[image src=»http://www.pressenza.com/wp-content/uploads/2014/01/download.jpg» width=»600″ height=»450″ lightbox=»yes» align=»left»]Con esta entrega se completa el extenso análisis de la situación de Michoacán y de todo México.
Por Georgina Moreno
La presión política internacional
La intervención del gobierno federal, después de un mutismo prologado, es interpretada por muchos como resultado de la presión internacional. Esta opinión fundamentada en la reciente aparición de noticias en medios internacionales, referentes a la existencia de las Autodefensas en México, pondría en evidencia el fracaso gubernamental, lo que habría obligado al gobierno actual a salir de su reserva y dar signos de controlar la situación. Los hechos contradicen esa visión pues el gobierno federal nunca como ahora ha tenido a su favor la opinión pública internacional y eso se puede corroborar fácilmente.
Salvo los artículos de periodistas mexicanos en medios de alcance internacional como el País, que comienzan a aparecer el 5 de enero, en las televisoras y la prensa europea la información respecto a Michoacán es casi inexistente: el último artículo aparecido en Le Monde data del 4 de diciembre del 2013, desde entonces, nada.
Es seguro que el gobierno mexicano ha logrado, con la reciente “reforma energética”, el beneplácito de las principales economías mundiales, cuyo interés principal ahora es tener las puertas abiertas para invertir en los jugosos negocios que ofrece el gobierno priista. Más de 14 mil millones de dólares serán colocados en fondos de inversión nacional e internacional de la petrolera mexicana. Ninguna de las grandes “democracias” va a poner en riesgo los prometedores y lucrativos negocios que se anuncian con la apertura de una de las paraestatales petroleras más grandes del mundo.
Sólo a partir de la denuncia hecha por The Guardian se ventiló en la prensa internacional la complicidad existente entre el candidato, su partido y la principal televisora mexicana, que no sólo contribuyó a fabricar la imagen del político, sino que diseñó y llevó a cabo una costosísima campaña publicitaria en su favor, que privilegió más bien el marketing que cualquier propuesta de algo que semejara a un programa político, lo que se operó a través de contratos secretos con la televisora que iniciaron desde el 2005.
A pesar de la millonaria campaña televisiva que realizó durante 5 años, su partido tuvo que recurrir a la compra masiva de votos, principalmente, en zonas rurales como la Tierra Caliente de Michoacán donde los grupos delincuenciales también funcionaron como operadores electorales del partido que, actualmente, gobierna el estado y la federación.
Hoy, como entonces, la opinión pública internacional ha mostrado poco interés en denunciar la tremenda corrupción que subyace en el sistema mexicano. Hoy como ayer las trasnacionales atan a la opinión pública a un océano de intereses económicos, que necesitaban de la complicidad de un gobierno de derecha, privatizador y tolerante con la corrupción, como es el caso del gobierno actual. La explicación a la reaparición gubernamental hay que buscarla en otro lado.
Desactivar las Autodefensas
Contra toda lógica, luego de la reunión del 13 de enero, el gobierno federal ordenó el desarme de los miembros del Comité de Autodefensas, a fin de pacificar a la región. Según las declaraciones hechas por el moribundo gobernador de Michoacán y el Secretario de Gobernación, todas las autodefensas debían entregar sus armas al ejército, que sería el que operaría el proyecto de desarme de la región.
El gobierno federal a ciencia y paciencia habría dejado crecer a los grupos de Autodefensa pues su existencia le daba mayor margen de maniobra en la negociación con su socio electoral. Para nadie es un secreto que el cartel de los Caballeros Templarios en 2011 hizo campaña electoral a favor del actual gobernador, Fausto Vallejo, como lo denunció en su momento Ciro Gómez Leyva, un periodista oficialista que se puede calificar de todo, menos de opositor al gobierno federal en turno.
