La entidad constató que los detenidos por protestar contra el golpe de Estado no pueden ejercer derechos legales básicos. También advirtió sobre desapariciones.
La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que los partidarios del depuesto presidente de Egipto, Mohamed Mursi, detenidos por el Ejército no pueden ejercer sus derechos legales básicos y fueron maltratados por los militares.
En un comunicado desde su sede en Londres, la ONG alertó de las anormalidades del proceso de arresto en el que se encuentran inmersos centenares de detenidos desde el pasado 3 de julio, cuando un golpe militar terminó con el gobierno de Mursi tras multitudinarias protestas que pedían la dimisión del presidente.
Según AI, desde ese día las autoridades egipcias no respetaron los derechos legales básicos de los detenidos, que sólo el 3 de julio ascendieron a 660 hombres en El Cairo, una cifra que posteriormente se amplió tras la masacre frente a la sede de la Guardia Republicana hace una semana.
La organización basa sus conclusiones en un informe publicado hoy y que fue elaborado con testimonios de detenidos y abogados presentes durante los disturbios en Egipto, que se prolongan ya durante casi dos semanas.
Los detenidos que hablaron con AI aseguran haber sido golpeados mientras se encontraban bajo arresto, además de sufrir descargas eléctricas y «culatazos» de rifle, informó la agencia de noticias EFE.
«Las autoridades egipcias deben respetar el derecho a un proceso legal de aquellos que fueron detenidos durante las últimas dos semanas y afrontan acusaciones de incitación a la violencia. Las acusaciones de malos tratos deben ser investigadas con urgencia», asevera la ONG en el comunicado.
Además de los presuntos golpes, AI destaca que en un tiempo de «extrema polarización y división» los militares niegan información sobre el paradero y situación de los detenidos, lo que hace temer a la organización sobre posibles «desapariciones» de los procesados.
Pese a que la puesta en libertad de los centenares de sospechosos ya fue tramitada, los abogados consultados por AI afirman que un «número desconocido de personas» permanecen detenidas al no poder abonar la fianza, que oscila entre 140 y 700 dólares, y sin que sus familias sepan que fue de ellos.
Idéntica situación se produce con el depuesto presidente egipcio, cuyo paradero sigue siendo una incógnita, como recuerda la organización.
