Latinoamericana de Estudios de Postgrado de la Universidad Arcis, el gran desafío es la mejora la calidad de la educación primaria y media, que es la cuna de la desigualdad.
“Actualmente en Chile hay colegios pobres para pobres y colegios ricos para ricos. Y la diferencia no es solo de infraestructura, sino principalmente de la calidad de los profesores y de la educación que se entrega”, añadió.
Un estudio de la Universidad de Valparaíso indica que, para este año, las universidades tradicionales captaron a 71 por ciento de los mejores puntajes de la PSU, y que solo 12 liceos públicos promediaron más de 600 puntos, un puntaje medio para acceder a la universidad.
García Huidobro reconoció que las reformas en educación superior no son suficientes, “pero son muy importantes”.
“Es verdad que hay que mejorar también, y mucho, la educación básica y media, sobre todo la pública, pero es verdad también que hoy hay jóvenes talentosos que se desaniman por el pago y las deudas”, afirmó.
A juicio de Weibel, un avance sustancial es la implementación del ranking de notas, una medida de calidad, equidad e inclusión en acceso a la universidad, que permite que los mejores de cada colegio, ingresen a la universidad.
Con todo, el desafío será ahora para el próximo ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, exministro de Hacienda del gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006) y exjefe para América Latina del Fondo Monetario Internacional (2008-2012).
Eyzaguirre aseguró que dialogará con todos los sectores pues “ahí está el destino de Chile”, pero ya fue criticado por su perfil economicista.
