Por Marcela Valente

Con múltiples liderazgos, los indígenas de Argentina están logrando una visibilidad inédita para sus reclamos. No obstante, siguen chocando con barreras que les impiden avanzar más aceleradamente en sus reivindicaciones.

Esta semana Félix Díaz, líder qom, una de las 160 comunidades indígenas de la nororiental provincia de Formosa, se entrevistó con el Papa Francisco en el Vaticano para plantearle las demandas de su comunidad de 450 familias.

Ese encuentro es apenas una muestra de la llegada que están teniendo los pueblos originarios en este país, tradicionalmente discriminados. Los gobiernos en el pasado, en el mejor de los casos, tenían políticas asistencialistas para sus demandas, pero las cosas están cambiando.

Díaz comenzó a cobrar notoriedad a raíz de una protesta que realizó su comunidad en Formosa en 2010. La represión policial de la protesta dejó una persona muerta.

Ahora sus reivindicaciones están en la agenda del Estado nacional y de las provincias, la Corte Suprema de Justicia recibe a sus líderes para dirimir en conflictos de tierras y los medios de comunicación masivos se hacen eco de sus planteamientos históricos.

“En 2010, para el bicentenario (de la independencia de Argentina), empezamos a hablar en serio con el Estado. Porque pasaron 200 años sin una política profunda hacia los pueblos originarios y no queríamos un acto, queríamos algo más profundo”, dijo a IPS el mapuche Fidel Colipán.

Este líder indígena hizo hincapié en la ley nacional, sancionada en 2009, que suspendió los desalojos de las comunidades de sus asentamientos ancestrales. La norma planteó un plazo para un relevamiento de tierras indígenas de manera de contar con un mapa al respecto.

Pero la aplicación de esa ley, que ya requirió de una prórroga, está resultando muy conflictiva debido no solo a los intereses privados de empresas que explotan los recursos naturales de esos suelos, sino también a la resistencia de los gobiernos provinciales.

El último censo, realizado en 2010, indica que en Argentina hay casi un millón de personas que se definen indígenas o descendientes. El número creció respecto de 2004, cuando eran alrededor de 640.000 los que se reivindicaban como tales.

No obstante, desde 1994, la Constitución en vigor reformada ese año, admitió su “preexistencia” en el territorio nacional de los aborígenes y reconoció su derecho de acceso a la propiedad comunitaria y a la educación bilingüe.

En los últimos años, la conflictividad se incrementó y sus planteos se hicieron muy visibles. Empujados por la expansión del monocultivo de soja, la minería, la explotación de hidrocarburos y la deforestación, los indígenas se hicieron oír y se dejaron ver.

El estatal Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sostiene que, así como la reforma constitucional reconoció la preexistencia de los pueblos, también otorgó el dominio de los recursos naturales a las provincias, y eso dificulta la aplicación de políticas en el territorio.

Eso conspira contra la solución de conflictos, sostuvo el presidente del INAI, Daniel Fernández. No obstante, el organismo asegura que se está avanzando en el relevamiento y reconocimiento de territorios indígenas como nunca se había hecho antes.

Esta entidad estima que hoy, de las 12 millones de hectáreas que se reivindican como territorios indígenas y que equivalen a aproximadamente 10 por ciento del territorio nacional, hay 4,5 millones de hectáreas que ya fueron reconocidas mediante títulos de propiedad.

Pero los conflictos surgen cuando hay valiosos recursos naturales en juego o cuando las tierras reclamadas están ocupadas por privados. Se calcula que 60 por ciento de las tierras reivindicadas como indígenas están bajo dominio estatal y 40 por ciento en manos de particulares.

Para cumplir con el reconocimiento que reclaman los pueblos originarios, los estados en algunos casos deben expropiar e indemnizar a propietarios privados.

“En Neuquén, en el sur del país, el INAI firmó un acuerdo para el relevamiento y hasta depositó el dinero que hace falta, pero el tema es la falta de voluntad política del gobierno provincial”, denunció Calipán. “Tenemos mucha desconfianza respecto de quienes siempre nos persiguieron”, dijo.

El Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, destacó en un informe publicado en 2012 que Argentina está dando “pasos importantes” en el reconocimiento de estos pueblos, pero también advirtió que “hacen falta mayores esfuerzos”.

El estudio, titulado “La situación de los pueblos indígenas en Argentina”, señala que, a pesar de los avances legales, “hay una brecha significativa entre el marco normativo y su implementación real”. Anaya elaboró su documento tras visitar diversas comunidades en 2011.

Pero no todos los dirigentes indígenas se sintieron representados por esos planteos. “Ese Anaya, igual que muchos que vienen del Norte, proponen unas herramientas que son espectaculares, pero que después son muy difíciles de aplicar”, opinó Colipán.

La mayor visibilidad de los pueblos originarios también responde a la labor que realizan junto a ellos diversas organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo Díaz, el líder qom, visitó al nuevo Papa, originario de Argentina, junto con el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

La mayoría de las asociaciones que nacieron en Argentina para luchar contra las violaciones a los derechos humanos que perpetraba la última dictadura (1976-1983) se volcaron en los últimos años a apoyar los reclamos de estas minorías y sus conflictos por el acceso a la tierra.

En diálogo con IPS, Paola García Rey, coordinadora de Promoción y Protección de los Derechos Humanos del capítulo argentino de Amnistía Internacional, sostuvo que “no se puede ser ciego a los avances”, pero también afirmó que hay muchos retos pendientes.

“Cualquier diagnóstico sobre el panorama indígena hoy es heterogéneo. Ninguna provincia cumplió a rajatabla con la ley de relevamiento de tierras, pero algunas avanzaron y con buena participación, por ejemplo en Jujuy y Salta”, al noroeste del país.

García Rey señaló que los convenios del INAI con las provincias para el relevamiento avanzan, “pero después se traban” y en algunos casos continúan los desalojos, denunció. Además consideró necesario que se entienda la idiosincrasia de los reclamos.

En el tema de tierras, la lógica que reivindican los pueblos originarios no es el de la propiedad privada sino la comunitaria. Pero para ser acreedores de esos derechos, las normas les exigen registrarse como asociación y eso es contrario a sus costumbres.

Organizados en un Consejo Plurinacional Indígena, representantes de más de 30 pueblos de Argentina expresaron preocupación por una reforma en curso del Código Civil que prevé reconocer su derecho a tierras comunes pero con criterios de propiedad privada.

Para Fernández, del INAI, lejos de quitar jerarquía a los derechos indígenas, lo que busca el proyecto de nuevo Código Civil es ubicarlos en un plano de operatividad y obligatoriedad para cuando se va estableciendo jurisprudencia.