Bolivia se encuentra en el triste grupo de 48 países mediterráneos o sin litoral, junto a Paraguay en Sudamérica y una decena de países africanos, protectorados y otras contadas excepciones. Esta situación originada hace 134 años, es la principal causa de problemas políticos y diplomáticos con Chile, aunque desde la vuelta a la democracia, los presidentes y la diplomacia chilena han insistido en que no existe tal problema. Incluso hoy, con un nuevo juicio ante la Corte de La Haya, se sigue manteniendo esta tesis en vez de buscar soluciones efectivas a un problema centenario.
Como en todo orden de cosas, siempre existe un discurso oficial y otro alternativo, no por ello menos cierto. Algo similar ocurre en torno a las relaciones de Chile con Bolivia, pues a nivel diplomático se respira un aire gélido, evidenciado en la ausencia de Embajador altiplánico en Santiago. Sin embargo, en el otro nivel de los pueblos las relaciones son cada día más cercanas. Basta evidenciar las cifras de turismo con Bolivia, donde la presencia de chilenos en tierras del Koyasullo aumentó un 68% desde 2008, llegando el 2012 a la cifra de 68.209 turistas nacionales que cruzaron la frontera.
Cualquier chileno que haya estado en La Paz es consultado, seriamente o a modo de broma, sobre el tema marítimo y su postura al respecto. Es un tema recurrente, enseñado en las escuelas, divulgado por el arte y muchas veces utilizado por la política para fines particulares. A eso se suma que cada 23 de marzo conmemoran el Día del Mar, pero no como la reiteración de una victoria, sino como recuerdo de una derrota, tristemente proporcionada por Chile hace 134 años.
DEMANDA HISTÓRICA
El retorno al mar, como lo llaman en Bolivia, ideal del cual han hecho eco todos los sectores de la sociedad, ha servido, en manos de algunos gobernantes, para encender los ánimos nacionalistas sabiendo que es una carta segura. No obstante, esta demanda, se transformó en imperativo nacional, cuando fue incluida en la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgado en 2009. El artículo 267 establece que “el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo, asimismo señala que la solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y ejercicio pleno sobre dicho territorio, constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano”.
Es este carácter “permanente e irrenunciable” el que ha guiado en los últimos años las nuevas acciones del gobierno de Morales para retornar con soberanía al mar. Para ello, se creó en 2011 la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Diremar, institución encargada de recabar todos los antecedentes históricos y judiciales que permitieran avalar una futura petición de Bolivia, ya sea en acciones bilaterales o, como sucedió el pasado 24 de abril, ante organismo internacionales.
Como señala el historiador boliviano Fernando Cajías, experto en el tema marítimo, es primera vez que la apuesta boliviana se organiza y sistematiza bajo una dirección. Para ello estuvieron durante dos años, recopilando toda la información pertinente que les permitiera llegar en buen pie ante La Haya, lo que dio como resultado una defensa basada en tres fundamentaciones que tienen que vincularse: la jurídica, la histórica y la económica.
“Lo más importante es encontrar documentos históricos que prueben nuestros derechos y todo aquello que ha significado el incumplimiento del Tratado de 1904”, agrega el coordinador de Diremar y precisa que “teníamos documentos muy dispersos, en Chile tienen un poco más adelantado este trabajo”. Por lo que el desafío a principios de este año era estar a la par con Chile, para presentar la demanda.
Ese “tridente” en que se basa la defensa de Bolivia encuentra su origen en todos aquellos documentos históricos y legales que puedan validar cuatro tesis principales: que Bolivia tuvo mar; que Chile invadió injustamente; que Chile no cumplió el Tratado de 1904 y, por último, como consecuencia de todo aquello, la tesis principal que Bolivia sustentará en La Haya: que Chile generó esperanzas de dar acceso a Bolivia y no ha cumplido.
Esto último, la gran novedad como estrategia, se basa en los inéditos “derechos expectaticios”, bajo los cuales, Morales pretende sentarse a negociar definitivamente con Chile.
LAS RAZONES DE BOLIVIA
Bolivia tuvo mar, reconocido por Chile, y avalado por los mapas, por lo menos hasta 1881. Este debe ser el argumento más visceral de los bolivianos, al saberse despojados de una región completa, como lo era el Departamento Litoral, con actividad portuaria en Cobija (según un censo, en 1854 tenía 5.582 habitantes, de un total de 2.526.126 en toda Bolivia) y Antofagasta y otros reductos urbanos como Calama. “Las invasiones no traen soluciones, sólo traen profundas diferencias y heridas”, señaló el presidente Evo Morales el pasado 14 de febrero en la Plaza Murillo de la capital boliviana.
