El Martes 17 de septiembre el gobierno del Ecuador lanzará la campaña internacional “La mano sucia de Texaco”, para poner en evidencia ante la comunidad internacional el daño causado por la petrolera a lo largo de los más de 20 años de explotación en la zona norte de la amazonía ecuatoriana. Pressenza ofrece a sus lectores una breve cronología del conflicto, como antecedente y contexto de la campaña mencionada.

 

La empresa norteamericana Texaco mantuvo con el Estado ecuatoriano un contrato de exploración y explotación de hidrocarburos por más de 20 años. Durante dicho período, Texaco (posteriormente absorbida por Chevron) extrajo 1.5 mil millones de barriles de petróleo y vertió 19 mil millones de galones con desechos y residuos en toda la zona donde llevó a cabo su actividad extractiva. Las acciones de remediación fueron completamente antitécnicas e insuficientes, como ha sido demostrado.

La concesion concluyó en el año 1992 y, a su término, el gobierno de turno, presidido por Sixto Durán Ballén, liberó a la compañía de responsabilidad ambiental respecto a sus obligaciones con el Estado pero no la liberó de su responsabilidad con respecto a terceras personas.

Ya desde 1993 algunos habitantes de la zona buscaron entablar demandas contra la compañía en distintas ciudades de Estados Unidos.  Después de diez años en las cortes norteamericanas y con la intervención de la propia compañía, interesada en sacar el caso de territorio norteamericano, la justicia de Estados Unidos determinó que la decisión debería ser tomada por la justicia ecuatoriana.

A partir del año 2004, en el proceso conocido como Caso Lago Agrio, la Chevron-Texaco fue demandada por 5 comunidades indígenas, 80 comunidades y más de 30 mil personas aglutinadas en el colectivo “Afectados por Texaco”. En el año 2011, el juez que conoció el caso dictó sentencia en contra de Chevron y la condenó a pagar 8 mil millones de dólares y, en caso de negarse, este monto se duplicaría. De hecho, a día de hoy, la cifra asciende a 19 mil millones de dólares.

Desde el momento de la sentencia, Chevron-Texaco ha intentado todo tipo de procedimientos: desde la apelación ante la justicia ecuatoriana, en la que la sentencia se ratificó, hasta la actual campaña internacional de desprestigio y presión contra el Estado ecuatoriano, pasando por la pretensión de que involucrar al Ecuador en un litigio entre dos sujetos particulares (Chevron/Texaco y pobladores de la amazonía), apelar ante la justicia norteamericana con la pretensión de “endosar” el pago de la indemnización al Estado.

Ante el fracaso de las anteriores acciones, la empresa ha iniciado un reclamo ante el Tribuna Arbitral, amparándose en el TBI suscrito por Ecuador y Estados Unidos en el año 1997 e intentando hacerlo retroactivo. De modo “sorprendente”, el Tribunal Arbitral se ha declarado competente para conocer el la controversia y ha señalado “que Ecuador ha incumplido con sus órdenes de medidas provisionales por cuanto no ha impedido la ejecución y reconocimiento de la sentencia”.

El presidente Rafael Correa ha dejado claro que fue el Estado ecuatoriano el que, en un acto de corrupción y “vende patria”, afirmó que la reparación ya se había hecho pero que “las comunidades amazónicas que fueron contaminadas tienen todo el derecho de demandar”

«Nosotros no escogemos la batalla, pero tendremos que luchar donde los adversarios del país traten de afectar a nuestra gente. Chevron ha tratado de destruir al país y lo defenderemos con todas nuestras energías», acotó el presidente Correa, en entrevista concedida hoy a GAMA TV.

Fuentes: www.accionecologica.org,http://rsechile.wordpress.com, http://www.presidencia.gob.ec