Gómez Leyva denunció en 2011 las reuniones entre los Caballeros Templarios y cuatro personas, que se llevaron a cabo durante el período de la campaña electoral del actual gobernador de Michoacán Fausto Vallejo. Dos de las cuatro personas resultaron ser gente muy cercana a Vallejo: Jesús Reyna García, quien en 2007 fue nada menos que el candidato priista a la gubernatura de Michoacán y que en la compaña electoral de 2011 colaboró muy estrechamente con Vallejo. Al asumir éste el poder fue nombrado Secretario General de Gobierno (el segundo puesto más importante en un gobierno estatal) y en 2013 fue nombrado gobernador interino durante la enfermedad y convalecencia del gobernador Vallejo. La otra persona era el propio coordinador de campaña de Vallejo, Guillermo Valencia Reyes (que después será elegido por el PRI, presidente municipal de Tepalcatepec).
Estas acusaciones nunca fueron desmentidas de manera decisiva por los incriminados, aunque el interés del periodista en estas imputaciones se pueden comprender en el marco del apoyo a la candidatura al gobierno de Michoacán para la hermana del ex-presidente Felipe Calderón, quien pretendió ocupar ese puesto. En todo caso estas acusaciones ponen en evidencia la conexión electoral entre la delincuencia organizada y los gobiernos locales y estatales.
Cuando se anunció la reunión del moribundo gobernador de Michoacán con el secretario de Gobernación se advirtió que no sería una reunión más, sino la madre de todas las reuniones para resolver los problemas de Michoacán.
La decisión de trasladar de manera “recurrente” al gobernador de la capital Morelia, a Apatzingán, en vez de perseguir a los criminales con inteligencia y estrategia en la que se incluyera el conocimiento del terreno y el empleo de la estructura desarrollada por las Autodefensas, así como la aplicación de todo el peso de la ley que termine con la complicidad existente entre criminales y autoridades, nos indica en efecto que esa reunión no se limitó, simplemente, al gobierno estatal y la autoridad federal, sino que ahí estuvieron representados otros intereses.
Las decisiones tomadas en la reunión, se pueden resumir en dos puntos: desarmar a los civiles en lucha y reforzar la presencia de las autoridades estatales y federales en la principal ciudad de la Tierra Caliente, por un lado anunciando que el gobernador despacharía de manera “recurrente” en Apatzingan y por otro lado aumentando la presencia del ejército en esa ciudad (que estaba allí desde hace años, sin que hubiera podido impedir a los Caballeros Templarios operar y que tomaran el control sobre esa ciudad).
La presencia frecuente del gobernador convertiría a la cabecera más importante de la Tierra Caliente en la capital alterna del estado sureño. Estas medidas ¿a quién beneficiarían? Con la presencia del gobernador y del Ejército, el Consejo de Autodefensa ya no podrá alegar que Apatzingán está en manos del crimen organizado, a pesar de que lo siga estando, como lo denunciaron miembros del clero de Apatzingán, el 15 de enero, que amenazaban con armarse aunque fuera con palos si era necesario, para expulsar a los criminales de ese lugar.
Si analizamos la propuesta con cierta indulgencia, aceptando que es genuina la voluntad de las autoridades por frenar la violencia y el crimen organizado, no podemos dejar de constatar que el problema fundamental para las autoridades estatales y federales es su desconocimiento real o fingido del territorio geográfico y social. Sólo las Autodefensas y los vecinos de los pueblos conocen el terreno como los criminales, además de conocer, personalmente, a quienes los extorsionan.
Los miembros del Consejo de Autodefensa funcionan como una policía de proximidad, comprometida, seriamente, con la seguridad de los habitantes de su pueblo que son sus familiares y amigos. Además, las Autodefensas gozan de la confianza de los habitantes, que los alimentan con información constante.
