Ecuador presentó el pasado martes una solicitud de anulación del laudo parcial sobre la Fase I de responsabilidad interpuesta por Chevron contra el país suramericano (proceso conocido como Chevron III), por las supuestas denegación de justicia y violación del Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones (TBI) suscrito entre Ecuador y Estados Unidos, informó la institución a través de un comunicado.

La defensa de Ecuador ha planteado la inexistencia de un convenio arbitral entre Ecuador y Chevron–Texaco, razón por la cual el Tribunal no podía declararse competente para conocer el reclamo, no solo por la ausencia de una inversión sino porque el TBI suscrito con Estados Unidos entró en vigencia en 1997, mientras que la compañía cesó sus inversiones en el país en 1992.

Entre otros aspectos, la postura de Ecuador afirma que los laudos interinos sobre medidas provisionales violaron el derecho público ecuatoriano al haber ordenado a Ecuador suspender la emisión de la sentencia de Lago Agrio, contraviniendo el principio de separación de poderes y la independencia judicial, con el agravante de que es un proceso que concierne a terceros y del que el Estado ecuatoriano no es parte.

Finalmente, la Procuraduría del sostienen que en el Primer Laudo Parcial, el Tribunal ha actuado con exceso de poder al resolver que los ciudadanos ecuatorianos no podían presentar reclamos ante la justicia nacional sobre su derecho de vivir en un medio ambiente sano, decisión que afecta el derecho de los demandantes de Lago Agrio, quienes no son parte ni han sido escuchados en este arbitraje.

A través de estos argumentos jurídicos Ecuador pretende que los Tribunales holandeses dejen sin efecto los laudos dictados dentro de este arbitraje.

Durante 26 años, entre 1964 y 1990, la petrolera estadounidense Texaco explotó el crudo de la Amazonía ecuatoriana, en lo que hoy son las provincias de Sucumbíos y Orellana. Tras su salida del país, la empresa dejó en aquella zona pasivos ambientales a los que peritos internacionales atribuyen la muerte de 1.041 ciudadanos, todos afectados de cáncer.

La Corte Nacional de Justicia ratificó la senetncia contra la petrolera que ordenaba el pago de USD 9.511 millones por la contaminación ambiental. La Corte canadiense reconoció y validó la sentencia de Ecuador.