El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) sobre la disputa territorial entre Perú y Chile –que implica la pérdida para este último país de 20 mil kilómetros cuadrados de mar– exhibió las carencias de la política exterior del gobierno de Sebastián Piñera. Concentrado en tener uno de los ejércitos más poderosos de la región y volcado al comercio internacional, Chile relegó a un segundo plano la diplomacia, lo que, aseguran expertos, no le ha permitido forjar alianzas estratégicas para defender sus intereses.

 

El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) que ordenó entregar a Perú casi 50 mil kilómetros de mar en calidad de zona económica exclusiva (20 mil de los cuales pertenecían a Chile) dejó un sabor amargo en este último país y originó una serie de cuestionamientos al enfoque mercantil de su política exterior.

“Chile discrepa profundamente de esta decisión de la Corte”, afirmó el mandatario chileno, Sebastián Piñera, en su primera reacción­ tras conocer el fallo, difundido el lunes 27. “Esta cesión constituye una lamentable pérdida para nuestro país”, abundó desde el Palacio de La Moneda.

Para atemperar el golpe recordó que el fallo judicial no afectará el mar territorial chileno –ubicado en las primeras 12 millas desde la costa– ni la extracción de los cuantiosos recursos pesqueros (especialmente anchoveta) existentes en el norte de Chile.

Un día después de que se conociera la decisión, el Senado aprobó un proyecto de acuerdo en el que critica duramente lo resuelto por la Corte: “No obstante reconocer la existencia de un acuerdo de frontera marítima entre Chile y Perú, (la CIJ) estableció que ese límite llega a 80 millas, desconociendo de esta forma innumerables documentos y antecedentes”. Por lo anterior, calificó como “arbitraria” y “carente de todo fundamento jurídico” la decisión del tribunal.

A pesar de las molestias generadas por la pérdida de territorio, los senadores chilenos expresaron que la determinación permitirá iniciar una nueva etapa en la relación bilateral: “Luego de este fallo, no hay temas limítrofes pendientes entre Chile y Perú”.

Esa postura fue secundada por el presidente de Perú, Ollanta Humala, quien en un discurso pronunciado el miércoles 29 en La Habana (en el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac) sentenció: “(Lima) ha cerrado para siempre el camino de la delimitación de sus fronteras” y saludó “la victoria de la paz”.

En la discusión del Senado chileno hubo parlamentarios, como Jaime Orpis, de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), que propusieron que Chile se retirara del Pacto de Bogotá, uno de los tratados en los que Santiago le reconoce jurisdicción a la Corte de La Haya, suscrito por los países americanos independientes en 1948.

El cuestionamiento de ese pacto también se vincula con otro juicio que Chile afronta en La Haya, iniciado por Bolivia el 24 de abril de 2013.

La Paz aspira a recobrar una salida soberana al mar en territorios perdidos en la Guerra del Pacífico (entre 1879 y 1883). En ese conflicto perdió el departamento del Litoral (Antofagasta), mientras que Perú, que combatió junto a Bolivia contra Chile, fue despojado de los departamentos de Tacna y Arica.

 

Las “cuerdas separadas”

 

Tal como pedía Chile, la CIJ definió que el paralelo 18º 21’ 03’’, establecido en el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954, siguiera constituyendo el límite marítimo con Perú. La CIJ también determinó que esa línea imaginaria partiera del Hito 1 –ubicado a 10 kilómetros al norte de Arica, junto a la costa– y no en el Punto Concordia (260 metros al sur del Hito 1), como pedía Perú.

Sin embargo, ordenó que ese paralelo se adentrara directamente hacia el oeste sólo hasta las 80 millas y no hasta las 200, como estaba estipulado en el Convenio de 1954. A partir de la milla 80 (Punto A), la Corte de La Haya decidió proyectar una diagonal equidistante con la oblicua costa de ambos países, en dirección suroeste, hasta su intersección con la proyección de las 200 millas que le corresponden a Chile.

Esta modificación de las fronteras generó un “triángulo interior” de casi 20 mil kilómetros cuadrados: los que Perú ganó a Chile. Aquel país se hizo también del “triángulo exterior” de casi 30 mil kilómetros cuadrados que hasta ahora constituían aguas internacionales.

