Mohamed Badie fue apresado por «incitar a la violencia» y los islamistas llamaron al boicot. Estados Unidos negó que haya cortado su ayuda a los militares.
La tensión en Egipto tras la semana más violenta que se recuerda en los últimos años continúa en un alto nivel luego de que apresaran al líder espiritual de los islamistas y a once supuestos implicados en la matanza de policías perpetrada ayer.
Paralelamente, los Hermanos Musulmanes hicieron un llamado a la desobediencia civil y acusaron a las fuerzas de seguridad de la muerte ayer de 24 policías en el Sinaí para luego culpar de lo sucedido a los seguidores del derrocado presidente Mohamed Mursi.
Los Hermandad Musulmana, agrupación a la que perteneció Mursi hasta acceder al poder, reemplazó a su máxima autoridad, Mohamed Badia, por el viceguía, Mahmud Ezat.
Badia fue detenido en la madrugada junto a otro miembro de la agrupación, Talat Yusef, cuando ambos se encontraban en un departamento cercano a la plaza Rabaa al Adaweya, en Nasr City, donde hasta el miércoles pasado acampaban los islamistas que fueron desalojados a sangre y fuego por la policía dejando un saldo de más de medio millar de muertos.
Por otro lado, los islamistas egipcios hicieron un llamado a la desobediencia civil contra «los golpistas» que derrocaron al gobierno de Mursi y aclararon que continuarán con sus protestas pacíficas en apoyo al presidente depuesto.
La campaña de desobediencia incluye un boicot a los medios de comunicación partidarios del golpe de Estado cívico militar, informó en una rueda de prensa la llamada Alianza para la Defensa de la Legitimidad que incluye a los Hermanos Musulmanes y a grupos afines.
Además, instaron a dejar de comprar productos importados de los países que financian el golpe de Estado, como Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos y Kuwait, entre otros.
Dichos países son algunos de los que concedieron préstamos a las autoridades de facto por al menos 12.000 millones de dólares para que Egipto supere la crisis económica tras el derrocamiento de Mursi.
Los Hermanos Musulmanes acusaron a la Policía de estar detrás del episodio en el que hace dos días fueron torturados y asesinados 36 presos islamistas que estaban siendo trasladados a prisión, e incluso de la muerte ayer de 24 policías en el Sinaí para luego culpar de lo sucedido a los seguidores de Mursi.
Un día después de los ataques contra militares y policías en la Península del Sinaí, fueron detenidos once islamistas acusados del hecho en el que murieron 24 personas y tres resultaron gravemente heridas.
El hecho se produjo el lunes cuando desconocidos armados obligaron a agentes a bajarse de los minibuses en los que se trasladaban y los ejecutaron, en el ataque más importante registrado en la Península contra las fuerzas de seguridad en los últimos años.
La Península del Sinaí ha sido escenario últimamente de numerosos ataques armados contra efectivos de la policía y del ejército, que coincidieron con la situación de crisis política y violencia que vive Egipto.
La Casa Blanca negó hoy un informe de prensa que aseguraba que en secreto se congeló la ayuda económica al Ejército de Egipto.
«El informe que afirma que suspendimos la ayuda a Egipto no es correcto», expresó la portavoz del Consejo Nacional de Seguridad Bernadette Meehan, citada por la cadena televisiva estadounidense CNN.
«Como dijo el Presidente (Barack Obama), estamos revisando toda nuestra asistencia a Egipto. No hay decisiones de política que se hayan hecho en este punto con respecto a la ayuda restante», indicó.
Esa «política de las decisiones» sobre si la interrupción del Gobierno del ex presidente egipcio Mohamed Mursi fue un golpe de Estado o no, deja un amplio margen para decidir si se congela la ayuda a los militares egipcios.
La administración Obama señaló que está revisando la relación general entre Washington y El Cairo y podría decidir no divulgar la totalidad o parte de los fondos que componen el paquete de ayuda anual al país del norte de Africa.
En cuanto a la ayuda a los militares, «aproximadamente 585 millones (de dólares) siguen sin estar comprometidos», dijo ayer la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki.
«Estamos revisando cada uno de esos programas (ayuda) en una base de caso por caso para determinar si tenemos autoridad para continuar prestando esos fondos o deberíamos tratar de modificar nuestras actividades», agregó la portavoz.
