Organizaciones sociales y derechos humanos de México reanudan su denuncia de la masacre de Viejo Velasco, ocurrida hace siete años, en la que fueron asesinadas siete personas, además de dos de desaparecidas y que provocó el desplazamiento forzado de 20 hombres, ocho mujeres y ocho niños, permanece impune. A las victimas ya señaladas, se suma, Petrona Núñez González, sobreviviente de la masacre, que murió en 2010 como producto del estrés postraumático. Las organizaciones denunciantes señalan que entidades no han avanzado en la investigación y que los autores materiales de la masacre permanecen en libertad.
«Son siete años de negligencia por parte del estado. Las investigaciones realizadas no han sido eficaces para el esclarecimiento de los hechos, para desentrañar las responsabilidades, ni para sancionar a los autoresintelectuales y materiales de esta masacre, que ya han sido identificados por las autoridades de investigación de la justicia», afirman las organizaciones.
Informan los denunciantes que el día 13 de noviembre de 2006, alrededor de 40 personas vestidas de civil, provenientes de la comunidad de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, acompañadas por aproximadamente 300 miembros de la Policía Sectorial y portando armas de fuego, atacaron físicamente a indígenas tzotziles, tzeltales y choles, que vivían en comunidad Viejo Velasco, también en Ocosingo.
Siete años después, las violaciones de los derechos humanos parecen seguir en la región teniendo en cuenta que 36 personas que huyeron en el día de la masacre, continúan como desplazadas forzosas de sus comunidades de origen. Ellas viven en diferentes municipios en el estado de Chiapas y, según las organizaciones de derechos humanos, en condiciones de penuria económica y social.
Además, Mariano Pérez Guzmán y Juan Antonio Peñate López continúan desaparecidos y las investigaciones policiales continúan estancadas, «ante la falta de interés de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) para descubrir su paradero. Las familias de los desaparecidos siguen en su búsqueda de verdad y la justicia”. Las autoridades de Chiapas aún no han capturado a los responsables de la presunta acción paramilitar.
Según las mismas investigaciones de la PGJE, la responsabilidad por el crimen es de los miembros de la Organización Para la Defensa de los derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) de la Comunidad Nueva Palestina, en Ocosingo y miembros de la Policía Sectorial del Estado de Chiapas.
Las organizaciones denunciantes refieren que la PGJE, continúa persiguiendo judicialmente a los pobladores de la comunidad de Nuevo Tila, vecina a ‘Viejo Velasco’, que fueron los primeros en ayudar a los heridos, recibir a las personas desplazadas y apoyar la búsqueda de los desaparecidos.