Perú había sostenido a la CIJ que el límite a lo largo del paralelo “no cumple el requisito fundamental de arribar a un resultado equitativo y tampoco surge de acuerdo alguno entre las partes”. Traducido, significaba que Perú desconocía el Convenio de 1954, así como la Declaración de Santiago de 1952 (relativa a materias pesqueras).

Perú presentó la demanda en la CIJ el 16 de enero de 2008, cuando su presidente era Alan García. Pero el caso comenzó a ser preparado con mucha antelación. Durante el primer gobierno de García, el 26 de mayo de 1986, su canciller Allan Wagner –que fue el agente peruano en el juicio de La Haya– envió a Santiago al embajador Juan Miguel Bakula.

En reunión con el canciller chileno, Jaime del Valle, Bakula le planteó que no existían límites marítimos entre Chile y Perú, asegurándole “que las convenciones (no dijo ‘tratados’) de 1952 y 1954 eran meras fórmulas para la solución de problemas puntuales”. En consecuencia, le expresó que “era preciso delimitar ‘de manera formal y definitiva’ los mares peruano y chileno, según las normas de equidad de la Convención del Derecho del Mar de la ONU”.

Esto lo relató el periodista chileno José Rodríguez Elizondo, en la nota titulada La secreta misión del embajador Bakula, publicada en el vespertino La Segunda el 11 de noviembre de 2012.

Desde entonces, Perú logró construir un caso que se nutrió de numerosas notas diplomáticas, muchas de ellas de protesta; declaraciones, estudios y alianzas que le permitieron obtener una victoria parcial pero de gran significado.

A pesar de la reiterada solicitud hecha por el presidente Piñera para que Chile afrontara con unidad el diferendo con Perú, las críticas a su gobierno se multiplicaron.

Muchos políticos y periodistas recordaron que Piñera, en su primera visita como presidente a Lima, el 26 de noviembre de 2010, hizo un brindis con Alan García, pese a que fue el peruano quien presentó la demanda contra Chile. Poco después, el 20 de enero de 2011, fue más allá. Durante una visita oficial del mandatario peruano le impuso la Orden de Bernardo O’Higgins (Gran Cruz).

A punto de conocerse el fallo en La Haya, el último canciller del anterior gobierno de la chilena Michelle Bachelet (2006-2010), Mariano Fernández, espetó: “No se condecora a quien nos demanda, particularmente si tenemos la convicción de que no hemos cometido falta alguna”.

El subsecretario de Guerra durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), Gabriel Gaspar, criticó durante una entrevista con La Segunda, publicada el 13 de enero, el modo de actuar de la cancillería durante el gobierno de Piñera. Dijo que se privilegió lo económico sobre lo político y que Chile se sometió a la estrategia de las “cuerdas separadas”, promovida por Alan García.

Esta estrategia implicaba encapsular la controversia limítrofe para mantener las buenas relaciones económicas y no hacer peligrar las cuantiosas inversiones que empresarios de ambos países tienen al otro lado de la disputada frontera.

“Cuando la cancillería chilena aceptó la tesis de las cuerdas paralelas debilitamos nuestra defensa, porque eso es como decir: ‘No me importa que me demandes, sigamos haciendo negocios’. Nuestro país cayó en algo contradictorio con la férrea defensa jurídica”, señaló Gaspar.

Es importante señalar que las inversiones chilenas en Perú suman 13 mil 600 millones de dólares, mientras que las de este país en Chile rozan los 10 mil millones, según informó la agencia EFE en una nota difundida el martes 27 de enero, citando como fuente a la organización Perú Cámaras.

Por su parte, el comercio entre ambas naciones ha crecido casi nueve veces desde la ratificación –en 2006– del Acuerdo de Libre Comercio Chile Perú: pasó de 500 millones a 4 mil 300 millones de dólares.

 

Diplomacia del siglo XIX

 

En entrevista con este corresponsal, Raúl Sohr –sociólogo, periodista y analista especializado en temas de seguridad y defensa– sostiene “que era evidente que Chile iba a perder algo desde el momento en que fue llevado a La Haya, puesto que esta Corte no sólo falla en derecho, sino que también utiliza criterios equitativos, cosa que su presidente (Peter Tomka) hizo explícito al momento de leer el fallo”.

