El máximo tribunal iniciará hoy el proceso de audiencias, entre las que analizará la apelación del gobierno argentino contra el primer fallo de Thomas Griesa, quien consideró que la Argentina violó el tratamiento igualitario a los acreedores.

El máximo tribunal puede dar a conocer la decisión de que acepta o rechaza el caso hoy mismo o en el lapso de una semana, o bien puede no emitir opinión acerca del juicio que enfrenta la Argentina contra los fondos buitre, y pronunciarse más adelante, a la espera de que avance el proceso judicial por el segundo fallo negativo contra la Argentina, que avaló un método de pago que afecta a los bonistas del canje e involucra a entidades financieras intermediarias.

También puede tomar la decisión de pedirle opinión al Gobierno de Estados Unidos, donde aquí el Gobierno de Barack Obama no tiene plazos para presentar su escrito.

En rigor, la Corte Suprema retomará su actividad ordinaria luego del receso de verano y realizará la primera audiencia de varias que realizará en esos días, donde se analizarán, a puertas cerradas, más de 100 casos.

En el caso argentino, la Corte puso en la agenda sólo uno de los aspectos del litigio entre Argentina y los fondos buitre, reflejado en el fallo del 26 de octubre del 2012 que sostiene que el Gobierno violó la cláusula de tratamiento igualitario (pari-passu) entre los tenedores de bonos que aceptaron el canje de deuda, y los que no lo hicieron.

El consenso es que no haya definiciones sobre este juicio en el 2013, ya que aún si sucediera el escenario de que la Corte Suprema rechazara la primera apelación de la Argentina, queda la segunda apelación en curso.
En efecto, la segunda apelación es la que tiene en vigencia un «stay», que impide ejecutar la medida contra la Argentina, hasta que lo defina el máximo Tribunal.

Por ello, analistas del mercado estiman que la Argentina no ingresará en ningún tipo de incumplimiento.

De manera paralela, el Gobierno continúa agotando todas las instancias judiciales del juicio, y se encuentra en trámite de apelación ante la misma Cámara de Apelaciones, del  fallo posterior relacionado, del 23 de agosto último, que se expresó sobre el método de pago a los demandantes, y condenó al país a pagarle 100% bajo la fórmula Griesa.

Esta fórmula obliga a la Argentina a no pagarle a los bonistas del canje que ingresaron en el 2005 y 2010, si antes no abona el 100% de la deuda nominal en default a los fondos buitre.

Con estos tiempos, falta que la Cámara de Apelaciones se pronuncie sobre la apelación argentina ante ese mismo Tribunal de tres jueces, lo cual es de una probabilidad alta de que sea rechazado.

Tras lo que luego el Gobierno argentino recurriría al pedido «en banc», es decir, que lo revise el plenario de los treces jueces, y si también lo rechazara, acudiría nuevamente al máximo tribunal.

En este marco, el Gobierno avanzará con el Canje III de la deuda, para quienes no ingresaron a las reestructuraciones anteriores y desestimaron un juicio, que estará operativo en octubre.

La semana pasada, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, abogó por «la necesidad de una regulación global del mercado, para la gobernanza global», durante su discurso ante la 68 Asamblea de Naciones Unidas.

De hecho, los fondos buitre amenazan a la Argentina en los tribunales de Nueva York hace 10 años, y la Argentina no puede poner punto final a los canjes de deuda debido al vacío legal internacional para la solución de países en quiebra.

«En estos benditos mercados autoregulados», que logran cobrar sentencias con ganancias de 1300% «¿dónde vamos a encontrar empresarios que se dediquen a generar empleos e innovar, cuando alguien compra por 40 millones de dólares y luego consigue una sentencia judicial de 1.700 millones de dólares?», le preguntó la al auditorio y al Secretario General de Naciones Unidas.

Asimismo, los cancilleres de países en desarrollo nucleados en el Grupo G77 emitieron una declaración en contra de que «los fondos buitre paralicen las reestructuraciones de deuda».

Por último, los países de Argentina y Ghana acordaron ponerle fin al proceso arbitral desatado por el embargo de la Fragata -juicio que ganó el país local ante los tribunales de Hamburgo- y acordaron iniciativas conjuntas para difundir la experiencia de la amenaza de los fondos buitre.