Varios hitos antecedieron la iniciativa bélica de Chile bajo la cual logró anexar 400 kilómetros de costa anteriormente boliviana, consignada en sendas investigaciones en ambos países. Estos apuntaban a la delimitación de fronteras al norte de Atacama, decisión que había adoptado Chile, principalmente basado en las tesis expansionistas de Portales, con miras a aquellos terrenos ricos en minerales: las ya conocidas salitreras y guaneras de la época y las primeras vetas del cobre, plata y oro, profusamente explotadas luego.
Es en 1842, cuando Chile comienza a ejercer presencia legal sobre “el despoblado de Atacama”, razón que enerva a ciertos historiadores bolivianos, como Rodolfo Becerra de la Roca, quien señala en su libro “El tratado de 1904, la gran estafa”, que Chile “con todo desprecio al derecho ajeno se puso a legislar sin jurisdicción, ni competencia sobre la costa de Atacama”. Señala, además, que “en las constituciones de1812, 1818, 1822, 1823, 1826, 1828 y 1833 no interviene, ni podía, representante alguno de Atacama, porque su ambición nació recién con el descubrimiento de riqueza en ese territorio”.
Lo siguiente es la tesis de la invasión, que ambos países alegan. Por un lado, los bolivianos dicen que fue tal, ya que Chile usó como excusa el impuesto de 10 centavos por quintal de salitre que aprobó el Congreso boliviano en 1878, para las empresas bolivianas. Este se aplicó, como a otras, a la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, de capitales chilenos y extranjeros, pero inscrita con domicilio en Bolivia. Chile consideró aquello como una ofensa, a lo que sumó el conocimiento del tratado secreto entre Perú y Bolivia que señalaba ayuda mutua en caso de agresión extranjera.
El historiador Eduardo García lo clarifica, fue una decisión “soberana aplicada a una empresa extranjera, pero jurídicamente boliviana”. Señalan que luego de anexada la zona a Chile, el Estado chileno aplicó un gravamen de 1,60 pesos, sin provocar mayores quejas de las empresas anteriormente afectadas.
La historia del impuesto de los 10 centavos por quintal de salitre que aprobó el gobierno boliviano, fue ocupada como excusa por Chile para iniciar una guerra mientras los ingleses festejaban y dividían a los pueblos andinos en una más de las enemistades entre naciones vecinas propiciada por los intereses del capital trasnacional.
Otros elementos en discusión tienen que ver con la declaración de guerra, que no se dio sino hasta haber completado el desembarco en Antofagasta el 14 de febrero, tomando por sorpresa a los bolivianos que, con nulas condiciones de comunicación, tardaron varios días en tomar conocimiento y recién el 1 de marzo se declara la guerra, cuando prácticamente estaba ganada por Chile, en cuanto a los territorios bolivianos.
COMPROMISO OBLIGADO
El famoso Tratado de 1904, al que hacen alusión ambos países, Bolivia reclamando su discusión y Chile su carácter intangible e indiscutible, fue firmado en octubre de 1904, bajo el gobierno de Germán Riesco. Le antecede el Pacto de Tregua de abril de 1884 y el de Paz y Amistad de mayo de 1895, que marcó 20 años de presiones, desaciertos políticos y negociaciones bajo una tensa calma.
Fue en aquel pacto en que Chile se comprometía a dar una salida soberana al mar para Bolivia, en compensación por los territorios anexados. La fórmula dependía del resultado del Tratado de Ancón que existía con Perú, bajo el cual si Chile “adquiriese dominio y soberanía permanente sobre los territorios de Tacna y Arica, se obliga a transferirlos a la República de Bolivia, en la misma forma y con la misma extensión que los adquiriera”, para lo cual Bolivia pagaría una indemnización similar a la que llegó a acuerdo por la transferencia de su anterior litoral a Chile.
Existía, por lo tanto, conciencia de la necesidad de salida soberana e independiente de Bolivia al mar.
Sin embargo, todo cambió para mal de los altiplánicos con la misión del ministro Plenipotenciario enviado por Federico Errázuriz a Bolivia. Se trata de Abraham König, quien daría la primera pincelada del futuro Tratado, basado en dos ideas fundamentales: que Chile está imposibilitado de ceder un puerto como Arica y que Bolivia no necesitaba la salida al mar, desconociendo el acuerdo de 1895.