Las redes sociales han jugado una vez más un papel importante en el flujo informativo y son los vecinos que informan a los administradores de paginas FB o cuentas twitter, desde donde publican consignas para la protección de los pueblos. Los criminales pueden pasearse disfrazados de periodistas y aprovechar para tomar fotos con las cuales extorsionarán a sus víctimas o hacerse pasar por un quieto ciudadano que se come una paleta helada y estar frente a los efectivos del ejército y los soldados no tendrán idea que tienen frente a sí al individuo encargado de cobrar mensualmente las cuotas a los comercios de Apatzingán, como lo denunció un famoso cura del lugar.
La presencia del ejército y del gobernador de Michoacán en Apatzingán es un muro de contención, pero no para el crimen organizado, sino para el Consejo de Autodefensas. Una prueba de ello fue el mensaje enviado por el presidente priista, ordenando la entrega de todas las armas, amenazando con hacer caer todo el peso de la ley a quienes se resistieran. A los únicos a los que se puede obligar a entregar las armas son, objetivamente, a los grupos de Autodefensas que son los que, a la luz del día, han establecido puestos de vigilancia y realizan, sistemáticamente, rondas en los alrededores de sus pueblos.
Los criminales no necesitan controlar cada palmo del territorio con armas, les basta tener el control sobre los accesos y sus bases de operaciones, como lo han mostrado con los bloqueos y los incendios de camiones en las entradas de algunos lugares, en particular Parácuaro, Nueva Italia y Apatzingán y desde luego mantener aterrorizada a la población, convenciéndola que no hay nada que hacer, porque no hay a quién acudir y que no tienen otra alternativa que seguir aceptando las extorsiones y abusos criminales.
Es muy fácil desarmar a las autodefensas y en su defecto, agredirlos, como sucedió el 14 de enero, cuando un día después del anuncio de los acuerdos en la cúpula gubernamental, un grupo de soldados del ejército disparó contra un grupo de personas que estaba en un puesto de vigilancia de las Autodefensas, del que resultaron, once heridos y cuatro muertos, entre ellos una niña de 11 años. Ninguno de los muertos estaba armado. Estos hechos, sumados a la reiterada pasividad del ejército, no ha escapado a los habitantes de los pueblos bajo control del Consejo, cuyos habitantes se oponen a la presencia de las patrullas de soldados, impidiéndoles incluso cruzar por sus pueblos y los acusan a gritos de proteger a los Templarios.
El 15 de enero, mientras el gobierno federal gesticulaba en torno a la legalidad y el Estado de Derecho que no debe aceptar la existencia de civiles armados, el grupo de Autodefensas de Tancítaro festejaba la recuperación de 25 huertas de producción aguacatera, arrebatadas a los criminales y restituidas a sus legítimos propietarios. La presencia del ejército en las calles de Apatzingán no pudo impedir el incendio de comercios ese mismo día.
En base a los resultados, será muy difícil para el gobierno federal mostrar quién es el depositario de la legitimidad, a la que tratan de confundir con una mala simulación de “legalidad”. Cuando la criminalidad sitió Apatzingán y a los pueblos de la región, el ejército, la policía federal, estatal y municipal, no pudieron o no quisieron hacer nada para impedirlo. En cambio, cuando es el Consejo de Autodefensas que sitia a los pueblos, para expulsar a los criminales, lográndolo, el gobierno estatal y federal conmina a los civiles a dejar las armas en nombre de la legalidad.
Ante la indignación general que levantó la agresión protagonizada por soldados del ejército contra el puesto de autodefensas, donde resultó muerta una niña de 11 años, la nueva táctica del gobierno parece querer mantener replegado al ejército, dejando a las Autodefensas a merced de sus propias y únicas fuerzas. Con esta nueva táctica dilatoria, el ejército intentará impedir o, al menos, demorar el avance de las Autodefensas, como sucedió el 21 de enero, cuando el ejército no acudió a las reiteradas llamadas que le hicieron las Autodefensas a partir de las 5 de la tarde y durante las 3 horas y media que duró el enfrentamiento con los criminales, que tuvo lugar en La Cofradía, municipio de Parácuaro, en las inmediaciones del de Aptzingán.
Las Autodensas fueron capaces de “intervenir” los radios de los Templarios y conocer los movimientos que planean los criminales, pero el ejército no pudo llegar al lugar del enfrentamiento, sino 6 horas después de su inicio. Criminales y Autodefensas se desafían por radio, pero el ejército no puede llegar a tiempo para atraparlos, como han venido denunciando los Autodefensas desde hace muchos meses, acusando al Ejército de negligencia frente a los criminales, aun cuando se les comunique su ubicación.
La encrucijada de Michoacán
La situación bajo la cual vive Michoacán es una triste metáfora de la situación que vive México en general. La criminalidad ha sitiado todas las instituciones y la población del país es como esos prósperos productores agrícolas, exportadores de productos de fuerte demanda internacional, pero gobernados por una clase política profunda y totalmente corrupta, asociada con criminales y narcotraficantes, que usa los atributos del Estado para defender intereses inconfesables y que vive, despreocupadamente, en medio del oropel del poder. Y cuando esos prósperos productores, hartos de los gobiernos expoliadores, toman las armas y prefieren morir de pie que vivir de rodillas, entonces el gobierno habla de Estado de Derecho, de la legitimidad, hace correr los más fantasiosos rumores con el fin de desprestigiar a la población en pie de lucha, enfurecida de la pasividad del gobierno frente a las vejaciones, extorciones y el abuso criminal del que han sido víctimas.
Al finalizar el sepelio de uno de los asesinados en Antúnez, uno de los pobladores asistentes manifestó “Preferimos morir defendiéndonos de una bala del Ejército, que amarrados y que nos corten toditos los Templarios.”
Sin embargo, el drama que comparte Michoacán con todo el resto del país es que ante la completa desaparición del Estado de Derecho y descomposición del gobierno, producto de la profunda corrupción que ha anulado completamente la justicia y amenaza con la disolución episódica del resto del territorio nacional, no hay una respuesta social masiva, que pare la barbarie en la que se hunde el país. Como rezaba un slogan de los años setentas que podía leerse en todos los muros del estado de Chiapas “Todo Chiapas es México” (usado en la época del gobierno del abuelo del actual gobernador de ese estado) y cuya propaganda era, sin duda, destinada a convencer a los chiapanecos que eran mexicanos, a pesar de la miseria y marginación extrema en la que vivía la mayoría de los habitantes de ese rico estado, donde se aplicaban de manera ortodoxa las tesis neocolonialistas a favor de la depredadora clase política nacional.
Ese slogan ahora tendríamos que reactualizarlo, escribiendo en todos los muros, calles y plazas del país “Todo Michoacán es México” para que los habitantes de todo México reflexionen en torno a la pasividad cómplice en la que se han mantenido; que el silencio y tolerancia que ha mostrado el gobierno federal y el ejército, frente a los criminales, es sólo el producto de la complicidad por omisión de la mayor parte de la población mexicana, que actúa como si todo lo que hemos narrado, ocurriera en otro país, a miles de kilómetros de distancia, donde nunca les afectará. La pasividad que ha mostrado la sociedad mexicana hacia la barbarie que se apoderó de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Ciudad Juárez, San Fernando, Monterrey, Cuernavaca y un larguísimo etcétera, es la expresión de la complicidad de lo que sucede, no sólo en Michoacán, sino en todo el país, que está secuestrado por el crimen, resultado de la corrupción que impera en el país y que eso no se modificará hasta que toda la sociedad mexicana se convenza que otras alternativas existen, como el Michoacán de Tepalcatepec, de Cherán, de la Ruana, de Santa María Ostula, de las CRAC de Guerrero y los caracoles chiapanecos, que han recuperado la dignidad que se habían dejado arrebatar, pero que no podrían existir sin una amplia base social de apoyo, que es lo que le da oxígeno a la justicia, fundamento de la paz social.
