Carabineros de Chile bajo sospecha

El día de ayer asesinaron a Rodrigo Melinao Licán, el comunero mapuche se encontraba en la clandestinidad, decisión tomada después de haber  sido condenado el pasado 24 de julio a 5 años por el delito de incendio forestal, y a 541 días por daños a dos buses y un camión aljibe. Melinao consideraba que el  proceso que llevó  el Fiscal Luis Chamorro fue  irregular y un montaje que se llevó en su contra.

Su muerte sigue a una lista de víctimas mapuche con resultado fatal de parte de la policía chilena, es por ello que la familia pone bajo sospecha a miembros de Carabineros de Chile, toda vez que  la experiencia que han vivido  justifica  estas acusaciones.

Otros sospechosos son los mismos latifundistas del lugar, considerando que hace un tiempo se encontró un fuerte armamento  en sus manos;  hasta ahora no se sabe qué pasó con esta situación, lo que sí está claro que nadie fue juzgado por la Ley Antiterrorista.

La muerte de Rodrigo Melinao  se da en el contexto  de la situación que viven las comunidades  al sur de Chile, situación tan distante para la mayoría de los chilenos, donde el abuso de la institucionalidad  es parte de lo que tienen que soportar los mapuche cotidianamente. Sin embargo, siguen luchando por recuperar los territorios que les fueron usurpados en diferentes momentos de la historia.

Esa recuperación de territorios que se hace a través de la ocupación productiva de los predios o por la vía legal,  ha llevado a que los diferentes gobiernos usen una represión  violenta y despiadada, sin hacer diferencia entre niños, ancianos y mujeres. Donde los medios de comunicación chilenos han criminalizado, distorsionado y  manipulado  todos los procesos de recuperación de tierras;  donde los procesos judiciales  son llevados adelante con fiscales que se presentan a los juicios con bajos estándares de prueba; con montajes y con testigos protegidos y con peritos que aparecen como  víctimas e investigadores a la vez.

De vuelta a la democracia  los mapuche han demostrado su capacidad de dialogo reclamando sus legítimas demandas y  derechos. Sin embargo, la sociedad chilena y sus instituciones ha dado a las comunidades mapuche un mal trato evidente y discriminatorio  dilatando sus peticiones; militarizando sus territorios; allanando las comunidades;  quitándoles sus predios cada vez  que comerciantes, abogados y   notarios legitiman títulos de propiedad en forma fraudulenta; explotando ilegítima e ilegalmente   los territorios indígenas que por teórica protección legal, nunca pudieron adquirir, los que finalmente son entregados   a  grandes consorcios económicos. Podríamos seguir  enumerando  muchas  otras formas de abuso.

El trato hacia el pueblo mapuche es clara e inconstitucionalmente discriminatorio, convirtiendo al mapuche  en un sujeto sospechoso, conflictivo y violento, y a su etnia en ciudadanos de cuarta clase.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió al fallecimiento del comunero lamentando el hecho, presentándolo  como un «presunto asesinato» y aseguró que la investigación se encuentra en curso por parte de la Fiscalía Regional y que se dispondrá de la colaboración de las Fuerzas Especiales para esclarecer los hechos. No se escucha como frente a otros homicidios en la zona,  palabras drásticas de ejercer la justicia y no se ha visto el traslado de  ningún funcionario especial para averiguar los hechos. No se ha mencionado el uso de la Ley Antiterrorista en este caso. La reacción del funcionario de gobierno se podría calificar- a lo menos- como discriminatoria y sospechosa y con  mirada sesgada.

Por su lado la candidata presidencial, Michelle Bachelet, calificó de «inaceptable»  la muerte del comunero mapuche: “Es un hecho condenable  e inaceptable y la  información que tengo es que la investigación está en manos de la PDI y lo que hay que hacer es una investigación a fondo  y hacer justicia que es lo que merece la familia”. Es importante recordarle a la candidata que en los distintos gobiernos de la Concertación y en su propio mandato, se asesinaron a mapuches, donde no hubo justicia ni investigaciones especiales, hasta la fecha.

Edmundo Alex Lemun  17 años de edad, fue ejecutado por una bala en la cabeza por el teniente de Carabineros de Chile Marco  Treuer, quien le disparó a quemarropa en el año 2002; Matías Catrileo, de 22 años en el 2008, asesinado por la espalda con una ráfaga de subametralladora UZI por parte del cabo 2º de Carabineros, Walter Ramírez Espinoza; Jaime Mendoza Collio, de 24 años, resultó muerto tras ser baleado por el cabo de Carabineros, Patricio Jara Muñoz  , año 2009. Todos estos casos están, real o prácticamente, en la impunidad.

Esperamos que el futuro Presidente  de Chile escuche, y disponga lo necesario para hacer efectivas las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas,  del recién pasado 30 de julio de 2013, que expresa : (…) la recomendación se relaciona a la necesidad urgente de poner fin a la actual situación de impunidad de facto por los delitos cometidos por los encargados de hacer cumplir la ley contra los miembros de las comunidades Mapuche durante la última década.

Las comunidades Mapuche activistas han sido sujetas al uso sistemático de fuerza excesiva durante los allanamientos a sus comunidades, y continúan impunes los delitos que aparentemente fueron cometidos por funcionarios de fuerzas especiales de Carabineros en el pasado”.

“Sin embargo, a fin de reconstruir la confianza será necesario asegurar que los delitos de violencia cometidos en el pasado por Carabineros y otros contra los Mapuche se investiguen y castiguen apropiadamente. La Fiscalía Militar ha fracasado visiblemente en su deber de hacer cumplir la ley mediante el enjuiciamiento y castigo de los responsables. Ciertos fiscales públicos locales han adoptado una postura inaceptable de indiferencia institucional ante estos delitos, como ya he explicado plenamente en mi declaración.”

“A fin de reparar esta situación, hoy recomiendo la creación de un nuevo órgano independiente de investigación con la función de investigar los delitos de violencia excesiva cometidos contra comunidades Mapuche por funcionarios de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Tal cuerpo debiera ser institucionalmente independiente de ambas fuerzas, debiera tener las facultades para investigar y para requerir el enjuiciamiento de procesos delictuales y disciplinarios cuando las pruebas así lo justifiquen. Debiera también tener la facultad para indagar la falta, de parte de la Fiscalía Militar, en asegurar responsabilidades en los numerosos casos de violencia excesiva en los que hasta el momento no ha tomado ninguna acción efectiva.”

“Y para finalizar, permítanme agregar lo siguiente. La solución de este conflicto debe ser de prioridad política para el próximo Gobierno entrante. Requerirá de un enfoque multifactorial y un gasto considerable en capital político y económico. Pero en ausencia de una estrategia nacional, es probable que la situación en las regiones de Araucanía y Biobío se deteriore aún más, y esto podría suceder sin previo aviso.”

La situación que viven  las comunidades mapuche la han denunciado en diversas oportunidades las organizaciones de derechos humanos en Chile y en el extranjero, situación que ha llevado a que las Naciones Unidas haya  llamado la atención a nuestro país por la violación a los derechos humanos a los pueblos indígenas de Chile.