Comunicado difundido por la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos.

París, Quito, Ottawa, 25 de julio de 2013.

Hoy, la FIDH, su organización miembro enEcuador, CEDHU y MiningWatch Canadá, en representación de un grupo de pobladores campesinos e indígenas, afectados por   el primer contrato de explotación minera a gran escala en Ecuador, han presentado una denuncia ante el Punto Nacional de Contacto canadiense bajo las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.

La empresa ecuatoriano Ecua-Corrientes S.A.(ECSA) ostenta el primer contrato para la explotación minera a gran escala en Ecuador. El consorcio chino CRCC-Tongguan adquirió ECSA y todos los activos de la empresa canadiense Corriente Resources en 2010, y aún mantiene dos filiales en Canadá, justificando la presentación de la queja en Ottawa.

“El Proyecto Mirador puede ocasionar daños irreparables para las comunidades campesinas e indígenas de su alrededor, habiendo ya producido el desplazamiento forzoso de docenas de familias que se han visto obligadas a abandonar sus hogares y sus tierras», destacó Elsie Monge, Directora Ejecutiva de CEDHU y Vicepresidenta de la FIDH. “La Constitución ecuatoriana, que protege los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, debe ser respetada”.

En 2011, FIDH y CEDHU publicaron un informe denunciando los impactos sobre losderechos humanos y la naturaleza, que este proyecto empezaba a generar, aún antes de su desarrollo. Tras varios intentos de acceder a la justicia en Ecuador y ante las inminentes y graves consecuencias de la ejecución del Proyecto para las personas y la naturaleza, éstasse ven obligadas a llevar esta queja a Canadá.

“Canadá alberga el mayor número de empresas mineras del mundo y por ello debecumplir sus obligaciones internacionales, incluyendo aquellas que contrae al ser estado miembro de la OCDE, y debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que las compañías domiciliadas en Canadá respeten los derechos humanos fuera del país, incluso si están domiciliadas en Canadá únicamente por motivos fiscales”, afirmó Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.

En la queja se solicita respetar los derechos humanos de las comunidades afectadas, incluyendo los derechos de la población indígena a la autodeterminación y al consentimiento previo, libre e informado y el derecho de la población en general a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, tal como reconocen normas de derecho internacional y nacional, así como el espíritu del régimen del buen vivir o “sumak kawsay”, consignado en la Constitución ecuatoriana. Además, plantea que la empresa desista de su actividad minera en Ecuador, dados los graves riesgos e impactos en los derechos humanos y el medio ambiente, tanto actuales como potenciales. El Mandato Minero, aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador en abril de 2008, ordenó la extinción de toda concesión minera otorgada sin consulta previa a las comunidades afectadas así como de aquellas ubicadas en nacientes y fuentes de agua, como es el caso el Proyecto Mirador. Dos meses después de su aprobación, el entonces presidente de Corriente Resources reconoció el trabajo “incansable” que la Embajada Canadiense en Quito estaba realizando para asegurar buenas condiciones a las empresas mineras canadienses en Ecuador, las cuales mantuvieron sus proyectos a pesar de la aplicabilidad del Mandato.

“Ya se debía haber cancelado este proyecto de acuerdo con el Mandato Minero. Ahora, considerando el cabildeo político que la Embajada canadiense en Quito realizó para proteger los intereses de la empresa en lugar de abogar por la garantía de los derechos de las comunidades, es hora de que Canadá asuma su responsabilidad por los abusos sistemáticos y permanentes que hemos señalado”, comentó Jen Moore, Coordinadora del Programa de América Latina de MiningWatch Canadá.

En noviembre de 2012, durante el examen del informe periódico de Ecuador, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas subrayó su preocupación por la «ausencia de consulta con los pueblos y nacionalidades indígenas para obtener su consentimiento previo, libre e informado sobre los proyectos de explotación de recursos naturales que les afectan».

Además, la imposición de proyectos de minería a gran escala, tanto en Ecuador como en toda América Latina, está llevando a la estigmatización y criminalización de comunidades locales y defensores y defensoras de derechos humanos y del medioambiente, que se oponen a los mismos. Compartimos la grave preocupación expresada por diversos expertos independientes de Naciones Unidas y órganos regionales.

La Liga de Derechos y Libertades de Québec se une a la FIDH, CEDHU y MiningWatch Canadá en esta iniciativa.