Había una vez trabajadoras hogareñas, comerciantes y empleadas municipales de un pueblo tranquilo en el centro de Argentina. Hasta que llegó Monsanto, la corporación estadounidense de biotecnología.
Inventora del herbicida glifosato y una de las principales fabricantes de semillas genéticamente modificadas del mundo, Monsanto construye una de sus plantas “más grandes” para acondicionar simientes de maíz en Malvinas Argentinas, municipio de 15.000 habitantes situado 17 kilómetros al este de la capital de la provincia de Córdoba.
La planta comenzaría a funcionar en marzo de 2014, pero la obra fue paralizada en octubre en medio de protestas y demandas judiciales de los vecinos, que desde el 18 de septiembre mantienen bloqueado el acceso al recinto.
Este sábado 30 por la mañana la guardia de infantería se presentó en el lugar, como muestra este video colocado en Facebook, y escoltó la salida de varios camiones que habían ingresado por la fuerza el jueves 28, cuando miembros del sindicato de la construcción irrumpieron en el campamento de vecinos intentando romper el bloqueo, lo que dejó más de 20 heridos.
A este movimiento vecinal no le gusta definirse como ambientalista ni que le atribuyan banderas partidarias. La mayoría son mujeres.
En Malvinas Argentinas todos conocen a alguien con problemas respiratorios o alergias que coinciden con fumigaciones sobre los campos de Córdoba, una de las mayores productoras de soja transgénica de este país.
Las denuncias de médicos también reportan casos crecientes de cáncer y malformaciones congénitas.
Pero todo se soportaba con estoicismo hasta que llegó Monsanto.
“Participo por el temor a la enfermedad y a la muerte”, dijo a Tierramérica la vecina María Torres. “Mi hijo ya está enfermo y si viene Monsanto va a ser peor”, agregó mientras caminaba en medio de una manifestación que acompañó esta periodista a mediados de noviembre.
Su niño de 13 años quedó en casa con sinusitis y hemorragia nasal. “Malvinas es un pueblo con mucha gente con los mismos síntomas”, se lamentó.
La mayoría de las aspersiones se realizan con Roundup, marca comercial del glifosato de Monsanto.
Según la Red Universitaria de Ambiente y Salud – Médicos de Pueblos Fumigados, la fumigación se expande por casi 22 millones de hectáreas plantadas con soja, maíz y otros cultivos transgénicos en 12 provincias argentinas en cuyos pueblos viven unos 12 millones de personas.
Eli Leiria se sumó a la protesta. Ella sufre problemas como pérdida de peso. Los médicos hallaron glifosato en su sangre. “Dicen que es como si un tornado hubiera pasado por mi cuerpo”, relató.
El biólogo Raúl Montenegro, de la Universidad Nacional de Córdoba y galardonado en 2004 con el Right Livelihood Award (premio Nobel Alternativo), explicó a Tierramérica que no hay monitoreos oficiales de morbilidad y mortalidad para comprobar si las crecientes dolencias que observan los médicos son efecto de los plaguicidas.
Tampoco existe un control adecuado de los contenidos de plaguicidas en la sangre, ni un monitoreo ambiental que detecte esos residuos en tanques de agua, por ejemplo, agregó Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente.
Esas circunstancias convierten a Argentina, y “a su modo también a Brasil“, en “paraíso” para empresas como Monsanto, opinó.
Las entidades del Estado que autorizan el uso de plaguicidas se apoyan en “su mayor parte en aportes técnicos de las propias empresas”, dijo.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, creó en 2009 la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, para investigar, prevenir y tratar sus efectos en la salud humana y ambiental.
Pero Argentina es también un “paraíso” de los transgénicos, cuya autorización depende de “información técnica principalmente aportada por las corporaciones biotecnológicas”, aseveró Montenegro.
Una planta de transgénicos “no es una fábrica de pan… fabrica veneno”, dijo el maestro Matías Marizza, de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida.
