El Ministerio de Defensa de la Nación dio a conocer las «listas negras» de artistas, intelectuales, periodistas y comunicadores elaboradas por la dictadura militar para catalogarlos por su nivel de peligrosidad. Se trata de la documentación hallada recientemente en el subsuelo del Edificio Cóndor con cerca de 1.500 unidades de conservación que incluyen actas de la Junta Militar, planes de gobierno y distintos documentos con información muy valiosa que podrá ser utilizada en los juicios por los delitos de lesa humanidad generados por el régimen dictatorial que tuvo lugar en Argentina de 1976 a 1983.
Comunicado completo del Ministerio de Defensa de la Nación:
«Registra antecedentes ideológicos marxistas que hacen aconsejable su no ingreso y/o permanencia en la administración pública. No se le proporcione colaboración». De esta manera la dictadura militar definía a los «Fórmula 4», grupo que incluía a intelectuales, periodistas, artistas y comunicadores que, al percibir de los responsables del terrorismo de estado, revestían el mayor nivel de peligrosidad.
Como «Fórmula 1» eran calificados los que no tenían «antecedentes ideológicos marxistas». Un nivel superior – «Fórmula 2» revestían quiénes en sus antecedentes «no permiten calificarlo desfavorablemente desde el punto de vista ideológico marxista». Como «Fórmula 3» aparecían los que registran «algunos antecedentes ideológicos marxistas pero los mismos no son suficientes para que se constituyan en un elemento insalvables para su nombramiento, promoción, otorgamiento de beca, etc.». Como dijimos, los «Fórmula 4» (o simplemente F4) eran, a los ojos de la dictadura, los peores de todos, a quiénes no se podía emplear, ni promover, ni otorgar beneficios.
La documentación hallada recientemente en el subsuelo del Edificio Cóndor nos permite echar luz sobre un secreto a voces: la existencia de «listas negras» que incluían a artistas e intelectuales, periodistas y comunicadores. Dentro de las aproximadamente 1.500 unidades de conservación encontrados, hay un bibliorato que específicamente se encarga de analizar a los «Fórmula 4».
Las sucesivas Juntas Militares se encargaron, desde 1976, de llevar adelante la confección de estas listas. Para ello crearon un organismo destinado a coordinar la tarea: el Equipo Compatibilizador Interfuerzas (ECI) donde confluían representantes de la Secretaría de Información Pública (SIP), la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y de cada una de las tres armas. El ECI definía los criterios para calificar a las personas, armaba los listados a partir de las sugerencias de sus miembros, analizaba sus permanentes actualizaciones, decidía quién entraba y salía del máximo nivel de prohibición.
Ciertamente, es falso que estas «listas negras» hayan tenido solamente incidencia en la contratación dentro de organismos estatales. Entre los hallazgos que figuran en la carpeta hay una nota que dice «corresponde aclarar que los medios privados de comunicación social no tienen ninguna limitación al respecto». En la práctica, esto no funcionaba así: ningún medio de comunicación privado se animaba a contratar a alguien señalado como «Fórmula 4» por la dictadura.
La primera «lista negra» sistematizada que ha sido encontrada data del 6 de abril de 1979. Son 12 páginas que agrupan un total de 285 nombres, todos con la calificación «Fórmula 4» (Ver adjunto). El listado incluye también la profesión: locutores, pintores, escritores, periodistas, concertistas, actrices y actores, directores teatrales, abogados, profesores de bellas artes, docentes, músicos, escultores, críticos de arte, guionistas, publicistas, escenógrafos, compositores, cineastas, dibujantes. Hasta titiriteros, médicos pediatras y psicólogos, todo en una misma lista.
El segundo listado que encontramos está actualizado al 31 de enero de 1980 e incluye a 331 nombres que estaban bajo la calificación de «Fórmula 4» (ver adjunto). Lo curioso de este listado es un encabezado que brinda una serie de recomendaciones, entre las cuáles está: «Deben ser INCINERADOS».
Sobre esta «lista negra» trabajó el ECI hasta septiembre de 1982. Las permanentes reuniones de trabajo se dedicaban a analizar altas y bajas en este listado de 331 personas, dedicando mucho tiempo a la discusión de informes de inteligencia que la SIDE y las propias fuerzas se dedicaban a elaborar entre reunión y reunión. Se estudiaban casos puntuales, normalmente a pedido de los mismos interesados, que veían cerradas las puertas a la hora de trabajar.
La situación post-Malvinas cambió el escenario y fue necesario un replanteo en el manejo de las «listas negras». Una nota de la Secretaría de Información Pública fechada el 21 de septiembre de 1982 hecha luz sobre la situación y destaca la directiva del gobierno de «marcar una transición hacia la vida institucional plena del país». Por ello, propone «evitar medidas y actitudes oficiales que atenten contra esa imagen en el campo de la comunicación». A esta altura, la hipótesis era abrir paso a un gobierno democrático a más tardar en marzo de 1984, por lo que la SIP recomienda «permitir trabajar en los medios de comunicación social administrados por el Estado» a los incluidos en listados como «Fórmula 4».
¿Qué se hizo al respecto? La SIP, con información de la SIDE, diseñó una estrategia (con dos variantes) para normalizar «la situación de dichas personas en forma gradual y armónica». Estas variantes fueron analizadas por cada una de las fuerzas y el 14 de octubre de 1982 el tema en cuestión se llevó al mismísimo seno de la Junta Militar. El acta N° 236 (también encontrada su original en el hallazgo reciente) refleja que la Junta Militar decide «proceder en forma gradual a desafectar personas (del listado de Fórmula 4) siguiendo el criterio propuesto para la variante 2 de la SIP».
¿En qué consistía la variante 2 aceptada por la Junta Militar? En el armado de 4 sub grupos dentro del universo de 199 personas que aún continuaban inhibidas dentro del listado de «Fórmula 4». La intención era de que 41 de ellas sean «contratables» a fines de 1982; otras 60 personas dejen el listado de F4 en el primer semestre de 1983; y 52 personas consigan tal estatus en el segundo semestre de ese año. Finalmente, la SIP recomendaba (y la Junta Militar así lo decidió) que 46 argentinos, bajo ningún punto de vista, salgan del listado de «Fórmula 4». Esto significa que, aún estando seriamente debilitada su conducción, el Proceso nunca dejaría que un grupo de argentinos puedan ser contratados para trabajar (Ver adjunto).
Lo que sigue a esta decisión es una sistemática tarea de análisis de la ECI para implementarla, buscando cumplir con los plazos establecidos. En las actuaciones puede verse cómo el ritmo de salida de la situación de «Fórmula 4» se acelera junto a los tiempos políticos. De hecho, en el último listado que encontramos en el hallazgo del Edificio Cóndor, con fecha 24 de marzo de 1983, los números son los siguientes:
De los 41 argentinos que, de acuerdo a la variante 2, deberían haber pasado a «contratables» a fines de 1982, 33 de ellos ya habían cambiado su estatus de calificación. Y de las 60 personas que tenían que dejar de ser «Fórmula 4» a mediados del ’83, unos 27 ya lo habían hecho.
Estos números demuestran que, a esa altura de 1983, 60 personas ya habían dejado de ser «Fórmula 4» sobre un listado de 199. Quedaba mucho por decidir en lo que restaba del año. Pero nada haría cambiar una decisión tomada en lo más alto del poder político: 46 argentinos nunca dejarían de ser parte de las famosas «listas negras», pase lo que pase.
Para acceder a los archivos digitales de la «listas negras»:
