Un día antes de que se cumplan 30 años de las elecciones que permitieron la vuelta de la democracia, democratizamos las ondas, democratizamos el espectro radioeléctrico, democratizamos las voces.

El cambio de época que significa salir a festejar las leyes que aprueba el Congreso y no tener que estar en la calle para que no nos impongan recortes, privatizaciones y leyes liberticidas. La Argentina es capaz de enfrentar la globalización y los poderes hegemónicos, lo que no quiere decir que vaya ganando la guerra ni que las victorias de hoy lo sigan siendo mañana.

Un buen ejemplo es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), una ley que se aprobó en el 2009 y que algunos oligopolios con la connivencia de jueces “amigos” consiguieron bloquear con medidas cautelares paralizando una buena parte de los artículos fundamentales de la lay antimonopólica.

Esta ley viene a reemplazar la Ley de Radiodifusión impuesta a sangre y fuego por la dictadura de Videla y compañía y que los gobiernos democráticos previos al de Cristina Kirchner no pudieron elaborar. Es más, de cada gobierno, el Grupo Clarín consiguió sacarles “favores” trascendentales para el desarrollo de su posición dominante a lo largo y ancho del país. Tal es así que el Grupo abastece de señal televisiva a más del 80 % de los hogares de la Argentina, privilegiando sus propias licencias, sus pactos publicitarios y censurando aquellas señales que pudieran competir con las propias.

La LSCA otorga al derecho a la información fidedigna la categoría de derecho humano y pone al Estado como garante del cumplimiento de este derecho. Crea, para eso un ente de control y gestión de la ley y del espacio de difusión de las señales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en un fallo excepcional declaró: “Los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público, motivo por el cual el interés del Estado en la regulación resulta incuestionable” y agrega “Si estos medios son controlados por un reducido número de individuos, o bien por sólo uno, se está, de hecho, creando una sociedad en donde un reducido número de personas ejercen el control sobre la información y, directa o indirectamente, la opinión que recibe el resto de las personas. Esta carencia de pluralidad en la información es un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia…”.

Una gran representación del arco político argentino se congregó ayer a la noche en el Congreso para saborear y aplaudir este triunfo de la democracia que permitirá repartir el derecho a expresar su voz a las cooperativas y asociaciones comunitarias, reotogará a los medios la función de prestadores de servicio público y permitirá que nuevos dueños de medios puedan competir en condiciones menos dispares.

“Los grandes grupos no se asumen sólo como el poder mediático, sino que ellos constituyen, sobre todo, el brazo ideológico de la globalización” viene denunciando Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique y referente de la lucha antimonopólica de la palabra.

Como decía ayer el vicepresidente de la Argentina y actual presidente en funciones por la convalecencia de Cristina Fernández, Amado Boudou “hay más democracia para los 40 millones de argentinos” a partir de la aprobación absoluta de la Ley promovida y coordinada por Gabriel Mariotto, quien la defendiera a capa y espada, como lo hace el ahora representante de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) Martín Sabbatella y referentes mediáticos que desde el primer momento impulsaron la promulgación de esta ley como Víctor Hugo Morales u Horacio Verbitsky.