Montenegro cuestiona que la Secretaría de Ambiente de Córdoba autorizara la construcción sin haber contemplado el análisis de una comisión interdisciplinaria independiente.
El proceso de los transgénicos involucra “plaguicidas externos”, como los que se fumigan, y plaguicidas que “salen de adentro” de las semillas, como la proteína insecticida CryIAb que produce el propio maíz MON 810, explicó.
Cada grano de ese maíz tiene entre 190 y 390 nanogramos de ese componente, cuyos impactos en la salud y en la biodiversidad no están claros.
“En Canadá se encontró que mujeres embarazadas y no embarazadas tenían proteína insecticida en sangre”, lo que contradice la explicación de Monsanto: que esas proteínas son anuladas en el aparato digestivo, agregó el biólogo.
Según un documento de la Red Universitaria, las semillas de la planta de Malvinas Argentinas serán impregnadas de sustancias como propoxur, deltametrina, pirimifós, tryfloxistrobin, ipconazole, metalaxyl y sobre todo clotianidina, un insecticida prohibido en la Unión Europea.
Hasta ahora, las instalaciones han permanecido bloqueadas por cinco campamentos, con hombres y mujeres –algunas con sus hijos— alternándose para impedir la entrada de camiones.
Daniela Pérez, madre de cinco hijos, contó a Tierramérica que este “era un pueblo tranquilo”, donde la gente apenas se quejaba por problemas como la falta de pavimento.
“Ahora lo que está en juego es la salud de los niños. Nos da una impotencia… no hay nadie que nos defienda”, dijo.
Soledad Escobar tiene cuatro hijos que van a una escuela situada junto al predio de la planta.
“Me preocupan los silos y los productos químicos que usan. Con el cambio de clima en Córdoba tenemos viento todo el año y el colegio está al lado, yo vivo enfrente”, dijo.
“No es cierto lo que dicen la televisión y los diarios que hay metidos partidos políticos… la mayoría somos madres que tenemos miedo por nuestros hijos”, agregó Beba Figueroa.
Ellas aseguran que muchos vecinos no participan por temor a perder empleos municipales y ayudas sociales.
La manifestación que acompañó Tierramérica desde la plaza del pueblo hasta el “acampe”, tenía un clima festivo, al ritmo de coloridas murgas del carnaval rioplatense, muy diferente a la tensión y la violencia que se dispararían días después.
Como otros vecinos de este barrio obrero, Matías Mansilla, su esposa y su bebé salieron a la puerta de una casa humilde para ver el “carnaval por la vida”.
Mansilla no participa, pero apoya la causa “por las enfermedades que ha habido en otros lados”.
Una encuesta realizada por dos universidades y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas reveló que 87 por ciento de los entrevistados del pueblo quieren una consulta popular para decidir y 58 por ciento rechazan la planta de Monsanto.
Ni el gobierno provincial ni la empresa respondieron al pedido de entrevista de Tierramérica.
En varios textos publicados en su portal, Monsanto se dice comprometida con la “agricultura sustentable”. Un comunicado emitido en septiembre señala que la obra cuenta con “las aprobaciones correspondientes” del Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, y que el Estudio de Impacto Ambiental está en análisis del gobierno provincial.
Monsanto repudió las “campañas sucias que manipulan la información técnica para crear miedo” y “las mentiras, en nombre del ambientalismo,” que “enmascaran intereses espurios”.
En abril, el Tribunal Superior de Justicia provincial desestimó una solicitud de medida cautelar presentada por los vecinos para suspender la obra.
En estos meses, la represión policial no ha faltado y tampoco las amenazas.
Malvinas Argentinas es parte de un movimiento que crece en distintos lugares del mundo contra Monsanto.
En este pueblo las protestas llegaron a convocar a 8.000 personas, según Marizza. No es para menos, dice. “Tenemos el monstruo encima”.
Publicado por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
