Por Julio Hurtado para Diario UChile
Imaginemos una propuesta dirigida a las nuevas autoridades,- las cuales estarán recién instaladas en el próximo mes de marzo, pletóricas de voluntad política-, para que hicieran un experimento, cuyo fin seria democratizar las ciudades chilenas y que significaría un interesante mensaje político para el resto del país, comenzando por Santiago, que es la ciudad que mas necesita un proceso democratizador.
Como primera medida urbana del nuevo gobierno, se podría esperar que, a través de la Intendencia Regional Metropolitana, de un par de gobernaciones y del SEREMI Regional de la Vivienda, se invitara a los municipios de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Recoleta, Independencia, Macul y Quinta Normal,- que son comunas que concentran gran patrimonio arquitectónico y urbano, y que a su vez constituyen un “objeto de deseo” de la inmediatez inmobiliaria-, para constituir una instancia de facto, una “mesa planificadora” para orientar el desarrollo de Santiago.
Esta “mesa planificadora”, si bien no seria una instancia legal, tendrían coincidencia técnica y política entre sus miembros, de tal manera de plantear propuestas que contrarresten el impacto depredador de la actividad inmobiliaria y para acordar líneas gruesas de desarrollo urbano. Podría ser un intento por generar una contraparte gubernamental y municipal lo suficientemente fuerte para poder negociar con el sector privado que hoy es el exclusivo diseñador y constructor de la ciudad.
Este podría ser el primer paso, una mesa a la cual, posteriormente, se debería sumar al sector privado y a la población organizada.
Papel preponderante en este acuerdo debería tener el Ministerio de Bienes Nacionales, el cual, en un gobierno con voluntad política democratizadora en el campo urbano, podría constituirse en el ministerio de la igualdad urbana, ya que sus propiedades bien localizadas al interior de la ciudad podrían ser destinadas a vivienda social.
Sin duda, que con un mecanismo con estas características se lograría influir en generar un buen urbanismo; una buena arquitectura; una mayor integración social; y un transporte urbano racional, que privilegie y mejore el transporte publico. Esta instancia, fundamentalmente política, enviaría una fuerte señal de parte del gobierno y de la comunidad en el sentido que la ciudad no puede quedar en manos exclusivas del libre juego de la oferta y la demanda y de la maximización de los excedentes del sector privado vinculado a este quehacer.
Esta instancia “de facto”, podría funcionar mientras se cambia la Constitución Política del Estado, ya que es en ese nivel donde está el principal impedimento para la democratización urbana, al otorgarle solo un rol subsidiario al Estado, impidiéndole su participación en el diseño y construcción de la ciudad, cuestión que se ha traducido en un elevado costo social, sintetizado en los inaceptables niveles de desigualdad y de segregación urbanas que padece nuestra sociedad.
