Jesús Silva-Herzog Márquez – periodista mexicano – publicación de Politika – diarioelect.politika@gmail.
La presidenta municipal de Monterrey pidió respeto y tolerancia por sus creencias. Unos días antes había entregado la ciudad que gobierna a Jesucristo, a quien declaró la autoridad máxima de la ciudad.
La alcaldesa había participado en un evento llamado “Monterrey ora,” organizado por la Alianza de Pastores. Ahí, enfatizando la solemnidad de una proclama, dijo: “Yo, Margarita Alicia Arellanes Cervantes, entrego la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a nuestro Señor Jesucristo. Para que su reino de paz y bendición sea establecido, abra las puertas de este municipio a Dios como la máxima autoridad. Reconozco que sin su presencia y su ayuda no podemos tener éxito real.”
Esas fueron las palabras de la presidenta municipal de Monterrey: entregar simbólicamente la ciudad que gobierna a una deidad, declararla una autoridad superior a todos los poderes constitucionales y expresar su convicción de que sólo la intervención celestial puede salvar a la ciudad.
Cuando pide respeto por sus opiniones, la alcaldesa se trepa en un tópico de la sensiblería contemporánea: todas las opiniones son respetables. No: las opiniones requieren mérito para ser respetables. Lo respetable es aquello que ha ganado nuestra consideración, lo que nos parece digno, aquello que calificamos como portador de un valor moral o estético.
¿Es respetable el discurso racista? No lo es. Tampoco lo es el discurso clasista, aunque se vista como instructivo de la decencia o el buen gusto. No son respetables el prejuicio del homófobo, la trampas del demagogo ni el embuste del farsante. Esa idea de que todas las opiniones son respetables es sencillamente absurda. Hay opiniones respetables y hay opiniones execrables. Ideas valiosas e ideas siniestras.
No creo por eso mismo que la fe en lo inverificable sea, por sí misma respetable. La fe puede ser la mejor coartada del crimen y la persecución pero también un estímulo de bondad. De la creencia, desde luego, pueden derivarse lecciones, máximas, relatos llenos de sabiduría y profundidad—o llamados al degüello. Por eso digo que la fe, por sí misma, no merece respeto. Lo respetable, en todo caso, son los frutos de la creencia. Cualquier creencia exige, eso sí, tolerancia. No debe emplearse la fuerza para proscribir las ideas que nos repugnan o las ideas que consideramos nocivas. Tampoco es admisible imponer ideas a través de la coacción. Ni siquiera esas ideas execrables que hay que denunciar, combatir, ridiculizar han de ser prohibidas. Es que la tolerancia surge precisamente de la aceptación de que hay ideas detestables. No es producto de la cultura de la indiferencia sino, muy por el contrario, instrumento de una sociedad beligerante.
Cuando se pide respeto por nuestras ideas se nos pide que les reconozcamos mérito, que las apreciemos, que las celebremos, que advirtamos alguna luz en ellas—cosa que, tratándose de las declaraciones de la alcaldesa de Monterrey, me resulta imposible. No tengo duda de que las expresiones de la alcaldesa merecerían tolerancia—si no fueran expresiones de una alcaldesa.
Cuando la presidenta municipal habla no se expresa un particular sino una persona que desempeña una función pública. Patrimonialismo espiritual. Como advertía Ignacio Marván hace unos días, la presidenta municipal de Monterrey no entregó la cocina de su casa a Jesucristo, le entregó retóricamente la ciudad que gobierna. Margarita Arellanes no fue electa por la Alianza de Pastores, sino por una comunidad religiosamente diversa: a ella debe el respeto que sólo se muestra a través de la neutralidad.
No importa si su fe es compartida por una mayoría, no importa si es vista con agrado o con indiferencia: es un atentado a uno de los principios elementales de la convivencia política moderna: la laicidad. Cuando la Constitución establece el principio de laicidad como el marco esencial del poder público exige a los funcionarios públicos un compromiso de neutralidad. Desde el Estado no se puede privilegiar ninguna religión. Las ventajas constitucionalmente prohibidas no son solamente financieras: beneficiar a una iglesia con fondos públicos; se trata también de ventajas simbólicas: construir el discurso público con las parcialidades de una fe. Creo que el principio de laicidad constitucional va un paso más adelante: más que la abstención, conmina al poder público a promover activamente la neutralidad. El Estado y sus funcionarios no pueden ser agentes de promoción religiosa.
El caso de la alcaldesa de Monterrey no es único. Otros presidentes municipales y el gobernador priista de Chihuahua han coqueteado con ese tipo de populismo religioso. Gobernantes entregando el territorio que gobiernan a santos y dioses. Denunciar estos atentados contra la laicidad del Estado mexicano no es chicotazo jacobino: es, además de una elemental defensa de la legalidad, el cuidado de un principio esencial de la convivencia. Tenemos muchos problemas. No creemos uno nuevo.
