La Corte Suprema de Justicia de la Nación escuchó hoy las posiciones de “amicus curiae” por el Estado Nacional y el Grupo Clarín y además dio lugar a los considerados “independientes” o en representación de la ciudadanía, como la Procuración General de la Nación, en medio de una masiva marcha convocada fuera del Palacio de Justicia por quienes apoyan la vigencia plena de la ley.

La audiencia continuará mañana en la jornada más trascendente, durante la cual los ministros escucharán a las partes, el Gobierno Nacional y el Grupo Clarín y luego formularán preguntas.

En posiciones que no son vinculantes para la Corte, cinco oradores se manifestaron a favor de revocar el fallo que declaró la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la norma en tanto que otro igual número avaló la postura del grupo Clarín y pidió ratificar esa sentencia.

La última en exponer en el cuarto piso del Palacio de Justicia porteño fue la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbo, quien calificó como una “falacia presentar como un conflicto entre Gobierno y empresa” la dispusta legal, al hablar en representación de los intereses de la ciudadanía.

“Se simplifica la realidad, se minimiza el poder del grupo empresario y desde esa posición de falsa debilidad se invoca la lesión al derecho a la expresión y así se desvía la atención del asunto principal, porque lo que está en juego es uno de los bienes más preciados de la República, la libertad de información y expresión“, afirmó.

Como ya lo hizo en un dictamen donde avaló la constitucionalidad de los artículos cuestionados, Gils Carbó entendió que el fallo “eludió la consideración de bienes sociales en juego” y se dictó “prescindiendo del hecho relevante de que la concentración mediática es contraria a la libre información y libre expresión”.

“Le solicito a esta Corte que dicte un fallo histórico, develando las falacias de este proceso, no puede haber derechos adquiridos ni violación a la propiedad privada a través de una posición construida violando derechos humanos”, concluyó tras recordar la investigación penal en curso por la aquisición de la empresa Papel Prensa en 1977 por parte del Grupo Clarín y las circunstancias de la fusión de Multicanal y Cablevisión, a la que ella se opuso cuando era fiscal.

Como amigos del tribunal independientes se habían presentado poco antes la titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cinthya Ottaviano, quien también se pronunció por la constitucionalidad plena de la ley para lo cual leyó reclamos de usuarios del interior del país sobre presuntas conductas abusivas de la empresa Cablevisión, perteneciente a Clarín, entre otros argumentos.

Y por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el constitucionalista Juan Vicente Sola, quien cuestionó la validez legal de la obligación de desinvertir para el Grupo Clarín.

La audiencia comenzó puntualmente a las 10, con la exposición del representante del Observatorio Iberoamericano de la Democracia, Asdrúbal Aguiar, como amicus por parte de Clarín, quien sostuvo que la ley de Medios “propone un régimen de intervención estatal sobre medios de comunicación radioeléctricos”.

Le siguió el titular de la Asociación Argentina de Juristas, Beinusz Szmukler, que en aval al planteo del Estado sobre la constitucionalidad de la Ley aseguró que Clarín es un “monopolio informativo integrado a la red mundial de la desinformación, basada en el ocultamiento de la información que los perjudica” y “en la sobrecarga de información banal e inútil”.

Tanto Szmukler como Gils Carbo, Ottaviano y quienes expusieron a favor de la vigencia de la ley arrancaron ovaciones entre quienes seguían desde la calle la marcha de la audiencia y que dedicaron silbidos a quienes exponían avalando la demanda de Clarín.

El segundo “amigo” elegido por el grupo Clarín para defender su postura fue la Asociación de Organizaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, cuya posición expuso Eduardo Oteiza, quien trazó un paralelo con la jurisprudencia de los Estados Unidos para la distribución de licencias de la televisión por cable y señaló que en ese país “nunca se aplicó” la regulación en los operadores de cable.

En apoyo del Estado, el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Ruta, planteó la necesidad de un Estado que establezca un sistema “protector de libertades y derechos”, que “limite” los derechos individuales en beneficio del “interés general”.

En tanto, otros de los “amigos” elegidos por el grupo Clarín, Luis Pardo y Carlos Laplacette, de Adepa, sostuvieron que “los  artículos 41, 45, 58 y 161 (de la ley de Medios) representan una conculcación de derechos constitucionales en relación con la libertad de expresión y la igualdad ante la ley y eso es un grave retoceso para la sociedad”.

En apoyo de la voz del Estado, representando a la Universidad Nacional de Lanús, Víctor Abramovich, afirmó que el Estado “tiene el deber de intervenir para transformar estructuras que silencian a sectores de la población”.

El sociólogo Eliseo Verón, representante del Comité del Consumidor (CODELCO), y “amigo” elegido por Clarín consideró que la norma “ya era obsoleta el día en que salió publicada en el Boletín Oficial” porque no preveía la “revolución” generada por la expansión del uso de Internet.

Andrés Gil Domínguez, también representante de CODELCO, puso el acento en “la presunción de inconstitucionalidad de todas las leyes que buscan restringir el acceso a una oferta plural” e indicó que “el artículo 45 de la Ley es claramente inconstitucional e inconvencional al limitar el número de licencias a 24″.

Del lado del Estado, el titular de Cooperar, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, aseguró que recién en el 2009, con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual pudieron “acceder a la palabra”, ya que “por 29 años” estuvieron marginados del sistema de comunicación.

El último “amigo” elegido por el grupo Clarín para exponer fue el abogado Lucas Grossman, quien interpretó hoy que la vigencia de la norma aprobada por el Congreso de la Nación por amplia mayoría “reducirán la cantidad y la calidad de la información”.

Finalmente, en apoyo del Estado, expuso el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, que rechazó la “escandalosa dilación judicial que paralizó durante 4 años” la aplicación plena de la ley y criticó la forma en que la Corte Suprema de Justicia convocó a la audiencia que se desarrolló hoy y continuará mañana.

También en representación del CELS, Damian Loreti brindó la argumentación técnica del organismo a favor de la ley y destacó que “principios y declaraciones del sistema interamericano de justicia establecen que los monopolios deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia”.

Al inicio de la audiencia estuvieron presentes todos los ministros pero al rato abandonó el recinto Eugenio Zaffaroni, quien partió al aeropuerto internacional de Ezeiza por tener previsto un viaje a Alemania y también lo dejó antes del final la ministra Carmen Argibay.

En la apertura y el cierre habló brevemente el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para explicar el procedimiento ante decenas de periodistas de medios nacionales e internacionales y funcionarios y legisladores que presenciaron la audiencia, como el titular de la AFCSA, Martín Sabbatella; la subsecretaria de Defensa del Consumidor, María “pimpi” Colombo, y los legisladores María Eugenia Estenssoro y Manuel Garrido, entre otros.