Por María Soledad Betancur Betancur
Fuente: Agencia de Noticias IPC, Medellín, Colombia
Al titular “Cero tolerancia a la corrupción”[1], con el que difunde la revista Semana las declaraciones del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, frente a las graves denuncias que esta misma revista destapó, le sobra el cero.
Más que una respuesta al país frente a los graves casos de corrupción e impunidad y frente a crímenes de lesa humanidad como los llamados “falsos positivos”, el Ministro hace una defensa del Ejército como si fuera intocable. Afirma que “Cuando se habla del Ejército de Colombia se habla de una institución que antecede a la República y que siempre, en todos los momentos de la Nación, es la que ha puesto la cara y el pecho a todos los colombianos”.  Dijo: se pone en juego la “honra y el buen nombre de personas que le han servido al país y que se exponen a anomalías e irregularidades».
¿Al buen nombre de quién se refiere el ministro Pinzón? ¿Al comandante de las Fuerzas Militares, Leonardo Barrero, quien reconoció que su voz está en una de las grabaciones en las que, en conversación con Rodríguez, incita a que él y sus compañeros de reclusión “se organicen como una mafia” para denunciar a los fiscales? ¿Al del coronel Róbinson González del Río a quien llama -como medida- a calificar servicios, a pesar de que lleva tres años privado de la libertad, acusado del asesinato de varios campesinos bajo la modalidad de los falsos positivos, en el momento en que se desempeñaba como jefe de una unidad de contraguerrilla del ejército?
La información entregada por el Portal Las Dos Orillas, en publicación del 2 de noviembre de 2013 titulada “El coronel que enredó al magistrado Villarraga”, recuerda que González “fue capturado en agosto de 2012 por su presunta responsabilidad en al menos doce asesinatos presentados como bajas en combate durante el periodo que se desempeñó como comandante del Batallón 57 que opera en el departamento de Caldas. Según reveló Noticias Uno, el coronel González del Río le habría pagado $400 millones al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga para que su caso fuera trasladado a la justicia penal militar y con ello evadir la acción de la justicia ordinaria que está a punto de proferir una condena en su contra. Según la Fiscalía hay pruebas contundentes de la participación del coronel González del Río en las muertes de las siguientes doce personas: José Gregorio Galvis, Adrián Vélez, Guillermo Iván Mejía, John Fredy Espinosa, Julián Andrés Torres, Jorge Luis García, Luis Ferney García, Juan Francisco Franco, John Jairo Muñoz Blandón, Javier Andrés Moreno Marín, Janio César Sepúlveda y Frandiney Martínez Quiroga. Uno de los testigos que tiene el ente investigador, afirma que desde la llegada de González del Río al comando de este batallón, proliferaron las ejecuciones de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate, al punto de convertirse en una práctica generalizada”.
Por ello, ese grado de tolerancia del representante de la cartera de Defensa solo produce indignación y preguntas respecto a las consecuencias de estos hechos sobre el proceso de paz, que se adelanta entre el Gobierno y las FARC en La Habana, Cuba. El asunto es bastante profundo, e implica al menos dos temas que han estado en discusión en los dos últimos años: 1. Las estrategias que el Gobierno ha formulado para mantener lo que ha llamado la “seguridad jurídica” y la tranquilidad de los miembros del Ejército para que sus responsabilidades en el “ejercicio de sus funciones”, que muchas veces están asociadas a crímenes de lesa humanidad, no sean juzgadas por la justicia ordinaria, lo cual se expresó en el acto legislativo declarado inexequible por la Corte Constitucional sobre el fuero penal militar, pero se revivió en parte con la Ley 1698 que crea un fondo de seguridad y defensa de los miembros del Ejército con efecto retroactivo. 2. La asignación y el uso de un presupuesto de seguridad y defensa que alimenta de un lado la guerra y de otro la violación de los derechos humanos y, por si fuera poco, que se podría volver botín de perpetradores de crímenes de lesa humanidad como el caso de las ejecuciones extrajudiciales o los mal llamados falsos positivos, un asunto al que le queda pequeña la palabra “corrupción”.
El Fuero Militar: un acto legislativo que ha buscado garantizar la impunidad
Estas prácticas individuales de coroneles y generales del Ejército cuadran perfectamente con una estrategia más estructural que esa institución viene tramitando durante los últimos años en el Congreso como es la del “fuero penal militar”, aprobado por el Congreso en 2012 y declarado inexequible por la Corte Constitucional en octubre de 2013 por vicios de forma.
