Ley de Víctimas propone devolver la dignidad a los violentados por los gobiernos de derecha en Ecuador

Quito, 26 jun (Andes).-  El 26 de octubre de 1986, Arturo Jarrín, militante de Alfaro Vive Carajo, murió –según las autoridades- con 8 tiros en la cabeza durante un enfrentamiento armado con policías en el sector de Carcelén.

El mismo día de su muerte, su madre ofreció una rueda de prensa censurada por el gobierno de aquel entonces. “Quiero denunciar el asesinato de mi hijo por haber pensado diferente. El parte policial dice que fue acribillado con 8 tiros, pero olvidaron narrar los incontables agujeros que tiene en todo el cuerpo. Eso solo lo  sabe quién cobardemente cumplió la orden de acabar con su vida”, sostuvo en aquel entonces.

Soledad Buendía, asambleísta de Alianza País, señaló que así como este, existen muchos casos que terminaron con la persecución y muerte de jóvenes idealistas a manos del gobierno represivo del socialcristiano León Febres Cordero (1984-1988) y otros que  siguieron con esa práctica.

En este sentido, afirmó que es necesario impulsar el debate y la socialización de la Ley de Reparación de Víctimas y Judicialización de los Delitos de Lesa Humanidad, en este nuevo periodo.

La asambleísta explicó que este Proyecto de Ley nace del proceso de investigación ejecutado por la Comisión de la Verdad y tiene como objetivo devolver la dignidad que le fue arrebatada a las víctimas y sus familiares entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre  del 2008.

Asimismo, explicó que dentro de las observaciones planteadas para el segundo debate de esta ley proyectan eliminar los articulados que proponen subsanar la degradación con remediaciones monetarias. “Creemos que la vida no tiene precio, estos articulados tergiversan el fondo y el sentido de la ley. La dignificación no pasa por un tema económico”, sostuvo.

Otro de los enunciados solicita eliminar a nivel nacional los nombres de calles, monumentos o referentes que recuerden a perpetradores o autores intelectuales de la tortura, desaparición y muerte. De igual forma, el proyecto propone la creación de un centro de memoria histórica en las antiguas instalaciones del SIC-10 como un icono de lo que nunca más debe ocurrir en el país.

Buendía indicó que delitos como la desaparición están incorporándose  en el Código Integral Penal. A su criterio estas acciones permitirán fortalecer los temas de violación de Derechos Humanos y en un futuro la  Ley de Víctimas.

“Falta mucho por hacer, hacemos un llamado a la  Fiscalía para que exista la voluntad política de encontrar  la justicia tan anhelada. Ecuador tiene que pedir disculpas por los actos degradantes que cometió como Estado, no podemos olvidarnos de nuestros muertos, tenemos que recuperar su nombre y su honra, porque las víctimas no fueron asesinos ni criminales, fueron valientes seres humanos que dieron su vida por un nuevo Ecuador”, sostuvo.

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