Sin embargo, expresa que Perú ha sobredimensionado el contenido del fallo. “El presidente Humala trata de presentar esto como una victoria histórica, pero en realidad no lo es, porque no solucionó el problema principal que buscaba resolver Perú: la falta de proyección marítima de sus puertos australes”.

Este experto en política internacional, que ha sido colaborador del diario inglés The Guardian y del semanario estadunidense Time, reflexiona:

“¿Por qué Perú llevó a Chile ante La Haya? Todo comienza con el bombardeo de La Moneda en 1973, con el presidente democráticamente electo en su interior (Salvador Allende). A partir de ese momento Chile se convirtió en un país paria, rechazado por todas las democracias del mundo, y esto se profundizó al conocerse las masivas violaciones a los derechos humanos y crímenes, como el asesinato de Orlando Letelier (1976), en Washington.

“A partir de ese momento los militares concluyeron que no tenía sentido intentar recomponer relaciones políticas diplomáticas y optaron por el comercio. Dijeron: ‘El comercio no tiene barreras’, así que llevaron adelante una política de integración comercial ahí donde podían… Esto fue así a lo largo de la dictadura y, con el retorno de la democracia, se mantuvo ese criterio mercantilista.”

Este analista subraya el hecho de que Chile sea el país que más acuerdos y tratados de libre comercio ha firmado en el mundo.

Sohr indicó que Chile, en forma paralela, convirtió a sus fuerzas armadas “en las mejor equipadas de América Latina”. Sin embargo, asegura que “soslayó el hecho de que tan importante como tener armas y buen comercio es tener buenos amigos –lo que en política se llaman ‘aliados estratégicos’–, y éstos se consiguen primordialmente a través de relaciones políticas, diplomáticas, culturales… y Chile ha dado un rol muy secundario a estos aspectos.

“Ni las inversiones ni las estrechas relaciones comerciales ni la superioridad militar que Chile tiene sobre el Perú impidieron a Lima presentar su demanda.”

A entender de este analista, la gran enseñanza que deja este juicio en La Haya es que la agendas de los dos países tienen que salir del siglo XIX: “Estar litigando en una corte europea, con señores con peluca, para someterse a un fallo como naciones colonizadas (es mucho peor) que discutir de frente y superar nuestros diferendos, con una perspectiva moderna, de integración”.

En relación con el enfoque de la política exterior, Sohr subraya que Chile ha mantenido una actitud muy conservadora: “Ha sostenido una posición muy de abogados, de decir: ‘Los tratados nunca se pueden revisar, son sagrados’, pero eso no es así; te los llevan a un tribunal y éste te cambia el mapa y le da la interpretación que le parece pertinente a los tratados”.

Estima que este fallo, que se da a menos de dos meses de que acabe el gobierno de Piñera, puede marcar el cierre de un ciclo en la política exterior chilena.

En este sentido, destaca el nombramiento de Heraldo Muñoz hecho por la presidente electa Michelle Bachelet. Este politólogo experto en relaciones internacionales será el nuevo canciller. “Tiene una gran experiencia. Fue embajador en Brasil, tiene una visión latinoamericanista, creo que puede dar un giro para llevar adelante una política de mayor integración”.

Sohr, que es autor de una decena de libros, entre ellos Las guerras que nos esperan (2003), cree que las posibilidades de un giro latinoamericanista de política chilena “son enormes”. Lo sustenta: “Perú tiene grandes recursos energéticos, le está vendiendo gas a México desde su yacimiento de Camisea, y, sin embargo, se ha negado siempre a venderle a Chile, que tiene grandes necesidades energéticas. Subraya que Bolivia –país que tiene grandes reservas de gas– hace lo mismo.

“De manera que –señala Sohr– para Chile la integración es una obligación: si las cosas se miran desde una perspectiva integradora, las soluciones toman otro cariz: una cosa es tratar de forzar soluciones por la vía de cortes internacionales y otra es hacer las cosas de manera fraternal, con negociaciones en las que todas las partes ganen. Chile puede aportarle mucho a Perú y viceversa, y lo mismo pasa con Bolivia.”

Francisco Marín