En el primer evento -la aprobación del fuero militar-, el Ministro de Defensa aplaudió la decisión del legislativo y desestimó las diferentes críticas de organismos internacionales, entre ellos la ONU, y de las ONG defensoras de Derechos Humanos que vemos como en este un ámbito se deja abierta la impunidad a la violación de derechos humanos por parte del Ejército. En el segundo evento, acudieron a lo que algunos han llamado el “Plan B”. Así, una vez declarado inexequible el “fuero militar” se envió con mensaje de urgencia el proyecto para “la creación del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec), que busca garantizar el presupuesto para la defensa de los militares y que tendría aplicación incluso ante tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional[2], donde se adelantan procesos tan importantes como la investigación por la desaparición de ciudadanos en la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985”.
Además, se afirma que, todos los militares serían cobijados por la ley sin importar la fecha en la que hayan sido cometidos los actos[3]. Este proyecto fue concretado el 26 de diciembre de 2013 en la ley 1698  «Por la cual se crea y  organiza el sistema de defensa técnica y especializada de los miembros de la fuerza pública y se dictan otras disposiciones”
Las actuaciones del coronel Rodríguez parecen dar Fe de la certeza de impunidad que tienen los miembros de las fuerzas armadas cuando sus casos no son juzgados por la justicia ordinaria sino por la justicia penal militar.
El presupuesto de seguridad y defensa un gran botín para la corrupción
Defensa y Policía tendrán para este año un presupuesto de casi 27 billones de pesos, más de un 13% de los 203 billones a los que asciende el presupuesto nacional para este año. Una jugosa suma que no solo alimenta la máquina de la guerra sino la de la corrupción, de acuerdo con las revelaciones entregadas por la revista Semana, y la de la impunidad y la violación de los derechos humanos, de acuerdo con lo aprobado en la Ley 1698 con la que se crea el fondo de defensa de las fuerzas armadas, recursos que saldrá de este presupuesto pagado por todos los colombianos con sus impuestos.
Aproximadamente la tercera parte de estos recursos se han centralizado en lo que, como Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos llamó el GSED -Grupo Social y Empresarial de la Defensa- el cual se concretó en el Conpes 3520 del 9 de junio de 2008. Este reúne las 18 empresas que están asociadas a los temas de seguridad y defensa. Para el año 2011 contaba con activos cercanos a 8,5 billones de pesos y unos ingresos operacionales de 5,27 billones de pesos y que ya en 2012 son 6,1 billones. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y hasta los primeros meses del 2013, al frente de este conglomerado estaba la Viceministra de Defensa Yaneth Giha. Después de su renuncia, el GSED vuelve a manos de los militares en cabeza del General José Javier Pérez[4].
Por ello, los diferentes casos de corrupción e impunidad, denunciados en los últimos años al interior de la cartera de Defensa y del Ejército Nacional, no pueden ser tomados por el Estado, el gobierno actual y la sociedad colombiana como un caso más de corrupción, o del lado del ministro Pinzón como una afrenta a la institución del Ejército de Colombia que según él no puede ser ni denunciado ni cuestionado por la sociedad, independiente de que tan claras sean las denuncias u acusaciones. Lo que está en juego es un proyecto de sociedad con derecho a la paz, a la vida, a la libertad y a que su riqueza colectiva, canalizada por el Estado a través de impuestos, esté dedicada a la apropiación de éstos por los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, o sean usados para que estos escapen a la justicia. Necesitamos unas instituciones defendiendo la paz y no la guerra y un presupuesto nacional que, como mínimo, no esté al servicio de la violación de los derechos humanos.
[2] “El ministro de Defensa dijo que las propuestas presentadas este martes no resuelven todos los problemas que se tienen pero son un paso en la dirección correcta que le da una señal de tranquilidad a los miembros de las Fuerzas Armadas…Según Pinzón, el Gobierno espera que el proyecto esté aprobado por el Congreso en diciembre a fin de que desde comienzos de 2014 empiece a valer como garantía adicional para que los miembros de la fuerza pública puedan mantener de manera decidida, de manera contundente sus operaciones contra el terrorismo, las bandas criminales, la delincuencia en general”.( http://www.elmundo.com/movil/noticia_detalle.php?idx=225918& )
 
María Soledad Betancur Betancur
Directora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC