En Alemania está permitido ayudar pasivamente a quien quiera quitarse la vida, pero eso no ha puesto fin a la polémica en torno a la eutanasia. La discusión vuelve a arder ahora que un nuevo Gobierno entra en funciones.
Desde hace años, la clase política alemana y las organizaciones no gubernamentales que defienden el derecho del ciudadano a una “muerte digna” se hallan enfrascados en un debate sobre las consecuencias de haber legalizado la muerte asistida de manera pasiva. En territorio germano está permitido proveer medicamentos en porciones letales a quien desee quitarse la vida, pero no suministrárselos directamente. El homicidio por encargo sigue siendo penado por la ley y constituyendo un tabú para buena parte de la población.
Ahora que el país estrena un nuevo Gobierno de coalición –integrado por la Unión Demócrata Cristiana (CDU), la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD)–, la discusión vuelve a arder. El presidente de la fracción parlamentaria de la CDU, Volker Kauder, quiere prohibir la eutanasia, alegando que siempre estuvo en contra de esa práctica como oficio o negocio. Y su correligionario, el nuevo ministro de Salud, Hermann Gröhe, habla de castigarla, independientemente de que se lleve a cabo sin fines de lucro.
Un tema polémico
El presidente de la Cámara Federal de Médicos asegura que una “inmensa mayoría“ de galenos se oponen a la muerte asistida activa.
El temor de estos políticos y de muchos ciudadanos es que la oferta de la muerte asistida le facilite la decisión de quitarse la vida a quienes se encuentran desesperados, por las razones que sean. También hay factores históricos detrás del rechazo general a la eutanasia: tras los desafueros perpetrados por los nacionalsocialistas, todo intento de regular la muerte asistida es vista con recelo por los alemanes. Por otro lado, las reacciones de otros parlamentarios a las palabras de Kauder y Gröhe dejan entrever lo polémica que es esta materia, más allá de las divisiones partidistas.
Por un lado, el ex jefe de la fracción socialdemócrata en el Bundestag, Franz Müntefering, preguntaba recientemente qué tan ético es el hecho de que a la gente se le permita decidir a la ligera sobre el final de su vida. Por otro, a Volker Beck, diputado de Los Verdes, le preocupa que los ancianos y los enfermos con dolencias prolongadas e incesantes opten por el suicidio no supervisado para evitar comprometer a terceros. Beck pide que quienes desean morir reciban más respaldo del que actualmente se les proporciona.
Hace un año y medio, otro Gobierno de coalición –formado por la CDU, la CSU y el Partido Liberal (FDP)– redactó un proyecto de ley para normar el asunto. Allí se recomendaba, entre otras cosas, que el Código Penal penara “el fomento profesional del suicidio” con dos años de cárcel o una multa de proporciones desalentadoras, pero liberando de toda responsabilidad penal a los familiares o allegados de la persona que buscó la muerte asistida. Al final, los liberales bloquearon esa moción.
Buscando guías y normas
Michael de Ridder, fundador de un centro de medicina paliativa para enfermos terminales en un hospital berlinés.
Ahora, los democristianos esperan que una nueva propuesta de ley sea aprobada en el Parlamento alemán. Pero si se le llega a dar luz verde a una regulación como la que se planteó hace unos dieciocho meses, otro aspecto del debate promete pasar a primer plano. Los médicos –percibidos por muchos como los únicos con autoridad para poner en marcha un proceso de muerte asistida– no se han puesto de acuerdo sobre si deben o no asumir un rol clave en estas lides. Algunos de ellos comparten la convicción de ser los más aptos garantes de una muerte sin dolor.
Sin embargo, numerosos profesionales continúan ofreciendo resistencia desde las federaciones de galenos y éstas les prohíben a sus afiliados ir más allá de lo que la muerte asistida pasiva contempla. Desactivar los aparatos para la prolongación artificial de la vida y proporcionar medicamentos letales es aceptado, pero no más. El presidente de la Cámara Federal de Médicos, Frank Ulrich Montgomery, asegura que una “inmensa mayoría“ de los galenos se opone a la muerte asistida activa, aunque ciertas encuestas sugieren que un tercio de los profesionales de la medicina no son tan estrictos en esta materia.
El factor responsabilidad es muy importante. De ahí que muchos médicos aspiran a que en Alemania se implemente una ley similar a la norma “Muerte y dignidad”, vigente en el Estado estadounidense de Oregon: ella establece que un paciente con determinadas enfermedades y expectativas de vida puede solicitar la muerte asistida en la presencia de dos médicos como testigos, explica el internista Michael de Ridder, fundador de un centro de medicina paliativa para enfermos terminales en un hospital berlinés.