“Bolivia no debe contar con los territorios de Tacna y Arica, aunque el plebiscito sea favorable a Chile”, señaló en una carta a la Cancillería boliviana, fechada el 13 de agosto de 1900, y alega que Chile requiere de esos dos enclaves. Señala que deben estudiar la posibilidad de ver más al norte, pero, en una actitud casi de mofa, dice que no hay condiciones físicas óptimas al norte de Arica, donde “la vista se pierde siguiendo las sinuosidades de una costa inhospitalaria”.
A esta propuesta le sigue el argumento de que Bolivia no requiere un puerto, ni salida al mar, porque todas las necesidades comerciales y de comunicación estarán satisfechas a través de puertos chilenos bajo los cuales Bolivia obtendría libre tránsito durante los tiempos de paz, manifestando su convicción de que “un puerto no añadiría nada al comercio, ni al poder de Bolivia”.
Sin embargo, y con una diplomacia primitiva, König señala que en tiempos de guerra “las fuerzas de Chile se apoderarían del único puerto boliviano con la misma facilidad con que ocuparon todos los puertos del Litoral de Bolivia en 1879”, añadiendo, a fin de despejar toda duda y apurar la firma, que Chile “ha centuplicado su poder ofensivo en los últimos 20 años”.
Esta podría ser la primera hebra de una relación dispar entre ambos países, donde Chile, como señala el analista y ex embajador Carlos Parker, ha aplicado la “política del ninguneo”. En este sentido, la posición negacionista del problema con Bolivia “ha estado además revestida, de muy obvios componentes racistas, discriminatorios y despreciativos hacia nuestros vecinos del norte. No es por otra razón, que se palpa en el ambiente una compulsión de satisfacción y hasta de orgullo patriótico cada vez que alguno de nuestros presidentes se propone vapulear en público a algún mandatario boliviano a propósito de esta cuestión o de cualquier otra”, señala Parker.
EN LA HAYA… DE NUEVO
Así es como, 134 años después, todavía hay heridas abiertas a raíz de un conflicto que el mismo comandante peruano Miguel Grau, trataría de “Guerra fratricida”. Sin embargo, desde Aylwin a la fecha, los mandatarios chilenos han insistido, amparados en una “política de Estado”, que no existe ningún tema pendiente con el país altiplánico, ni con Perú. No obstante, hoy estamos con dos demandas ante La Haya, en una clara muestra de soberbia, incluso a costa de los reclamos al interior de Chile que llamaban a solucionar los problemas antes que llegar a instancias internacionales.
En concreto, lo que Bolivia demanda ante La Haya es que “falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar y de buena fe y con eficacia un acuerdo pronto, para que le otorgue una salida plenamente soberana al océano Pacífico”.
Esto no es como lo han planteado algunas autoridades, un despojo ordenado por La Haya, sino el cumplimiento a años de demanda boliviana, a discutir y buscar soluciones a su reivindicación.
Los debutantes “derechos expectaticios” a los que hace alusión la estrategia de Bolivia liderada por Eduardo Rodríguez Veltzé, plantean que “existe una obligación de negociar, que la Corte vea si esa obligación se ha cumplido y que obligue a Chile a que se cumpla”, y se fundamentan en que existen “actos unilaterales chilenos que han creado un vínculo”. Se refieren en concreto a las promesas de solución durante el gobierno de González Videla, durante la dictadura de Pinochet y últimamente en la agenda de 13 puntos firmada con Bachelet.
La solución no vendrá, en definitiva, de La Haya, sino de la voluntad política de Morales que espera reelegirse para un tercer período en Bolivia y de los resultados que arrojen las urnas en noviembre próximo, en el caso chileno. La salida política, aparejada con el ninguneo por esta alternativa, es lo que el analista Carlos Parker considera como el camino adecuado para su resolución y no “la beatería juridicista y su complemento más actual, la idolatría de los negocios, dupla fatal que reniega de la política y domina sin contrapesos en nuestra política exterior”.
Respecto a este nuevo episodio en La Haya, son muchas los escenarios posibles, puesto que se espera una resolución recién en tres o cuatro años, al juicio que comienza el próximo 12 de junio cuando ambos agentes deban comparecer ante el Tribunal.
Es de esperar que este tiempo no sea cultivo de amenazas nacionalistas o patrioteras, sino que abrigue la necesaria reflexión de lo que hemos hecho mal en ambos lados, a fin de continuar conviviendo como países hermanos, en una Latinoamérica que cada vez más clama por unidad y fraternidad entre los pueblos que la componen.
Por Leonel Retamal Muñoz
